El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces María Carolina Castagno, José María Chemez y Rafael Cotorruelo, confirmó los procesamientos en el marco de la megacausa en la que se investigó la millonaria estafa a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a través del sistema de compensaciones fraudulentas. El fraude alcanza un monto cercano a los $46 millones. La resolución se conoció el 16 de abril pasado y alcanza a 61 acusados.

El expediente está caratulado “Martínez, María Estrella-Gaggión, Abelardo Daniel y otros s/ defraudación a la Administración Pública”. La investigación se abrió tras una denuncia formulada por el exdirector ejecutivo del organismo recaudador, Marcelo Casaretto, a la que se le sumó una ampliación de denuncia del funcionario –hoy al frente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV)-; también la exdiputada provincial del Frente Amplio Progresista, María Emma Bargagna; y del diputado radical Jorge Monge.

La investigación por operaciones de compensaciones truchas abarca un periodo que va desde enero de 2004 hasta la denuncia formulada en 2014. Los delitos investigados son, entre otros, la simulación dolosa de pagos, la adulteración dolosa de registros, la defraudación a la Administración Pública, y el cohecho activo y pasivo , es decir, dar o recibir sobornos. Esto es: deudores de impuestos de la ATER simulaban ser proveedores del Estado y  tener deudas por cobrar, y así acudían al sistema de las compensaciones. El pago de impuestos se compensaba con esas supuestas deudas.

La causa tuvo un capitulo relevante el 28 de diciembre de 2017 cuando la jueza de Transición Marina Barbagelata, que durante un tiempo estuvo abocada exclusivamente al caso, dictó el procesamiento a 128 personas, entre los que se encuentran  ex empleados de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), contadores y empresarios.

La decisión de la magistrada fue apelada por un grupo numeroso. Entre los días 14, 15 y 19 de febrero últimos en los Tribunales de Paraná se llevaron a cabo las audiencias donde los abogados de algunos de los procesados mejoraron “in voce” la apelación.

En esa instancia, todos solicitaron el sobreseimiento, planteando, a grandes rasgos, los siguientes argumentos: en el caso de los empleados infieles, que no existía ninguna prueba de las maniobras supuestamente fraudulentas; o que las computadoras fueron manipuladas o las claves de acceso al sistema clonadas;  o, en el caso de contribuyentes, que fueron engañados por un grupo delictivo conformado por funcionarios públicos y contadores.

En tanto, los contadores aseguraron que desconocían que la maniobra era un delito o que no conocían a los empleados infieles de ATER. Algunos solicitaron que se le aplique el Código Tributario por ser ese régimen penal más benigno.

Todos esos argumentos fueron desechados por el Tribunal de Apelaciones, que confirmó lo actuado por la jueza Barbagelata.  La resolución del pasado 16 de abril hace lugar a lo solicitado por el Fiscal de Coordinación Álvaro Piérola, la fiscal Laura Cattaneo; y el Fiscal de Estado Adjunto, Sebastián Trinadori, quienes destacaron el meticuloso procesamiento de la jueza.

En la resolución, a la que tuvo acceso Entre Ríos Ahora, el Tribunal sostiene que “las impugnaciones deducidas no pueden prosperar, por cuanto los embates efectuados por los imputados junto a sus defensores al auto de procesamiento no alcanzan a conmover sus fundamentos, pues en el mismo se ha efectuado una ajustada valoración, a la luz de la sana crítica racional, de las pruebas incorporadas hasta el momento a la causa y que le permitieron llegar al dictado de la medida incriminatoria aludida, dentro del prudente manejo de las probabilidades que impera en esta instancia”.

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En otro párrafo, se elogia el trabajo de Barbagelata, al decir que el procesamiento cuestionado por los acusados “ha sido impecable en la ponderación racional e integral de todos los elementos de pruebas colectados en la causa hasta esta instancia, brindando las razones o motivos que la condujeron a la conclusión cargosa, sustentada en pruebas fehacientes e idóneas; y a desechar, con argumentos sólidos y convincentes las versiones defensivas de los imputados”.

Más adelante, resaltan nuevamente la decisión de Barbagelata. “La Jueza a quo ha sido impecable en la ponderación racional e integral de todos los elementos de pruebas recabados, pues realizó un análisis sistemático de los mismos, para comprobar en el grado de probabilidad, la intervención responsable no solo del grupo de funcionarios y empleados públicos que con la omisión connivente de Gustavo Alejandro Gioria – Tesorero General de la provincia –  a cambio del dinero recibido por contribuyentes, defraudaron a la administración pública”.

“Este Tribunal considera que el auto de procesamiento puesto en crisis, se muestra completo, coherente y basado en consideraciones derivadas de analizar los elementos de convicción reunidos hasta esta instancia en el proceso, que sustentan el juicio de probabilidad arribado, al no permitir los mismos, arribar al estado de certeza negativo que exige el sobreseimiento, como así tampoco se vislumbra la situación intermedia contemplada en el artículo 305 C.P.P. (Falta de mérito), lo que impide su descalificación como acto jurisdiccional válido y pone de relieve la improcedencia de los agravios plasmados en los distintos memoriales recursivos”, concluye la sentencia.

Entre los principales imputados se encuentran los denominados empleados infieles de Rentas, María Estrella Martínez de Yankelevich, Jefa del Departamento Despacho de ATER; Abelardo Gaggión, Jefe de la División Mesa de Entradas de ATER; Darío Barreto, que se desempeñó en la Dirección General de Rentas, en el cargo de Director del Interior, Jefe de la Representación Territorial San Salvador .

También están imputados el exTesorero de la provincia, Gustavo Alejandro Gioria (renunció cuando el escándalo estalló);  Fabrizio Abraham Carmelo Dayub, agente Técnico Administrativo del Área Mesa de Entradas de ATER; y Daniela Romina Miño, que era agente Técnico-Administrativo.

Los empleados infieles están acusados de montar una pequeña pyme delictiva que consistía, según la acusación, en cobrar dinero para compensar deuda ingresando datos falsos en el sistema informático de la ATER.

El mecanismo de compensaciones está habilitado por el artículo 75 del Código Fiscal, donde el proveedor del Estado acredita tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que se aprueban para su compensación por impuestos adeudados al fisco.

En el sistema, según la acusación, se falseaba la información sobre la cancelación de deuda a través de compensaciones, provocando un perjuicio al erario público provincial, equivalente al importe de las deudas por impuestos que fueron fraudulentamente registradas como pagadas.

La imputación dice que las cargas de datos truchos eran realizadas por Gaggion, Dayub y Miño, y que lo hicieron por instrucción de su jefa, Martínez de Yankelevich. También se sostiene que los contribuyentes hacían llegar el dinero a través de, entre otros, Barreto, Jorge Zuttion, ex Director de Impuestos de Rentas; y los contadores Julio Schmukler, Jorge Speroni y Carlos Sagasti, entre otros.

Los procesados que recibieron el revés judicial, son:

– María Estrella Martínez de Yankelevich. Jefa del Departamento Despacho de ATER. Su abogado es Walter Rolandelli. Delitos que se le imputan: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública.

-Abelardo Daniel Gaggión. Jefe de la División Mesa de Entradas de ATER. Su abogada es Sabrina Florencia González. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública.

– Darío Barreto. Se desempeñó en la Dirección General de Rentas, en el cargo de Director del Interior, Jefe de la Representación Territorial San Salvador. Cuando estalló el escándalo, en 2014, dejó su cargo como secretario de Gobierno del intendente de San Salvador, Marcelo Berthet. Su abogado es José Esteban Ostolaza. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública.

-Jorge Martín Zuttion. Ex Director de Impuestos de Rentas. Sus abogados  son Candelario Pérez y Daniel Trillo. Delito: Partícipe necesario de cohecho activo, pasivo y defraudación a la administración pública.

– Fabrizio Abraham Carmelo Dayub. Empleado de ATER, subalterno de Martínez de Yanquelevich. Trabajó en las ciudades de Paraná, Viale y Bovril. Lo defiende el abogado Marciano Martínez. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados.

– Daniela Romina María Miño. Actualmente es Jefa de la División Despacho de ATER. En la causa dijo que acataba las directivas de sus superiores. Su abogado Santiago José Halle. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados.

-Julio Schmukler. Del estudio contable Schmukler y Speroni.  En el caso sostuvo que obró con confianza en Barreto que le ofreció el sistema de compensación. Su abogado es Marciano Martínez. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterados y defraudación a la Administración Pública.

– Jorge Alfredo Speroni. Del estudio contable Schmuckler y Speroni. Su abogados son José Candelario Pérez y Raúl Enrique Barrandeguy. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterados y defraudación a la Administración Pública.

-Carlos Arnoldo Sagasti. Fue contador de Centro Eléctrico, proveedor del Estado; y de Agrícola Ganadera San Esteban. Su abogado es Julio Federik. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterados y defraudación a la Administración Pública.

Otros procesados

A Hilda Renee Ancarola, Adolfo Inosencio Cracco, Héctor Eduardo Cracco, Guillermo Diego Derudder, Rodolfo Sixto Ferrreri, Ángel Matías Galuccio, Gustavo Francisco Gambaro, Marta Delfina Ponce, Raúl Nolberto Premaries y Mario Tejera, se los acusa de ser autores de cohecho activo (soborno) en concurso ideal con la participación necesaria en el delito de simulación dolosa de pago y adulteración de registros; y autores de cohecho activo en concurso ideal con participación en la defraudación a la Administración Pública.

A Jorge Luis Malleret, Carlos Alberto María Mondolo, Marcelo Eduardo Mondolo, Ana María Tejera, Carlos Cook, Laura Andrea Kobrinsky, Marcelo Horacio Longhi, Yolanda María Sbacco, se les endilga ser autores de cohecho activo en concurso ideal con la participación necesaria en el delito de defraudación a la Administración Pública.

A Javier Andrés Germanier, Rodrigo Sixto Ferreri, Hernán Horacio Leiva, Claudia Patricia Metralle, Mauro Fabián Neme y Roberto Eduardo Viola, se les imputa cohecho activo en concurso ideal con la participación ideal en el delito de simulación dolosa de pago y adulteración dolosa de registros.

En tanto, se le imputa cohecho activo con la participación necesaria en el delito de defraudación a la Administración Pública, a: Miguel Ángel Banega, Conrado Ángel Droz, Pedro José Dupont, Armando Mario Guiot, Ricardo Horacio Van Der Donkt, Diego Raúl García, Daniel Omar Abud, Alberto Francisco Bonvin, Rosa Manuela Borsotti, María Isabel Campopiano, Walter Gilberto Castañeada, Miguel Ángel De Santiago, Jorge Alberto Eymann, Manuel Isauro González, María del Carmen Grigolatto, Marcelo Fabián Hundt, Javier David Koll, José Adrián Kupervaser, María Antonia Larocca, Osvaldo Rubén Leiva, Raúl Eduardo Marso, Ramiro Damián Alberto Panizza, Diego Ramón Piñon, Leonardo Miguel Premaries, Roberto Carlos Robin, Osvaldo Narciso Vallin, Abel José Viollaz y Ary Demian Zajd.

Entre los procesados, se destaca Guillermo Diego Derudder, de la Empresa de Transporte de Derudder Hermanos SRL, mejor conocida como Flecha Bus; Raúl Bernardo Marsó, presidente de Las Camelias SA;  Abel José Viollaz y Conrado Ángel Droz, presidente y director titular de Termas Villa Elisa; y Miguel Ángel Matías Galuccio, de la firma El Sembrador SRL y Espinillo SA, que es padre del ex CEO de YPF, Miguel Galuccio.

Los abogados que intervienen en defensa de diferentes acusados, son: Raúl Barrandeguy, Miguel Ángel Cullen, Marciano Martínez, Mauro Panizza, Fernando Oriol, Lucas Carlos Putallaz, Héctor Raúl Ledesma y Luis Alejandro Sosa, Roberto Beherán y Jerónimo Martín De Bueno, Pablo Bonato, María Luz Pais Miller, Marcela Jorgelina Llopi De Santiago, Joaquín Ignacio Pérez, Darío Germanier, entre otros.

Con esta confirmación de los procesamientos, la causa se encamina al juicio oral y público.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.