La jueza de Transición Susana María Firpo negó que haya suspendido la indagatoria del ministro de Agroindustria del gabinete de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos Juan Diego y Arturo Sebastián y su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere. La indagatoria fue pedida a finales de diciembre último por los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra, y resuelta favorablemente por la magistrada: entre el 27 de febrero y el 5 de marzo se espera la declaración de toda la familia en una causa por defraudación iniciada por otra integrante del grupo, Dolores Etchevehre.

Lo que sí existe, dijo la magistrada, es un planteo de nulidad de esa indagatoria formulada por los defensores Leopoldo Lambruschini y Julio Federik, pero ese incidente no está resuelto, porque recién se le corrió vista al Ministerio Público Fiscal. “El Ministerio Público fiscal realizó la imputación y solicitó la indagatoria; ante ello, dispuse el 29 de diciembre toda una serie de medidas, y entre ellas, fijé la fecha de declaración indagatoria de las cinco personas: fines de febrero y principios de marzo”, explicó Firpo.

-¿La indagatoria sigue en pie?

-Sigue en pie, yo no suspendí nada. Lo que hice fue, procesalmente, conceder un recurso de aplación. La defensa de Etchevehere apeló el embargo que yo dispuse, por los montos que dispuse, porque entienden que yo tomé el máximo y no el mínimo. La defensa presentó tres escritos; el primero fue una apelación por lo del embargo; el otro, fue un escrito de solicitud de medida de prueba; y el tercero es una excepción de falta de acción, como excusa absolutoria respecto de la madre para con Dolores. Como eran tres planteos totalmente distintos, a fin de que no se me interrumpa la investigación y no paralizarla, dispuse, como corresponde procesalmente, lo que es de prueba, agregarlo al expediente principal; con respecto a los otros dos escritos, dispuse formar incidente: un incidente fue en apelación a la Cámara del Crimen; respecto de la excepción por falta de acción, corrí vista al Ministerio Público Fiscal. Luego, ingresaron otros tres pedidos más de la defensa de Etchevehere, algunos de prueba y otros de nulidad de mi llamado a indagatoria. Lo que hice es reservar lo de prueba, porque no tenía el expediente ne mi poder, y los otros dos escritos, los auné, porque es el mismo planteo, y formé incidente, y mandé nuevamente vista al fiscal, para que pueda resolver todos los planteos juntos, y no se elongue el proceso judicial.

-¿Quién resuelve el pedido de nulidad de la indagatoria que formuló la defensa?

-Yo lo resuelvo, pero previa vista al fiscal.

Jueza Firpo.

La causa


El pedido de indagatoria para el ministro Etchevehere, sus hermanos y su madre tramita en el marco de la causa N° 6.418 caratulada “Estafa. Denuncia de Dolores Etchevehere” fue elevado para su resolución a la jueza de Transición N° 2, Susana María Paola Firpo, que ahora tiene a su cargo el expediente. Se trata de misma magistrada que a poco de entablarse la causa, en 2011, y a pedido de la fiscal Laura Cattáneo, decidió mandar al archivo la causa.

Dolores Etchevehere, convertida en querellante, apeló la medida, y un tribunal de alzada revocó el archivo de la investigación. En agosto de 2016, y con Firpo reubicada en el Juzgado de Garantías N° 1, en reemplazo de Marina Barbagelata, a cargo del Juzgado de Transición N° 2, quedó Pablo Zoff.

La causa original, por defraudación, ha sido ampliamente difundida por el periodista Sebastián Premici por medio del diario Página 12, aunque la pesquisa que inició la Justicia de Entre Ríos avanzó mucho más e implicaría, además, la imputación a los Etchevehere por el supuesto delito de vaciamiento de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora de El Diario, en la que la familia tiene el 40% del paquete accionario. El otro 60% está en manos del empresario rosarino ligado al urribarrismo Ramiro Nieto. De acuerdo a lo revelado por distintas fuentes judiciales, la operatoria de “vaciamiento” que se investiga dejó a El Diario con la pauta publicitaria del Gobierno totalmente embargada y con su edificio emblema, el ubicado en Urquiza y Buenos Aires, en manos curiosas: la Mutual 10 de Abril. El trámite de escrituración a nombre de los nuevos dueños está a un paso de concretarse.

En 2011, la firma Las Margaritas SA –conformada por la familia Etchevehere- recibió sendos préstamos, entre julio y agosto de 2011, por u$s 200.000 y u$s 50.000, respectivamente, a tasa subsidiada y, en teoría, destinados a actividades productivas, aunque en el camino fueron desviados para un fin específico: el dinero se distribuyó entre los socios de Las Margaritas SA: Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere. El monto distribuido entre los socios fue de $1.066.000.

l préstamo solicitado al Itaú fue en dólares, a una tasa del 8% anual. Pero los socios de Las Margaritas, que fueron los únicos destinatarios de ese auxilio financiero en teoría para fines productivos, devolvieron el dinero a la sociedad con cheques de pago diferido, en pesos y a una tasa de interés mucho más beneficiosa. Así, mientras el dólar se disparaba, y así también el costo financiero del préstamo con Itaú, lo que devolvían los socios era un monto inalterable. El desfase fue tal que Las Margaritas debió pedir otro crédito, esta vez al Banco Nación, también a tasa subsidiada, por un valor de $900.000, para enfrentar la emergencia agropecuaria, pero que en realidad se utilizó para saldar la deuda con el Itaú.

Esa es la parte medular de la denuncia de Dolores Etchevehere contra sus hermanos y su madre.

 

En el mes de diciembre de 2016, los fiscales Cánepa y Ferreyra piden por primera vez la indagatoria de los Etchevehere, medida que luego es suspendida a pedido del propio Ministerio Público Fiscal al presentar la querellante nueva documentación y ante la certeza de que la causa podría tener un giro sorpresivo. Efectivamente, la Justicia avanzó sobre el supuesto delito de estafa, pero agregó la presunción de vaciamiento en perjuicio de SAER, la empresa editora de El Diario. Los fiscales entonces piden el levantamiento del secreto fiscal sobre los socios de Las Margaritas, petición que es acogida favorablemente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Sin embargo, esa medida de prueba fue cuestionada por los abogadores defensores de la familia Etchevehere, Lepoldo Lambruschini y Julio Federik, pero el juez Zoff no hizo lugar a la queja. Después de ocho meses, a principios de diciembre el Tribunal de Juicio y Apelaciones, compuesto por los jueces José María Chemez, Elvio Garzón y Elisa Zilli, confirmó lo resuelto por Zoff y rechazó la apelación. Pero la causa tendría un nuevo imponderable: antes de finalizar el año, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió cambios en su estructura funcional y el  juez Zoff pasó a integrar el Ministerio Público Fiscal. El lugar lo ocupó ahora Firpo, que debió empezar a entender de cero en la causa Las Margaritas.

Fue entonces que Firpo, de nuevo a cargo de la causa Etchevehere, resolvió citarlos a indagatoria para finales de febrero y principios de marzo.

Pero ya no sólo el delito investigado es el de estafa, denunciado por Dolores Etchevehere, hermana del ministro de Agroindustria, sino que con las sucesivas ampliaciones de las denuncias hechas por Dolores Etchevehere, la investigación se encamina también a achacar  el supuesto vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos, editora de El Diario. Así pues, los fiscales pidieron la instrucción formal contra Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere y Luis Alberto Guevara, como integrantes del directorio de SAER en el período 2011/2015 por el presunto delito de administración fraudulenta a partir de la fuerte sospecha de vaciamiento de la empresa editora mediante la venta simulada de inmuebles de su propiedad. De momento, sin embargo, no se pidió la indagatoria de Guevara, aunque sí de todos los Etchevehere, pero en la causa por defraudación.

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De la Redacción de Entre Ríos Ahora.