La noticia se dio a conocer como una novedad halagüeña para el exministro de Agroindustria de la Nación, el entrerriano Luis Miguel Etchevehere.

El funcionario, tristemente célebre por haber dispuesto despidos masivos en Agroindustria y por un incidente escandaloso por un bono de medio millón de pesos que le pagó la Sociedad Rural Argentina cuando dejó el cargo de presidente para sumarse al gabinete de Mauricio Macri, arrastraba una denuncia penal por estafa formulada por su hermana, Dolores Etchevehere.

El incidente, que se tramita en la Justicia entrerriano -la causa está en manos de la jueza de Garatías Susana María Paola Firpo-, llegó en los últimos días a un acuerdo: el abogado Santiago Yofre dijo que los Etchevehere llegaron a un acuerdo que pone fin a todos los procesos judiciales tanto en el ámbito civil como penal, en un conflicto familiar que se mantenía en el marco de la sucesión de Luis Félix Etchevehere.

Según consta en la carta, hay un compromiso de la hermana del funcionario para retirar todas las causas donde se presentaba como querellante o autora. Una decisión que ya fue notificada a los respectivos juzgados. El apoderado de Dolores Etchevehere aclaró: “De este modo quedan finiquitadas las diferencias familiares existentes hasta el momento, al haberse despejado todo tipo de dudas interpretativas vinculadas al Sucesorio y a las sociedades pertenecientes al grupo familiar”.

¿Ese acuerdo pone fin a las causas contra Etchevehere en la Justicia entrerriana? No.

La respuesta provino de la procuradora adjunta del Poder Judicial, Cecilia Goyeneche ante una consulta de Entre Ríos Ahora.

-El acuerdo al que llegaron los hermanos Etchevehere en la causa por estafa, ¿tiene incidencia en la sospecha de vaciamiento? ¿Van a seguir con esa investigación?

-Seguimos, por supuesto.

El caso, que estuvo siendo tramitado por Alejandro Cánepa, que fue promovido de fiscal a juez de juicio, quedó ahora en manos del fiscal Álvaro Piérola.

La causa original, por defraudación, sobre la que ahora hubo un acuerdo de hermanos, disparó otra investigación penal, que comenzó a avanzar sobre el supuesto delito de vaciamiento de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora de El Diario, en la que la familia tiene el 40% del paquete accionario. El otro 60% está en manos del empresario rosarino ligado al urribarrismo Ramiro Nieto. De acuerdo a lo revelado por distintas fuentes judiciales, la operatoria de “vaciamiento” que se investiga dejó a El Diario con la pauta publicitaria del Gobierno totalmente embargada y con su edificio emblema, el ubicado en Urquiza y Buenos Aires, en manos curiosas: la Mutual 10 de Abril.

En el trámite de la causa, el Ministerio Público Fiscal pidió la instrucción formal contra Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere y Luis Alberto Guevara, como integrantes del directorio de SAER en el período 2011/2015 por el presunto delito de administración fraudulenta a partir de la fuerte sospecha de vaciamiento de la empresa editora mediante la venta simulada de inmuebles de su propiedad.

Hay un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), un organismo que depende de la Procuración General de la Nación, que da cuenta de que, al mismo tiempo de que los socios de Las Margaritas SA se repartieron para sí el crédito pedido a tasa subsidiada al Banco Itaú, conformaron una nueva sociedad, Construcciones del Paraná SA.

La Procelac sostuvo que el “vaciamiento económico y patrimonial de SAER” derivó en un “incremento patrimonial injustificado” por parte del Grupo Etchevehere, al “comprar” los inmuebles a través de una empresa en apariencia insolvente al momento de la operación. Pero la liquidación de los inmuebles que estaban patrimonializados en SAER no comenzó en la asamblea de directorio de marzo de 2012 o en septiembre del mismo año, que fue cuando se realizó la autoventa. Sino que desde el inicio de la relación con los accionistas mayoritario del diario, el grupo NEA Capital Creativo SA, el objetivo sería el “vaciamiento”.

Ese vaciamientono sólo supuso que SAER asumiera deudas, sino la venta a precios irrisorios de inmuebles de su propiedad, algunos de valor histórico y patrimonial, como el que ocupa la administración de El Diario, en Urquiza y Buenos Aires. La enajenación fue en beneficio de los propios socios de SAER pero con otra sociedad. Como ninguno de los Etchevehere denunciados por Dolores Etchevehre podía incorporar a su patrimonio cualquiera de esos inmuebles propiedad de SAER lo que hicieron fue constituir otra firma, Construcciones del Paraná SA, que integra la familia y el ministro de Agroindustria de Macri. Pero a través de un sistema de triangulación del que participaban la Asociación Mutual Solidaria (AMUS) y la Mutual 10 de Abril.

El puzzle financiero, según la tesis de los investigadores, habría funcionado así: por cada escritura de venta de inmuebles –Urquiza 1119/23 (subsuelo), Urquiza 1119/23, Urquiza 1119/23 primer piso, Urquiza 1119/23 segundo piso, Camoirano 63, Etchevehere s/n, Urquiza y Buenos Aires- se confeccionó un contrato de mutuo –una parte entrega a la otra un bien para que use en provecho y, en un tiempo determinado, se lo devuelva-, del que habrían participado una mutual que hacía las veces de prestamista.

Así, un inmueble insignia de El Diario, el ubicado en la esquina de Urquiza y Buenos Aires, está en trámite de escrituración ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7 a nombre de la Mutual 10 de Abril, operación que se pactó en una cifra ínfima, $2 millones.

Las maniobras escondieron un movimiento circular: el vaciamiento consistía en que por cada escritura de venta de un inmueble se confeccionó un contrato de mutuo, emitido por una mutual que hacía las veces de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná SA. Esta sociedad endosaba esos valores a favor de SAER por la escrituración de cada inmueble y luego SAER derivaba los cheques a los prestamistas. De modo que el dinero daba un giro circular, y volvía a su primer dueño, pero las propiedades cambiaban formalmente de dueños, aunque en la práctica quedaban en las manos de los mismos empresarios, con otra sociedad.

Pero a la par que se producían esas transferencias, fueron avanzando distintas causas en el fuero civil contra SAER. Por ejemplo, un juicio de ejecución por deudas impagas por tasas e impuestos a la Municipalidad y a la Provincia, que se entabló a Construcciones del Paraná, que es dueña de varios inmuebles,que SAER le vendió y luego le alquiló. Pero ocurrió un hecho insólito: la demanda no avanzó contra Construcciones del Paraná SA sino contra SAER, que se presentó en el juicio como el deudor efectivo.