A finales de la década de 1970, la película Kramer vs Kramer fue un suceso -recibió un Oscar- al retratar las disputas hacia el interior de una pareja en el marco de un divorcio. Ahora, se sabe que su protagonista, Dustin Hoffman, acosó a la coprotagonista, Meryl Streep, pero eso es parte del sinceramiento último de la industria del cine norteamericano.

Aquí, ahora, la familia del ministro de Agroindustria del presidente Mauricio Macri, el ex hombre fuerte de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, protagoniza una remake de Kramer vs Kramer pero sobre los restos de la Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, y todo eso sale a la luz en el marco de una dura batalla judicial familiar, lejos de las disputas que entretienen a Los Hermanos Karamazov, más cerca de los tironeos por herencias varias.

Todo empezó en 2011 con la denuncia de una integrante de la familia, Dolores Etchevehere: denunció por estafa a su madre  Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere, y a sus hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego.

La causa original, por defraudación, ha sido ampliamente difundida por el periodista Sebastián Premici por medio del diario Página 12, aunque la pesquisa que inició la Justicia de Entre Ríos avanzó mucho más e implicaría, además, la imputación a los Etchevehere por el supuesto delito de vaciamiento de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), en la que la familia tiene el 40% del paquete accionario. El otro 60% está en manos del empresario rosarino ligado al urribarrismo Ramiro Nieto.

 

Pero primero fue la denuncia por estafa. ¿Qué denunció Dolores Etchevehere?

En 2011, la firma Las Margaritas SA –conformada por la familia Etchevehere- recibió sendos préstamos, entre julio y agosto de 2011, por u$s 200.000 y u$s 50.000, respectivamente, a tasa subsidiada y, en teoría, destinados a actividades productivas, aunque en el camino fueron desviados para un fin específico: el dinero se distribuyó entre los socios de Las Margaritas SA: Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere. El monto distribuido entre los socios fue de $1.066.000.

El préstamo solicitado al Banco Itaú fue en dólares, a una tasa del 8% anual. Pero los socios de Las Margaritas, que fueron los únicos destinatarios de ese auxilio financiero en teoría para fines productivos, devolvieron el dinero a la sociedad con cheques de pago diferido, en pesos y a una tasa de interés mucho más beneficiosa. Así, mientras el dólar se disparaba, y así también el costo financiero del préstamo con Itaú, lo que devolvían los socios era un monto inalterable. El desfase fue tal que Las Margaritas debió pedir otro crédito, esta vez al Banco Nación, también a tasa subsidiada, por un valor de $900.000, para enfrentar la emergencia agropecuaria, pero que en realidad se utilizó para saldar la deuda con el Itaú.

Esa es la parte medular de la denuncia de Dolores Etchevehere contra sus hermanos y su madre.

La causa N° 6.418 caratulada “Estafa. Denuncia de Dolores Etchevehere”, que ahora tiene un planteo de recusación contra la jueza Susana María Paola Firpo planteado por los defensores de Etchevehere, Leopoldo Lambruschini y Julio Federik, tuvo un giro cuando los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra recibieron ampliación de la denuncia.

La pesquisa de los fiscales apunta ahora hacia el interior de las empresas de los Etchevehere y pone en foco una posible maniobra de vaciamiento.

 

Hay un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), un organismo que depende de la Procuración General de la Nación, que da cuenta de que, al mismo tiempo de que los socios de Las Margaritas SA se repartieron para sí el crédito pedido a tasa subsidiada al Banco Itaú, conformaron una nueva sociedad, Construcciones del Paraná SA.

El periodista Sebastián Premici lo describe así: “Según datos de la AFIP, el contrato social de la empresa Construcciones del Paraná fue suscrito en octubre de 2011. Sin embargo, la empresa, cuyos accionistas son Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos y la madre de éstos, no registraba movimientos comerciales al momento de la denuncia efectuada por la Procelac. En una primera comunicación del 27 de julio de 2011, el contador Guillermo Budasoff les manifestó a Leonor Barbero Marcial y Juan Diego Etchevehere que dentro de sus honorarios ya deberían empezar a incluir a la nueva sociedad anónima. Todavía faltaban algunos meses para concretar la autocompra de inmuebles”.

 

Y agrega: “En la asamblea del directorio de la empresa SAER (editora de El Diario de Paraná) realizada el 20 de marzo de 2012, el Grupo Etchevehere, junto al grupo mayoritario NEA Capital Creativo, decidieron la transferencia de los siete inmuebles por 4,5 millones de pesos hacia Construcciones del Paraná. La operación terminó de concretarse en septiembre de aquel año, luego de recibir las ayudas económicas de AMUS (Asociación Mutual Solidaria”.

La Procelac sostuvo que el “vaciamiento económico y patrimonial de SAER” derivó en un “incremento patrimonial injustificado” por parte del Grupo Etchevehere, al “comprar” los inmuebles a través de una empresa en apariencia insolvente al momento de la operación. Pero la liquidación de los inmuebles que estaban patrimonializados en SAER no comenzó en la asamblea de directorio de marzo de 2012 o en septiembre del mismo año, que fue cuando se realizó la autoventa. Sino que desde el inicio de la relación con los accionistas mayoritario del diario, el grupo NEA Capital Creativo SA, el objetivo sería el “vaciamiento”.

Ese vaciamiento, según la tesis de los fiscales Cánepa y Ferreyra, no sólo supuso que SAER asumiera deudas, sino la venta a precios irrisorios de inmuebles de su propiedad, algunos de valor histórico y patrimonial, como el que ocupa la administración de El Diario, en Urquiza y Buenos Aires. La enajenación fue en beneficio de los propios socios de SAER pero con otra sociedad. Como ninguno de los Etchevehere denunciados por Dolores Etchevehere podía incorporar a su patrimonio cualquiera de esos inmuebles propiedad de SAER, lo que hicieron fue constituir otra firma, Construcciones del Paraná SA, que integran la familia y el ministro de Agroindustria de Macri. Pero a través de un sistema de triangulación del que participaban la Asociación Mutual Solidaria (AMUS) y la Mutual 10 de Abril.

El puzzle financiero, según la tesis de los investigadores, habría funcionado así: por cada escritura de venta de inmuebles –Urquiza 1119/23 (subsuelo), Urquiza 1119/23, Urquiza 1119/23 primer piso, Urquiza 1119/23 segundo piso, Camoirano 63, Etchevehere s/n, Urquiza y Buenos Aires- se confeccionó un contrato de mutuo –una parte entrega a la otra un bien para que use en provecho y, en un tiempo determinado, se lo devuelva-, del que habrían participado una mutual que hacía las veces de prestamista.

Así, un inmueble insignia de El Diario, el ubicado en la esquina de Urquiza y Buenos Aires, está en trámite de escrituración ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7 a nombre de la Mutual 10 de Abril, operación que se pactó en una cifra ínfima, $2 millones.

Las maniobras escondieron un movimiento circular: el vaciamiento consistía en que por cada escritura de venta de un inmueble se confeccionó un contrato de mutuo, emitido por una mutual que hacía las veces de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná SA. Esta sociedad endosaba esos valores a favor de SAER por la escrituración de cada inmueble y luego SAER derivaba los cheques a los prestamistas. De modo que el dinero daba un giro circular, y volvía a su primer dueño, pero las propiedades cambiaban formalmente de dueños, aunque en la práctica quedaban en las manos de los mismos empresarios, con otra sociedad.

Pero a la par que se producían esas transferencias, fueron avanzando distintas causas en el fuero civil contra SAER. Por ejemplo, un juicio de ejecución por deudas impagas por tasas e impuestos a la Municipalidad y a la Provincia, que se entabló a Construcciones del Paraná, que es dueña de varios inmuebles,que SAER le vendió y luego le alquiló. Pero ocurrió un hecho insólito: la demanda no avanzó contra Construcciones del Paraná SA sino contra SAER, que se presentó en el juicio como el deudor efectivo.
Pero uno de esos juicios de desalojo, que promovió Construcciones del Paraná contra SAER ante el Juzgado Civil y Comercial N° 6, a cargo de la jueza Silvina Andrea Rufanacht, fue rechazado.

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La causa, caratulada “Construcciones del Paraná SA c/Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER). Desalojo y cobro de alquileres”, fue promovida por los abogados Sergio Avero, exfiscal de Estado durante la administración de Sergio Montiel, y Nadia Lorena Valin, incluye un dato turbador: la familia Etchevehere, accionista de Construcciones del Paraná SA, promueve juicio de desalojo contra SAER, en cuya conformación accionaria también participan.

Construcciones del Paraná firmó con SAER un contrato de alquiler por la ocupación del edificio donde está la Redacción y la planta impresora, sobre calle Urquiza, pero por cuanto decidió no renovarle el contrato decidió pedir el desalojo.

Pero la jueza Rufanacht decidió rechazar el pedido de desalojo. Y argumentó que “no puedo dejar de tener en cuenta la irreparabilidad del daño que se podría causar a la contraparte en virtud de la medida requerida, ya que la desalojada es una empresa que maneja el periódico local con una historia de más de cien años en la ciudad, con decenas de empleados, y cuyo traslado es sumamente difícil, por el tamaño de las máquinas que se encuentran en el subsuelo y que resultan indispensables para la edición e impresión de los periódicos, siendo necesario probablemente romper el piso del edificio para poder retirarlas, conforme fuera manifestado por ambas partes en la audiencia preliminar llevada a cabo en el juicio principal”.
“Por ello -dispuso la magistrada-, analizando los derechos involucrados, la irreparabilidad del daño que invoca la actora -falta de pago de los alquileres y de los impuestos provinciales-, con la de los daños que se le pueden causar a la demandada -y a los empleados de esta, quienes verían afectadas sus fuentes de trabajo, causando esto perjuicios indirectos a decenas de familias paranaenses-, daños que en su totalidad probablemente no puedan ser reparados con la caución real ofrecida -la cual, además, ni siquiera ha sido cuantificada-, por razones de justicia y equidad, y sin que ello implique adelanto de jurisdicción respecto de la procedencia o improcedencia de la acción principal, entiendo que el desalojo anticipado no puede proceder”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.