El Gobierno entrerriano evalúa los pasos a seguir ante la Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles, que viola el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, evalúa técnicamente el protocolo que se puso en vigencia en el Gobierno de Sergio Urribarri, ya que Entre Ríos está entre las 16 provincias que viola el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenó guías que hagan efectiva y accesible la práctica, según advirtió la Organización de Naciones Unidas (ONU), según cuenta un cable de la Agencia de Informaciones Mercosur (AIM).

La retrograda medida sostenida durante estos años de gestión por el Gobierno de Bordet atenta lo establecido por normas nacionales, ya que es una resolución “que contraría los derechos de las mujeres estableciendo, una clara discriminación”.

En ese marco, Velázquez tiene en su agenda el tema, explicaron funcionarios de Salud a esta Agencia, quienes precisaron que “ahora se analizan las cuestiones legales y técnicas y, luego, se convocará a una ronda de consultas para avanzar sobre el tema”.

Cabe recordar que El protocolo que el gobierno de Gustavo Bordet sostiene es restrictivo en términos de que no cumple con lo que estipuló la CSJ en el caso FAL en el 2012, remarcó la profesional, quien precisó que uno de los puntos que se rechaza desde las organizaciones sociales y la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Entre Ríos es la objeción de consciencia, “porque dice que el médico debe declararse objetor de consciencia luego de que la mujer haya solicitado la práctica, lo que no tienen el menor sentido común y va en contra del fallo FAL que claramente fija que la objeción de consciencia debe ser presentada por el profesional al momento que decide ser objetor al jefe de servicio o director del hospital, para que la mujer que quiera solicitar la interrupción de un embarazo no tenga que pasar por él, porque se sabe que esa persona es objetora”. En ese sentido, remarcó que quien se declara objetor “tiene la obligación de derivar a la mujer a quien pueda brindarle la solución a lo que ella solicita”, y eso implica darle datos precisos en un tiempo adecuado con información correcta.

 

 

 

Fuente: Agencia de Informaciones Mercosur (AIM)