El Tribunal de Juicio y Apelaciones conformado por los camaristas José María Chemes, Carolina Castagno y Gervasio Labriola rechazó la inhibición para entender en la causa por estafa en la que está involucrado el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y por tanto dispuso que siga al frente de esa investigación la jueza de Garantías Susana María Paola Firpo.

La magistrada se había excusado con el argumento de “violencia moral” tras ser recusada por los defensores de Etchevehere, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini. Pero esa recusación fue luego retirada, aunque la jueza de igual modo mantuvo su tesitura: no quiso seguir interviniendo en ese expediente. El caso, entonces, derivó para su tratamitación ante el juez de Transición Gustavo Adolfo Roque Maldonado, que rechazó el pedido de inhibición de su colega.

El rechazar la excusación de Firpo, Maldonado entendió que de parte de la jueza hubo un  “exceso de susceptibilidad”.

Esa postura fue confirmada por un tribunal de alzada por lo cual la magistrada quedó nuevamente al frente de la causa Etchevehere.

La notificación a las partes llegó este miércoles, con la novedad de la devolución de la causa a Firpo.

 

El escándalo


En la causa se investiga una denuncia por estafa formulada por la hermana del ministro Dolores Etchevehere, aunque conforme el caso comenzó a tramitar en Tribunales, los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra plantearon la posibilidad de ampliar los delitos e imputarle a Etchevehere el cargo de vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario.

La causa N° 6.418, caratulada “Estafa. Denuncia de Dolores Etchevehere”, fue iniciada en 2011 y a poco de tramitarse, y a pedido de la fiscal Laura Cattáneo, la jueza Firpo mandó al archivo el expediente.

Dolores Etchevehere, hermana del ministro, convertida en querellante, apeló la medida, y un tribunal de alzada revocó el archivo de la investigación. En agosto de 2016, y con Firpo reubicada en el Juzgado de Garantías N° 1, en reemplazo de Marina Barbagelata, a cargo del Juzgado de Transición N° 2, quedó Pablo Zoff.

La causa original, por defraudación, ha sido ampliamente difundida por el periodista Sebastián Premici por medio del diario Página 12, aunque la pesquisa que inició la Justicia de Entre Ríos avanzó mucho más e implicaría, además, la imputación a los Etchevehere por el supuesto delito de vaciamiento de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora de El Diario, en la que la familia tiene el 40% del paquete accionario. El otro 60% está en manos del empresario rosarino ligado al urribarrismo Ramiro Nieto.

De acuerdo a lo revelado por distintas fuentes judiciales, la operatoria de “vaciamiento” que se investiga dejó a El Diario con la pauta publicitaria del Gobierno totalmente embargada y con su edificio emblema, el ubicado en Urquiza y Buenos Aires, en manos curiosas: la Mutual 10 de Abril.

Pero todo el pleito judicial que ahora se ha complejizado, empezó por un préstamo a tasa subsidiada que tuvo un destino insólito.

En 2011, la firma Las Margaritas SA –conformada por la familia Etchevehere- recibió sendos préstamos, entre julio y agosto de 2011, por u$s 200.000 y u$s 50.000, respectivamente, a tasa subsidiada y, en teoría, destinados a actividades productivas, aunque en el camino fueron desviados para un fin específico: el dinero se distribuyó entre los socios de Las Margaritas SA: Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere. El monto distribuido entre los socios fue de $1.066.000.

El préstamo solicitado al Itaú fue en dólares, a una tasa del 8% anual. Pero los socios de Las Margaritas, que fueron los únicos destinatarios de ese auxilio financiero en teoría para fines productivos, devolvieron el dinero a la sociedad con cheques de pago diferido, en pesos y a una tasa de interés mucho más beneficiosa. Así, mientras el dólar se disparaba, y así también el costo financiero del préstamo con Itaú, lo que devolvían los socios era un monto inalterable. El desfase fue tal que Las Margaritas debió pedir otro crédito, esta vez al Banco Nación, también a tasa subsidiada, por un valor de $900.000, para enfrentar la emergencia agropecuaria, pero que en realidad se utilizó para saldar la deuda con el Itaú.

Esa es la parte medular de la denuncia de Dolores Etchevehere contra sus hermanos y su madre.

Lo que resta por delante, una vez resuelta la cuestión de qué juez asumía al frente de la causa, es fijar nuevamente la fecha de indagatoria para el ministro Etchevehere, que había sido prevista para principios de marzo y luego fue aplazada.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.