El Gobierno ya está analizando la posibilidad de ir con un recuso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego del fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que confirmó la sentencia del 1° de octubre último, y que ordenó al Gobierno respetar límites precisos para permitir fumigaciones en áreas rurales donde estén emplazados establecimientos escolares: la zona de exclusión es de 3.000 metros para pulverizaciones aéreas, y de 1.000 metros para pulverizaciones terrestres.

La decisión del alto tribunal sobrevino tras la apelación del Gobierno a la sentencia dictada el 1° de octubre. 

 

La sentencia, firmada por el camarista civil Oscar Daniel Benedetto condenó al Estado entrerriano y al Consejo de Educación “a que en el plazo de 2 años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento 50 metros de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos”. Y dispuso suspender “de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.

En fallo dividido, la Sala Penal del STJ, con el voto de los jueces Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio, confirmó la sentencia del camarista Benedetto y de ese modo rechazó la apelación que había presentado el Gobiero.

En un planteo firmado por el fiscal de Estado adjunto, Sebastián Trinadori, el Ejecutivo hizo notar que el fallo judicial apelado determinó un radio de 1.000 metros establecido para prohibir la fumigación terrestre en todas las escuelas rurales de Entre Ríos, “lo que arroja una superficie de 314 has.  por cada escuela. El radio de 3.000 metros establecido como zona de exclusión de la fumigación aérea  nos da una superficie de 2826 has. por cada escuela. De acuerdo al informe del Consejo General de Educación, tenemos 832 escuelas primarias y 137 escuelas secundarias que se encuentran en ámbitos rurales”.

“Si multiplicamos las superficies por la cantidad de escuelas involucradas tenemos que no se podrá fumigar en forma terrestre en 304.266 hectáreas y no se podrá fumigar en forma aérea en una superficie de  2.738.394 hectáreas, es decir, en este caso, en una superficie incluso superior en casi 800.000 hectáreas a las 1.690.200 hectáreas que conforman la superficie agrícola de la última campaña”, señala. “Como emerge de un modo nítido, la sentencia que apelamos convierte en inviable de la noche a la mañana  el sistema productivo entrerriano, basado principalmente en la producción agrícola”, planteó la Fiscalía de Estado.

Pero el STJ no consideró esas salvedades.

En el Gobierno rescataron el voto en disidencia de la vocal Claudia Mizawak, que planteó que se deje sin efecto en forma íntegra el fallo de Benedetto.

“Jurídicamente, el voto de Mizawak es correcto -explicó a Entre Ríos Ahora una fuente del Gobierno-. El voto de Giorgio crea una norma jurídica de caracter general y por lo tanto avanza sobre atribuciones del Poder Legislativo”.

Giorgio fundamentó su voto y dijo que “más allá de la atribuida arbitrariedad del decisorio, lo cierto y concreto es que el mismo se sustenta en un concreto marco fáctico y jurídico, perfecta y exhaustivamente delineado y examinado por el judicante en los términos reseñados, con la visión crítica que exige esta nueva generación de derechos entre los que califica especialmente -por su carácter de anticipación protectoria- el derecho a un ambiente sano y equilibrado -dijo Giorgio en su voto-. Es que, en torno a esta restricción, cuadra señalar que la pretensión de obtener una franja de protección alrededor de las escuelas rurales encuentra sustento en el digesto normativo de plaguicidas, Ley Nº 6.599 y sus normas complementarias y reglamentarias”.

Y destacó la ausencia de normativa que resguarda a los alumnos de las escuelas rurales de los perjuicios de las fumigaciones con agroquímicos en los campos. “Reitero, hasta los galpones avícolas se encuentran protegidos con una franja de resguardo para las fumigaciones, mientras que los niños -y docentes- que asisten a los establecimientos educativos rurales, no lo están. Desde ésta óptica, se hace evidente la ausencia normativa relacionada con la salud de los alumnos rurales, por lo que encuentro absolutamente razonable la imperiosa necesidad de suplir dicha laguna, y aunque sea transitoriamente, establecer de manera urgente una protección a un bien jurídico tan importante y esencial como es la salud de los niños y los docentes de las escuelas rurales sin invadir con ello las restantes esferas de poderes sobre quienes pesa el deber de reglamentar y/o normativizar la debida protección de quienes asisten regularmente a dichos establecimientos educativos rurales, frente a una práctica claramente lícita, pero cuya nocividad para la salud se ubica hoy como centro de debate científico de los distintos foros, sin que pueda sostenerse un consenso respecto de la inocuosidad para la salud humana en su ejercicio”.

Disconforme con esa sentencia, el Ejecutivo está analizando en estos diez días de plazo que tiene si va a la Corte para conseguir voltear el fallo dictado en la provincia.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.