El Gobierno insistirá con otro decreto, que reemplace a la norma dictada en diciembre último y ya declarada inconstitucional por la Justicia, para ordenar las tareas de fumigación en zonas rurales próximas a establecimientos educativos. La novedad ya había sido adelantada por el gobernador Gustavo Bordet en su última visita a Gualeguaychú y cobró fuerza tras la protesta de los productores del jueves 23 de mayo frente a Tribunales.

El secretario de la Producción, Álvaro Gabás, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se reunieron este lunes con representantes de entidades agropecuarias, y les dieron a conocer la novedad. Participaron del encuentro Raúl Boc-hó, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer); Daniel Kindebaluc, titular de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco); Matías Martiarena, vicedirector de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Entre Ríos; Walter Feldkamp, director por Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA); y Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

El sitio Dos Florines indicó que  el Gobierno provincial insistirá con la vía del decreto para tratar de salir del pantano donde se encuentra el debate, pero, en forma paralela, buscará activar la discusión en la Legislatura para que antes del cambio en la composición de las cámaras, esté sancionada una nueva ley.

Para la elaboración del decreto, el Ejecutivo buscará argumentos sólidos y para eso se pedirán informes técnicos y científicos a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el INTA, el Conicet, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Ambiente. De esta forma, confían los funcionarios, se superarían las objeciones que planteó la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el fallo que ratificó las decisiones judiciales anteriores que prohibieron las pulverizaciones aéreas a menos de 3.000 metros de escuelas rurales, y de 1.000 metros en el caso de aplicaciones terrestres.

El 15 de mayo último se conoció la decisión de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que confirmó la inconstitucionalidad parcial del decreto N° 4.407, que dictó el Poder Ejecutivo en 2018 y que fijó límites más laxos para la limitación de fumigaciones aéreas y terrestres en zonas rurales próximas a establecimientos educativos. La decisión del alto cuerpo fue con voto dividido: los vocales Miguel Giorgio y Daniel Carubia votaron por rechazar la apelación de Fiscalía de Estado, posición a la que no adhirió la vocal Claudia Mizawak.

En marzo último, la Justicia decretó la nulidad parcial del decreto del gobernador Gustavo Bordet que pretendió imponer límites más laxos a los que había establecido una sentencia judicial respecto de las tareas de fumigaciones en zonas próximas a establecimientos educativos.

El camarista Andrés Marfil admitió  parcialmente la demanda interpuesta por el Foro Ecologista de Paraná y por eso mismo dispuso la nulidad parcial del decreto N° 4.407, dictado el 14 de diciembre de 2018 por el Poder Ejecutivo entrerriano por ser “inconstitucional por violación de la cosa juzgada al no ajustarse al estándar normativo del fallo dictado” en octubre del año pasado por el juez Oscar Daniel Benedetto, ratificado luego por un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).En el fallo de Benedetto se habían impuesto zonas de exclusión amplísimas, de 1.000 metros alrededor de las escuelas para las fumigaciones terrestres, y de 3.000 metros para las aéreas. En cambio, el Poder Ejecutivo bajó esas distancias a 100 y 500 metros, respectivamente. Por eso, el juez Marfil decretó la nulidad precisamente del artículo 1° del decreto 4.407, que fija las distancias para las pulverizaciones.

El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) habían acudido a la Justicia con un recurso de amparo ambiental con el objetivo de conseguir la nulidad del decreto dictado por el Poder Ejecutivo provincial que reglamentó las fumigaciones aéreas y terrestres en la provincia luego de un fallo judicial severo dictado en octubre último.

El amparo ambiental buscó precisamente la declaración de nulidad y revocación del decreto Nº 4407/1028, que fuera publicado en el boletín oficial el 2 de enero pasado, por el cual se regula la aplicación vía aérea y terrestre de fitosanitarios.

Efectivamente, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del 2 de enero el texto del decreto N° 4.407, del 14 de diciembre, mediante el cual establece la prohibición de “aplicaciones terrestres de fitosanitarios en lugares donde existan escuelas rurales lindantes a lotes de uso productivo, debiendo respetarse una distancia de 100 metros entre los límites o cercos de la escuela y el cultivo lindero, y fuera del horario escolar o en días no lectivos”. Y las aéreas “en lugares donde existan escuelas rurales lindantes a lotes de uso productivo, debiendo respetarse una distancia de 500 metros entre los límites o cercos de la escuela y el cultivo lindero, y fuera del horario escolar o en días no lectivos”.

En medio de la batalla legal entre el Gobierno y las agrupaciones ambientalistas, el bloque de senadores de Cambiemos presentó un proyecto de ley en la Legislatura que busca salvar el vacío legal, tras frustrarse una iniciativa de legislación en materia de fitosanitarios que hizo naufragar el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.