Productores agropecuarios entrerrianos resolvieron, durante una nutrida asamblea realizada en Crespo, movilizarse este jueves, a partir de las 9, hasta el Centro Cívico de Paraná para expresar su malestar ante los fallos judiciales que prohíben las pulverizaciones en cercanías de las escuelas rurales.

El objetivo de la movida, según explicó Walter Feldkamp, director por Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), es “que la gente de la ciudad conozca los perjuicios que estas medidas ocasionan a los productores agropecuarios”. No habrá, sin embargo, cortes de ruta, como proponían algunos chacareros angustiados por lo que consideran la “prohibición de producir”.

Para el ruralista de Gualeguaychú, los fallos judiciales “son arbitrarios, desmedidos” y, por eso, subrayó, “salimos a protestar”.

Hace una semana, la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la inconstitucionalidad parcial del decreto N° 4.407, que dictó el Poder Ejecutivo en 2018 y que fijó límites más laxos para la limitación de fumigaciones aéreas y terrestres en zonas rurales próximas a establecimientos educativos. La decisión del alto cuerpo fue con voto dividido: los vocales Miguel Giorgio y Daniel Carubia votaron por rechazar la apelación de Fiscalía de Estado, posición a la que no adhirió Claudia Mizawak.

En marzo último, la Justicia decretó la nulidad parcial del decreto del gobernador Gustavo Bordet que pretendió imponer límites más laxos a los que había establecido una sentencia judicial respecto de las tareas de fumigaciones en zonas próximas a establecimientos educativos.

El camarista Andrés Marfil admitió  parcialmente la demanda interpuesta por el Foro Ecologista de Paraná y por eso mismo dispuso la nulidad parcial del decreto N° 4.407, dictado el 14 de diciembre de 2018 por el Poder Ejecutivo entrerriano por ser “inconstitucional por violación de la cosa juzgada al no ajustarse al estándar normativo del fallo dictado” en octubre del año pasado por el juez Oscar Daniel Benedetto, ratificado luego por un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En el fallo de Benedetto se habían impuesto zonas de exclusión amplísimas, de 1.000 metros alrededor de las escuelas para las fumigaciones terrestres, y de 3.000 metros para las aéreas. En cambio, el Poder Ejecutivo bajó esas distancias a 100 y 500 metros, respectivamente. Por eso, el juez Marfil decretó la nulidad precisamente del artículo 1° del decreto 4.407, que fija las distancias para las pulverizaciones.

De ese modo, dejó en pie las distancias que fijó el fallo del juez Benedetto. Pero ese decreto fue puesto en tela de juicio en la Justicia por el Foro Ecologista, que consiguió resolución favorable. El juez Marfil declaró parcialmente inconstitucional el decreto del Gobierno. Esa resolución fue apelada por la Fiscalía de Estado.

La resolución del juez Marfil fue analizada entonces por la Sala Penal, pero sus integrantes se excusaron, aunque otro tribunal confirmó la integración original del tribunal, que así resolvió ahora confirmar la inconstitucionalidad parcial del decreto de Bordet. Y con un tirón de orejas al Poder Ejecutivo por no haber avalado con estudios técnicos comprobables ese cambio en las distancias mínimas para fumigar.

 

El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) habían acudido a la Justicia con un recurso de amparo ambiental con el objetivo de conseguir la nulidad del decreto dictado por el Poder Ejecutivo provincial que reglamentó las fumigaciones aéreas y terrestres en la provincia luego de un fallo judicial severo dictado en octubre último.

El amparo ambiental buscó precisamente la declaración de nulidad y revocación del decreto Nº 4407/1028, que fuera publicado en el boletín oficial el 2 de enero pasado, por el cual se regula la aplicación vía aérea y terrestre de fitosanitarios.

Efectivamente, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del 2 de enero el texto del decreto N° 4.407, del 14 de diciembre, mediante el cual establece la prohibición de “aplicaciones terrestres de fitosanitarios en lugares donde existan escuelas rurales lindantes a lotes de uso productivo, debiendo respetarse una distancia de 100 metros entre los límites o cercos de la escuela y el cultivo lindero, y fuera del horario escolar o en días no lectivos”. Y las aéreas “en lugares donde existan escuelas rurales lindantes a lotes de uso productivo, debiendo respetarse una distancia de 500 metros entre los límites o cercos de la escuela y el cultivo lindero, y fuera del horario escolar o en días no lectivos”.

Los productores no acuerdan con el modo cómo la Justicia resolvió el conflicto.

Al respecto, sostiene que el último fallo “prohíbe en forma inmediata la utilización de una tecnología aprobada, regulada y fiscalizada por el mismo Estado y que constituye la base del actual sistema de producción de cultivos, sin pruebas oficiales fehacientes de los riesgos aludidos, es una medida totalitaria”.

Los fallos, cuestionan los productores, “ignoran la posibilidad de realizar cambios inmediatos en sistemas de producción complejos, no ofrece una alternativa real ni tampoco políticas que acompañen una transición para las empresas” agropecuarias.

Hablan, asimismo, de “una paradoja nefasta” que “consiste en que un Poder del Estado, el Judicial, castiga a los ciudadanos productores agropecuarios porque otro Poder del Estado, el Ejecutivo, no puede demostrar que protege la salud de docentes y alumnos de escuelas rurales, desempeñando su responsabilidad de fiscalizar el uso de la tecnología empleada”.

Los productores, finalmente, se preguntan “¿a quién debería consultar el Poder Judicial (jueces cuya misión es administrar justicia para todos los ciudadanos) para emitir un fallo semejante? ¿Consultar a las autoridades legítimas nacionales e internacionales, o consultar a las ONGs, a los gremios u otros que quieran intervenir motivados por intereses ajenos a los temas tratados?”.

 

 

 

Con información de Dos Florines

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.