Los productores entrerrianos se movilizarán este miércoles 10, a las 9,30, al Túnel Subfluvial para protestar por la vigencia de un fallo judicial que impone límites precisos para las fumigaciones en zonas rurales próximas a establecimientos educativos.

La decisión se adoptó durante un plenario que tuvo lugar el 1° del actual en Crespo, que concluyó con un duro documento. “Un rigor inusitado por parte de un sistema de justicia que no es capaz de condenar a los verdaderos delincuentes y violadores de la ley, a veces amparados en el poder político, se aplica por este tiempo en la provincia de Entre Ríos a los ciudadanos que se dedican a la noble tarea de trabajar la tierra para producir alimentos”, dice el texto de la declaración.

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Y agrega: “Un Poder provincial que practica medidas arbitrarias en plena democracia, sobre los productores del agro entrerriano, los condena y sin causa cierta a abandonar sus tierras, a mal venderlas y a emprender un éxodo rural y a tener que abandonar su vocación de vivir y trabajar en el campo. Es tan grave el problema social que todavía no se ha tomado la verdadera dimensión del mismo”.

“Esta insólita prohibición provocada por un fallo del Tribunal Superior de Justicia pone a estos pequeños empresarios agropecuarios, en una situación de absoluto desamparo, ya que de la noche a la mañana se les cambia su realidad de trabajo y progreso. Esta es la realidad que están padeciendo muchos productores y sus familias hacen que estén en una vulnerabilidad social y económica impensadas”, sostienen.

En mayo último, la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la inconstitucionalidad parcial del decreto N° 4.407, que dictó el Poder Ejecutivo en 2018 y que fijó límites más laxos para la limitación de fumigaciones aéreas y terrestres en zonas rurales próximas a establecimientos educativos. La decisión del alto cuerpo fue con voto dividido: los vocales Miguel Giorgio y Daniel Carubia votaron por rechazar la apelación de Fiscalía de Estado, posición a la que no adhirió Claudia Mizawak.

La batalla judicial en torno a los límites a establecer para limitar el uso de agrotóxicos en zona rural viene dirimiéndose desde el año pasado.

En marzo último, la Justicia decretó la nulidad parcial del decreto del gobernador Gustavo Bordet que pretendió imponer límites más laxos a los que había establecido una sentencia judicial respecto de las tareas de fumigaciones en zonas próximas a establecimientos educativos.

El camarista Andrés Marfil admitió  parcialmente la demanda interpuesta por el Foro Ecologista de Paraná y por eso mismo dispuso la nulidad parcial del decreto N° 4.407, dictado el 14 de diciembre de 2018 por el Poder Ejecutivo entrerriano por ser “inconstitucional por violación de la cosa juzgada al no ajustarse al estándar normativo del fallo dictado” en octubre del año pasado por el juez Oscar Daniel Benedetto, ratificado luego por un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En el fallo de Benedetto se habían impuesto zonas de exclusión amplísimas, de 1.000 metros alrededor de las escuelas para las fumigaciones terrestres, y de 3.000 metros para las aéreas. En cambio, el Poder Ejecutivo bajó esas distancias a 100 y 500 metros, respectivamente. Por eso, el juez Marfil decretó la nulidad precisamente del artículo 1° del decreto 4.407, que fija las distancias para las pulverizaciones.

De ese modo, dejó en pie las distancias que fijó el fallo del juez Benedetto. Pero ese decreto fue puesto en tela de juicio en la Justicia por el Foro Ecologista, que consiguió resolución favorable. El juez Marfil declaró parcialmente inconstitucional el decreto del Gobierno. Esa resolución fue apelada por la Fiscalía de Estado.

La resolución del juez Marfil fue analizada entonces por la Sala Penal, pero sus integrantes se excusaron, aunque otro tribunal confirmó la integración original del tribunal, que así resolvió ahora confirmar la inconstitucionalidad parcial del decreto de Bordet. Y con un tirón de orejas al Poder Ejecutivo por no haber avalado con estudios técnicos comprobables ese cambio en las distancias mínimas para fumigar.

 

El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) habían acudido a la Justicia con un recurso de amparo ambiental con el objetivo de conseguir la nulidad del decreto dictado por el Poder Ejecutivo provincial que reglamentó las fumigaciones aéreas y terrestres en la provincia luego de un fallo judicial severo dictado en octubre último.

El amparo ambiental buscó precisamente la declaración de nulidad y revocación del decreto Nº 4407/1028, que fuera publicado en el boletín oficial el 2 de enero pasado, por el cual se regula la aplicación vía aérea y terrestre de fitosanitarios.

Efectivamente, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del 2 de enero el texto del decreto N° 4.407, del 14 de diciembre, mediante el cual establece la prohibición de “aplicaciones terrestres de fitosanitarios en lugares donde existan escuelas rurales lindantes a lotes de uso productivo, debiendo respetarse una distancia de 100 metros entre los límites o cercos de la escuela y el cultivo lindero, y fuera del horario escolar o en días no lectivos”. Y las aéreas “en lugares donde existan escuelas rurales lindantes a lotes de uso productivo, debiendo respetarse una distancia de 500 metros entre los límites o cercos de la escuela y el cultivo lindero, y fuera del horario escolar o en días no lectivos”.

El 23 de mayo último, los productores se movilizaron al Palacio de Justicia, y fueron recibidos por el titular del alto cuerpo, Emilio Castrillón.

A finales de mayo, una convocatoria de productores que se reunió en Crespo emplazó al Gobierno para dictar una nueva reglamentación sobre fumigaciones, y a pesar de la promesa del Poder Ejecutivo de momento no se ha conocido esa propuesta de reglamentación. Mientras, la Fiscalía de Estado acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dar batalla en el terreno judicial.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.