La Mesa de Enlace, que integran la Federación Agraria, la Federación de Asociales Rurales de Entre Ríos, la Sociedad Rural y la Federación de Cooperativas, salió a fustigar con dureza el fallo dictado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que dejó firme una resolución judicial previa sobre las distancias mínimas para fumigar en zonas rurales próximas a las escuelas y de ese modo tildó de inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo entrerriano que había pretendido modificar ese criterio.

“El reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que deja en pie lo dispuesto en su momento por el vocal de la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná, Dr. Daniel Benedetto, respecto de las distancias para las fumigaciones agrícolas, es una nueva demostración del grado de irresponsabilidad y demagogia de la Justicia Entrerriana”, señaló la Mesa de Enlace.

“Este fallo, sin respaldo ni criterio técnico alguno, imposibilita la producción en más de 300 mil hectáreas y se trata, sin dudas, de un nuevo golpe asestado al corazón de los productores, quienes ven una vez más como los poderes del Estado provincial juegan a la política dando rienda suelta a viejos rencores, especulaciones y prejuicios ideológicos que en pleno siglo XXI debieran estar perimidos”, añadió, a la vez que sostuvo que “la liviandad de aquella medida judicial, respaldada en cierta medida por esta última del STJ, ha dejado una vez más de lado todo soporte científico que incluye estudios avalados por profesionales de reconocida trayectoria; más de 30 demostraciones técnicas realizadas a lo largo y ancho de la Argentina; como así también la legislación comparada con otras provincias y países del mundo”.

En ese sentido, sostuvo que “esa decisión insensata ha dejado de la noche a la mañana a miles de productores al borde del quebranto, sin importar lo que será de sus destinos, ni de los puestos de trabajo de que ellos dependen, ni de los contratos firmados, ni de los créditos asumidos, ni de sus familias. En definitiva, no les importa nada, salvo obtener un rancio rédito político”.

“Obviamente que de este desaguisado también han participado los demás poderes del Estado: el Legislativo y el Ejecutivo. De nuestra Legislatura aún tenemos frescas las bochornosas imágenes del presidente de la Cámara de Diputados cajoneando un proyecto de ley consensuado”, remarcó con tono incendiario la Mesa de Enlace, y apuntó: “En tanto, el gobernador Bordet y su equipo, han sido partícipes necesarios de este mamarracho, subestimando la situación y mostrando un doble estándar, con un discurso resbaloso y contradictorio. Por un lado, se dictaba un decreto, se apelaba la medida judicial, y por el otro, hombres del gobierno apoyaban a los que impulsaban este artilugio legal o lo que es peor aún, especulaban con los tiempos electorales, sin importar las consecuencias”.

“Sin duda alguna, una ley como la que se había consensuado oportunamente entre los distintos actores de la provincia, sería el camino más serio hacia una producción agropecuaria responsable y previsible. Ahora bien, visto y considerando la imposibilidad de que ello hoy tenga curso, cabe preguntarse: ¿Quién va a hacerse cargo de la angustiante situación de los productores a partir de esta medida judicial? ¿Qué va a hacer el gobernador de todos los entrerrianos? ¿Va a seguir contemplando la situación o va a liderar una salida seria y razonable? Recordando que en su momento no dijeron nada ante el cajoneo del proyecto de ley de fitosanitarios que venía del Senado: ¿Qué posición van a tomar los diputados oficialistas esta vez? ¿Van a seguir apoltronados en sus bancas gozando de sus dietas o van a salir a respaldar a los miles de productores, vecinos y ciudadanos que los llevaron a esos lugares? Por ahora, son todos interrogantes sin respuestas”, plantearon los productores.

La Mesa de Enlace hizo saber que las entidades del campo se declaran ahora “en alerta y movilización, atento a la grave situación que atravesamos y exigimos una urgente y clara postura de nuestros gobernantes. La angustia y la falta absoluta de previsibilidad que hoy sufren los productores son el resultado de la impericia y la irresponsabilidad de los distintos resortes del Estado entrerriano y no estamos dispuestos a avalarlas”.

El duro pronunciamiento sucedió a la decisión de la Sala Penal del STJ que confirmó la inconstitucionalidad parcial del decreto N° 4.407, que dictó el Poder Ejecutivo en 2018 y que fijó límites más laxos para la limitación de fumigaciones aéreas y terrestres en zonas rurales próximas a establecimientos educativos. La decisión del alto cuerpo fue con voto dividido: los vocales Miguel Giorgio y Daniel Carubia votaron por rechazar la apelación de Fiscalía de Estado, posición a la que no adhirió Claudia Mizawak.

La batalla judicial en torno a los límites a establecer para limitar el uso de agrotóxicos en zona rural viene dirimiéndose desde el año pasado.

El camarista Andrés Marfil admitió  parcialmente la demanda interpuesta por el Foro Ecologista de Paraná y por eso mismo dispuso la nulidad parcial del decreto N° 4.407, dictado el 14 de diciembre de 2018 por el Poder Ejecutivo entrerriano por ser “inconstitucional por violación de la cosa juzgada al no ajustarse al estándar normativo del fallo dictado” en octubre del año pasado por el juez Oscar Daniel Benedetto, ratificado luego por un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En el fallo de Benedetto se habían impuesto zonas de exclusión amplísimas, de 1.000 metros alrededor de las escuelas para las fumigaciones terrestres, y de 3.000 metros para las aéreas. En cambio, el Poder Ejecutivo bajó esas distancias a 100 y 500 metros, respectivamente. Por eso, el juez Marfil decretó la nulidad precisamente del artículo 1° del decreto 4.407, que fijó las distancias para las pulverizaciones, y modificó el criterio del fallo judicial de Benedetto.

De ese modo, dejó en pie las distancias que fijó el fallo del juez Benedetto. Pero ese decreto fue puesto en tela de juicio en la Justicia por el Foro Ecologista, que consiguió resolución favorable. El juez Marfil declaró parcialmente inconstitucional el decreto del Gobierno. Esa resolución fue apelada por la Fiscalía de Estado.

La resolución del juez Marfil fue analizada entonces por la Sala Penal, pero sus integrantes se excusaron, aunque otro tribunal confirmó la integración original del tribunal, que así resolvió ahora confirmar la inconstitucionalidad parcial del decreto de Bordet. Y con un tirón de orejas al Poder Ejecutivo por no haber avalado con estudios técnicos comprobables ese cambio en las distancias mínimas para fumigar.

 

El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) habían acudido a la Justicia con un recurso de amparo ambiental con el objetivo de conseguir la nulidad del decreto dictado por el Poder Ejecutivo provincial que reglamentó las fumigaciones aéreas y terrestres en la provincia luego de un fallo judicial severo dictado en octubre último.

El amparo ambiental buscó precisamente la declaración de nulidad y revocación del decreto Nº 4407/1028, que fuera publicado en el boletín oficial el 2 de enero pasado, por el cual se regula la aplicación vía aérea y terrestre de fitosanitarios.

Efectivamente, el Gobierno publicó en elBoletín Oficial del 2 de eneroel texto del decreto N° 4.407, del 14 de diciembre, mediante el cual establece la prohibición de “aplicaciones terrestres de fitosanitarios en lugares donde existan escuelas rurales lindantes a lotes de uso productivo, debiendo respetarse una distancia de 100 metros entre los límites o cercos de la escuela y el cultivo lindero, y fuera del horario escolar o en días no lectivos”. Y las aéreas “en lugares donde existan escuelas rurales lindantes a lotes de uso productivo, debiendo respetarse una distancia de 500 metros entre los límites o cercos de la escuela y el cultivo lindero, y fuera del horario escolar o en días no lectivos”.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.