“La buena fe deja de presumirse cuando funcionarixs, legisladorxs (nacionales, provinciales y municipales), entidades agrarias y los gobiernos (provincial y nacional) ceden, favorecen o hacen causa común con quienes negocian con la vida y la salud de niños, niñas, adolescentes y docentes entrerrianos. Cuando ya no cuentan, no sólo con la licencia social –la cual la han perdido hace ya varios años- sino tampoco con la que emerge de la institucionalidad, desde el poder encargado de impartir e imponer reglas justas para la sociedad.”

De ese modo fijó su posición contraria al decreto del Poder Ejecutivo provincial que fijó límites para las tareas de fumigaciones en áreas rurales en la provincia, con notables diferencias a las limitantes impuestas por un fallo judicial del 1° de octubre último, Matías Ayastuy, responsable del área de Derechos Humanos de la administración del intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio. “Si bien esta prohibición judicial es un hecho notable y significativo, definitivamente no repara el daño histórico que han generado en todos estos años, y sin dudas debe ser considerada una alerta de que algo no estaba funcionado como debía”, planteó Ayastuy en una carta público que publicó en su muro de Facebook bajo el título “Con la gurisada y la docencia,no! Basta de escuelas fumigadas”.

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial del 2 de enero el texto del decreto N° 4.407, del 14 de diciembre, mediante el cual establece la prohibición de “aplicaciones terrestres de fitosanitarios en lugares donde existan escuelas rurales lindantes a lotes de uso productivo, debiendo respetarse una distancia de 100 metros entre los límites o cercos de la escuela y el cultivo lindero, y fuera del horario escolar o en días no lectivos”. Y las aéreas “en
lugares donde existan escuelas rurales lindantes a lotes de uso productivo, debiendo respetarse una distancia de 500 metros entre los límites o cercos de la escuela y el cultivo lindero, y fuera del horario escolar o en días no lectivos”.

El decreto, que lleva las firmas del gobernador Gustavo Bordet y del ministro de Economía, Hugo Ballay, fija que “en las aplicaciones efectuadas de acuerdo a los artículos 1° y 2°, los aplicadores de fitosanitarios deberán extremar las medidas de seguridad a fin de evitar ocasionar daños por deriva o deficiente aplicación. El desarrollo de estas prácticas deberá contemplar condiciones ambientales adecuadas en los términos en que ellas se establecen en las Buenas Practicas Agrícolas a las que adhiere la Secretaría de Gobierno de Agroindustria del
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación”.

La firma el decreto N° 4.407 es una consecuencia de la batalla judicial que iniciaron el Foro Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), mediante una acción de amparo que buscó poner límites a las consecuencias negativas sobre la salud que provocan las fumigaciones sin control.

El lunes 1° de octubre el camarista civil Oscar Daniel Benedetto dictó un fallo que prohibió “la fumigación terrestre con agrotóxicos  en un radio de 1.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres 3.000 metros”.

La medida limitante, señaló el fallo, se mantendrá “hasta tanto se determine, por las áreas estatales específicas que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste a los mismos con distancias diferentes”.

Además, al acoger favorablemente el amparo presentado por el Foro Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer9, la Justicia exhortó al Estado provincial a realizar  “en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”.

En ese marco, el funcionario del intendente Piaggio señaló que el decreto del Ejecutivo es consecuencia de que “una parte del sector productivo, sus lobistas y sus socixs, decidieron ponerse en pie de guerra. Quienes pretendían hacernos creer el campo éramos ´todos´, hoy nos muestran otra cara, se olvidaron de incluir en ese ´todos´ a un sector vulnerable de la población, quienes, al parecer deben sacrificar su salud en aras de la rentabilidad empresaria. Es doloroso, pero la cuenta es de cuantas hectáreas se dejan de producir, en lugar de cuantos niños y niñas dejan de ser fumigados con venenos”.

“Es necesario que expresemos nuestro más enérgico repudio a aquellos que otorgan más valor al dinero, la producción y a las ganancias que a la vida, a la salud y al ambiente. En especial la vida y la salud de miles de niños, niñas y adolescentes entrerrianos que son expuestxs a los agrotóxicos en las cientos de escuelas rurales de toda nuestra querida provincia de Entre Ríos”, sostiene Ayastuy. “Queremos, en consecuencia manifestar nuestro profundo repudio al decreto provincial N° 4407/18 que, intentando pasar por encima de un fallo judicial que sostiene el principio precautorio para el cuidado de la salud, expone a las escuelas rurales a la aplicación de agrotóxicos, buscando acortar las distancias ya reconocidas por la Justicia”.

Y agregó: “Instamos al Gobierno Provincial a que reflexione, se ponga del lado de quienes le otorgaron el poder que ostenta y dé marcha atrás con este decreto violatorio de derechos las comunidades educativas rurales.
Estamos absolutamente convencidxs de que hay alternativas y que la agroecología debe el principal modelo productivo a apoyar en oposición a la agricultura de guerra. Sepamos interpretar a esta comunidad de pie y en lucha por el Derecho Humano a la salud, al ambiente y, en particular, por nuestra querida gurisada y docencia. Por todo esto, decimos: ¡Basta de fumigar nuestras escuelas!”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.