El Ministerio Público Fiscal confirmó este jueves el adelanto que había dado Entre Ríos Ahora: pidió el máximo de la pena, 25 años de cárcel, para el cura Justo José Ilarraz por los graves cargos que formularon en su contra 7 víctimas por los abusos y corrupción de menores ocurridas en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo.

El monto de la pena solicitada por los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Álvaro Piérola, durísimo, de 25 años de prisión de cumplimiento efecto, es el máximo que permite el ordenamiento legal vigente al momento de los hechos. Ilarraz fue prefecto de disciplina del Seminario Menor entre 1985 y 1993. Tenía a su cargo adolescentes que cursaban la secundaria como pupilos, y esa cercanía le permitió ganar su confianza, primero, y abusar de ellos, después.

La exposición de los fiscales, que empezó pasadas las 10, concluyó cerca de las 14. En total, Ramírez Montrull –que se limitó a dar la calificación legal de los hechos- y Piérola –que se encargó de definir el pedido del monto de la pena- insumieron más de tres horas en su exposición  ante el tribunal conformado por los camaristas Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo  Pimentel. Enfrente, tuvieron al cura Ilarraz, acompañado por su abogado defensor, Jorge Muñoz, y más al fondo, los querellantes Marcos Rodríguez Allende, Lisandro Amavet, Santiago Halle, Victoria Halle, Milton Urrutia y María Alejandra Pérez.

“Se han dado por probados los hechos que se le imputan a Ilarraz”, dijo el fiscal Ramírez Montrull.

En tanto, Piérola cargó contra el encubrimiento que hubo en el andamiaje de la Iglesia Católica que permitió que, durante más de dos décadas los hechos quedaran impunes.

“Nosotros hemos atribuido la responsabilidad a Ilarraz por siete hechos, y hemos solicitado 25 años de prisión de cumplimiento efectivo, porque hemos entendido, y así lo hemos razonado y hemos brindado elementos al tribunal, de por qué entendemos que esa es una pena justa” dijo.

Además, apuntó a los “agravantes” que pudieron determinarse en el juicio que empezó el 16 de abril último. En el caso de Ilarraz, dijo Piérola, esos agravantes “tienen que ver con su posición especial, su posición de sacerdote en el ámbito que estos hechos ocurrieron. También, tienen que ver con el hecho de cómo se le garantizó (a Ilarraz) la impunidad durante tanto tiempo, con cierta  protección que no permitió que estos hechos se diluciden antes y en todo caso se ponga en conocimiento de la Justicia de un modo previo a los 30 años”.

“Entendemos que es la pena justa –subrayó Piérola- y por esa razón también hemos solicitado la prisión preventiva de Ilarraz, porque creemos que tiene sobrados elementos para fugarse, por lo que implica su capacidad económica, el arraigo dudoso -el estar en tTucumán, en la ciudad de Concepción; estuvo durante todo el juicio en la ciudad de Paraná sin que sepamos donde estaba, hasta el día de ayer que constituyó domicilio. Todos  esos elementos nos permitieron llegar a estas conclusiones”.

La pista del encubrimiento ya había sido señalada en abril de 2016, cuando la Justicia rechazó un recurso de la defensa contra el procesamiento dictado en julio de 2015 por la jueza Susana María Paola Firpo. En su voto, el camarista Pablo Vírgala planteó: “Una reflexión final merecen, sin dudas, aquellas autoridades eclesiales que, amparándose en directivas superiores, guardaron silencio sobre los hechos tan aberrantes que aquí se investigan –dijo en su voto el juez Pablo Vírgala–. Lo mismo para aquellos que debiendo ser inflexibles, optaron por el perdón sin tener en cuenta el dolor de las víctimas. No hay normas por encima de las leyes civiles. Nadie está exento de la autoridad de las mismas”.

¿Por qué la Iglesia nunca fue a la Justicia una vez que se anotició de los abusos de Ilarraz? “La confesión pública de Justo Ilarraz admitiendo los hechos tuvo lugar en enero de 1997. Y en marzo de ese año fue sancionado. Actué en lo que era mi competencia. Considero que en la denuncia ante la Justicia civil tenían prioridad los padres y el interés superior de los jóvenes, dada la naturaleza de los hechos”, respondió el cardenal Estanislao Karlic, que obispo en tiempos de Ilarraz, en su declaración por escrito en el juicio a Ilarraz.

 

Karlic afirmó en la Justicia, como ya lo había hecho en 2014, que el cura Justo José Ilarraz estuvo al tanto de la investigación diocesana que ordenó en 1995, tras conocer las primeras cuatro denuncias por los abusos en el Seminario. También, dijo que reconoció su autoría en los hechos y que pidió perdón de dos modos diferentes: a través de una carta pública que redactó en Roma, lugar en el que residió entre 1993 y 1997, y también ante el propio cardenal Karlic.

“El pedido de perdón lo hizo en relación a los hechos que se le imputaban sobre su relación con algunos seminaristas. Reconoció su culpabilidad en los hechos”, respondió Karlic a la pregunta número 13 del pliego de consultas que le formuló el Ministerio Público Fiscal en el juicio a Ilarraz, declaración a la que accedió Entre Ríos Ahora. “Tengo la seguridad de que ello ocurrió por cuanto hechos posteriores así lo confirman. Uno de ellos es que nunca volvió a la Arquidiócesis, lo que es expresión del cumplimiento de la sanción”, escribió Karlic al responder las 30 preguntas que le formuló la Fiscalía.

Karlic, el arzobispo Juan Alberto Puiggari y el obispo de Concepción, Tucumán -último destino de Ilarraz-, José María Rossi, declaran por escrito en el juicio, y este miércoles se conocerá lo que respondieron a los pliegos de preguntas de la Fiscalía, los querellantes y el defensor de Ilarraz.

Ilarraz había desmentido una aseveración brindada por Karlic durante su primera declaración, en 2014, en la etapa de instrucción de la causa Ilarraz, el sacerdote a quien siete víctimas denunciaron por graves casos de corrupción de menores que ocurrieron en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, y cuyo juicio oral empezó en Paraná el lunes 16 de abril. En su declaración indagatoria del 24 de junio de 2015, el exprefecto de disciplina del Seminario –desempeñó esa función entre 1985 y 1993- negó haberle pedido perdón a Karlic, y aseguró que nunca fue notificado de la investigación que se ordenó en 1995.

Pero el Ministerio Público Fiscal se paró por encima de ese cruce entre Karlic e Ilarraz, y reprochó la falta de acción de la jerarquía católica, que no denunció los abusos cuando tomó conocimiento en forma oficial, en el año 1995. Sólo se limitó a una instrucción interna, cuyos resultados se guardaron en el archivo secreto de la Curia.

Tras los alegatos de Piérola y Ramírez Montrull, siguieron ahora de los querellantes; y al final, el defensor Muñoz.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.