La Justicia hizo un duro reproche a la Iglesia Católica de Paraná por haber encubierto los abusos del cura Justo José Ilarraz, a quien pretendió someter a una investigación canónica que, al final, resultó una parodia, según el durísimo pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal, que con el voto del juez Alejandro Joel Cánepa rechazó la vía pretendida por el defensor del sacerdote, Jorge Muñoz, de apelar a la prescripción y solicitar así la anulación de la condena a 25 años de cárcel que le impusieron en 2018.

Aunque Casación confirmó el fallo de primera instancia y rechazó los planteos del defensor de Ilarraz, el cura no irá de momento a la cárcel por cuanto la sentencia no adquirió firmeza. Por ese motivo, seguirá con arresto domiciliario. Queda una última instancia recursiva en la provincia: la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

 

En el tramo más duro respecto de la Iglesia y su encubrimiento, el juez Cánepa sostiene que las víctimas vivieron una verdadera defraudación de su confianza y de sus expectativas, por parte de las autoridades del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, adonde habían ido a formarse para el sacerdocio, y también de la Iglesia, al verse desprotegidos de los abusos de Ilarraz, “ya que no es cierto que las víctimas de autos no denunciaron a Ilarraz en tiempo oportuno, o que no hayan dado cuenta a otras personas de lo que Ilarraz les estaba haciendo, sino que aquellas ante quienes lo hicieron o quienes pudieron tomar conocimiento de tales situaciones, se preocuparon por mantenerlas en secreto, reserva y sigilo, lo que llevó a que tales hechos nunca salieran a la luz, nunca traspasen la órbita burocrática de la Iglesia Católica local, y no llegaran a oídos de la Justicia, o de cualquier autoridad administrativa estatal y/o educacional, o incluso de los propios padres de las víctimas”.

Destaca luego el carácter “secreto” que tuvo la investigación canónica ordenada en 1995 por el entonces arzobispo Estanislao Karlic sobre las denuncias por abusos cometidos por Ilarraz y dice: “Las personas a quienes les fue confiado el ´secreto´ se ocuparon durante más de una década de ocultarlo, permitiendo así la impunidad de Ilarraz y mandando al olvido los graves delitos de los que aquellos niños a su cargo fueron víctimas”. Y agrega: “Ese mantener en secreto lo sucedido a las víctimas de autos, no es una cuestión casual, sino que  fue sin lugar a dudas un acto de ejercicio de poder de parte de quienes detentaban las jerarquías eclesiásticas que he señalado (Karlic y el arzobispo actual Juan Alberto Puiggari), más preocupados por una situación de prestigio institucional, que de lo sucedido a los niños”.

 

“Ese acto de hermetismo defendía y permitía, no solo la supervivencia y protección de Ilarraz, sino además el ´prestigio´ del Seminario y de la Iglesia Católica, fomentándose una suerte de penumbra sobre el tema. Prueba de ello, es que en las jornadas de Mariápolis del 15 y 23 de septiembre del 2012, si bien llevada a cabo por los sacerdotes del decanato III luego del conocimiento periodístico del tema, aún existía un sector importante de sacerdotes que se interesaba solamente en el mantenimiento de tal prestigio. En este sentido, no puedo dejar de citar  la declaración de (el sacerdote)  Norberto Agustin Hertel, quien señala respecto de dicha reunión celebrada en Mariápolis, en cuanto narra las discusiones en torno al tema y que ´después salta el vocero de prensa del arzobispado Ignacio Patat, que había que cuidar al obispo  y si había que caer los demás, había que caer´ y más adelante señala ´Puiggari solo se preocupó por la madre de Ilarraz, que la consolara porque era muy mayor, pero de las víctimas nada se habló´.  También es importante en tal sentido la declaración testimonial de José Francisco Dumoulin: ´Expresa que deja el Ministerio a raíz de esa causa, que empezaron a venir las diferencias con Puiggari, me traslada a Villaguay a comienzos del 2013, pero siguieron las diferencias y en el año 2015, surge otra situación similar con otro sacerdote denunciado por abuso, que era el Padre Moya y esto agravó la situación de tensión con Monseñor Puiggari y desanimado y desencantado por este manejo no adecuado, por lo menos a mi modo de entender, es que decidí tomar distancia del Ministerio y hace pocos meses pedí la dispensa del Ministerio después de un año de Licencia´.  No son menores los dichos de Gustavo Javier Mendoza, quien señala que ´de los abusos me entero con mucha fuerza en la reunión de Mariápolis en el 2012 y de rumores me entero en el Seminario, pero nunca indagué en el Seminario, se comentaba que había pasado algo turbio, no se decía nada con claridad ni siquiera en la reunión de Mariápolis; siempre se habló de supuestos; una manera triste de manejarse hacia adentro de la Iglesia´”, subraya el pronunciamiento del magistrado.

 

Así, Cánepa -en un fundamentado voto al que adhirieron los vocales Cristina Lía Van Dembroucke y Dardo Tórtul- resalta que como consecuencia de ello, “los actos del cura condenado fueron cubiertos por personas a las que les cabían no solo las obligaciones propias de todo garante por encontrarse al cuidado de aquellos niños, sino a las de toda autoridad educativa, ya que los hechos fueron cometidos en un instituto incorporado a la educación estatal bajo una forma de gestión privada a cargo de la Iglesia Católica, pero bajo la supervisión de organismos estatales, quienes tenían también derecho y la obligación de conocer lo que allí sucedía para poner el tema a consideración de la Justicia y/o de los padres de esos menores. Entre ellos, surge de las constancias de la causa, que autoridades del Seminario y de la Iglesia Católica local de entonces, como Puiggari -por entonces Prefecto y luego Rector del Seminario- y Karlic -por esa época, arzobispo de Paraná-, no brindaron el apoyo debido a aquellas víctimas de los abusos sexuales perpetrados por Ilarraz, sirviéndose (Karlic) de aquella denominada ´investigación canónica´ , llevada adelante en el reservadísimo ámbito del arzobispado local, para parodiar una supuesta contención a las víctimas, a la vez que mantenía sus denuncias -y los hechos- en el más absoluto secreto”.

 

Resalta que tras esa investigación canónica, Karlic le aplicó una sanción a Ilarraz por los abusos cometidos en el Seminario, pero a pesar de ello “no se le impidió a Ilarraz que continuara ejerciendo el sacerdocio, que era lo que específicamente las víctimas le habían pedido a Karlic”. Y agrega: ”En definitiva, por hechos que el Código Penal vigente en 1989/1992 definía como delitos calificados y reprimía con hasta 20 años de prisión (violación cometida por un sacerdote), Ilarraz recibió como sanción el destierro vicarial y un mes de lo que hoy puede concebirse como una ´prisión domiciliaria´, en una parroquia ´a designar´ por Karlic, con el claro y para nada velado propósito de quitar a Ilarraz de la escena local, no para el resguardo o en beneficio de las víctimas, sino para evitar el escándalo que su torcida conducta podía generar en la comunidad católica local”.

 

Luego analiza el modo cómo se llevó adelante la investigación canónica, y sostiene que “nada de lo denunciado llegaría jamás a oídos de autoridad alguna, debiendo los denunciantes confiar y dejar todo en las manos de la iglesia”.

 

Cita una afirmación del cura Silvio Fariña, encargado de investigar a Ilarraz, quien el 22 de octubre de 1995 planteó que “la persona del posible reo (Ilarraz) no está ya en la diócesis aunque sigue incardinado en la misma y, si no cambió de parecer, pensaría regresar una vez terminados sus compromisos en aquella donde reside actualmente. Traerlo para un juicio parecía imprudente ya que el asunto tratado era muy delicado y la animosidad en contra del acusado por parte de las posibles víctimas hacía prever un más que posible escándalo. Sin embargo, había que tomar medidas acerca de este asunto, por el cargo que desempeña hoy el acusado en aquella y para evitar más trastornos en lo sucesivo, si es que el acusado pretendiera volver. (…) El único paso que no se dio es el de tomar declaración al posible reo por no estar en Paraná y por no ser prudente su regreso. Dicha actuación se la encomendó a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe destinataria de todo lo actuado, y nos poníamos a su disposición para los siguientes pasos que hubiera que dar, solicitando instrucciones pero previendo también que no considerábamos prudente ni necesarios más trámites en Paraná ni en la Argentina. (…) Lo que pedimos es que se tome declaración al acusado que está en aquella. Seguimos no la vía judicial sino la señalada por la instructio porque así se nos indicó. Si esta no es la manera apropiada por no ser cierta la vigencia de la instructio por favor digannosló. Sin embargo pedimos también que si hay algún camino para evitar el juicio en la Argentina por favor nos lo indique”.

Canepa concluye que todo quedó “en el más absoluto secreto, negándole incluso toda información al respecto a los propios denunciantes”. De lo analizado, sostiene el magistrado, “surge palmario el incumplimiento de Karlic como garante y jefe de la Iglesia local, y como representante del titular de la escuela El Seminario -el arzobispado-, cuando refiere por escrito al Tribunal de Juicios que ´en la denuncia ante la justicia civil tenían prioridad los padres y el interés superior de los jóvenes, dada la naturaleza de los hechos´, dado que nunca, en ningún momento de la estadía de los denunciantes en el Seminario, ni durante la instrucción de la investigación canónica, ni mucho menos  luego de que Ilarraz ´confesara´ los hechos y aquel fuera ´sancionado´ por Karlic, se citó a los padres de esos menores de edad para comunicarles lo que estaba ocurriendo con sus hijos por parte de un sacerdote de la Iglesia local y profesor de aquella casa de estudios; por lo que nunca se tuvo realmente en cuenta el interés superior de aquellos, ni su opinión (ya que lo único que querían era que Ilarraz no sea más cura, lo cual NO sucedió), nunca se les explicó cuáles eran los caminos procesales que podían recorrer, nunca se les dio el apoyo y la confianza suficiente para encarar dicha situación con sus propios padres, ni se los puso a éstos últimos en “situación” de lo que ocurría, así como tampoco se tuvo nunca la verdadera voluntad de que el caso fuera sometido a cualquier ámbito de investigación y/o juzgamiento por fuera de los claustros católicos”.

“La misma actitud que se advierte aquí de Karlic, cabría también para Puiggari, puesto que él fue -como docente y autoridad (´Prefecto´) de la escuela a la que asistían los jóvenes (el Seminario)- uno de los primeros en tomar conocimiento y contacto con las denuncias, por boca del propio Rausch -según lo testimonia éste-, pero también quien participó de toda la investigación diocesana y de las entrevistas a los jóvenes abusados,  eligiendo él también el camino del secreto, del sigilo y de la reserva. Tan grave ha sido el trato que se les brindó a aquellas víctimas durante, y posteriormente, a la investigación canónica referida, que ello aun hoy podría generar responsabilidades internacionales del Estado argentino, sin importar que no se trate de actos cometidos por sus funcionarios, en cuanto no se respetó -de ninguna manera ni forma posible- ninguno de los cánones o estándares legales y/o jurisprudenciales vigentes entonces, que garantizan los derechos de los menores a ser oídos en cualquier proceso que los tenga como protagonistas, ni -mucho menos- su interés superior”.

 

Sin acusación


Cánepa se sorprende que, con las evidencias del encubrimiento de la Iglesia a Ilarraz, el Ministerio Público Fiscal “no haya avanzado en la investigación de las posibles y/o eventuales responsabilidades penales de estos dos prelados, eligiendo por motu proprio no realizar ninguna imputación ni pesquisa contra ellos, aun cuando en todas las instancias del presente proceso -y de manera particularmente enfática en la presente- han sido sus representantes y funcionarios quienes se han basado -justamente- en un “encubrimiento” de los abusos por parte de la cúpula eclesiástica, como el mayor condicionante de la realización de las denuncias (judiciales) a tiempo por parte de las víctimas, y -a la vez- como el fundamento cardinal y sustancial de la actual vigencia de la acción penal en contra de Ilarraz; haciéndose eco de ello los anteriores tribunales que se han expedido al respecto, quienes (todos) destacaron aquello como el elemento diferenciador que sostiene esa decisión”.

 

“Aquellas autoridades de la Iglesia ni siquiera les transmitieron la alegada ´confesión´ de Ilarraz, ni su fabricado pedido de perdón a las víctimas, por lo menos para tranquilizarlos en conciencia y espíritu; sobre todo cuando de la misma surge el reconocimiento de actos -por lo menos- indecorosos para con ellos, y el supuesto arrepentimiento del imputado, junto a su pedido de clemencia y piedad”

 

“Las víctimas solo conocieron esa declaración a partir de la investigación penal, pero incluso la misma no fue reiterada en juicio por Ilarraz, ya que comparando esta con aquella, Ilarraz ni se mostró humilde, ni mucho menos arrepentido, brillando por su ausencia el pedido de perdón que antes suplicaba de sus jefes eclesiásticos, y que le fue otorgado misericordiosamente por Karlic”, refiere Cánepa.

Y agrega:   “La tan mentada ´confesión´ de Ilarraz solo tenía sentido en el marco de una investigación secreta con destino a ser guardada en los más sórdidos archivos burocráticos, y con el objeto de poder cerrar la misma con las sanciones ya referidas.”

 

Prescripción


Ilarraz fue condenado el 21 de mayo de 2018 a 25 años de prisión al declararlo la Justicia “autor material y responsable de los delitos de promoción a la corrupción de menores, agravada por ser encargado de la educación” en cinco casos, y abuso deshonesto en dos casos, a la pena de 25 años de cárcel.

 

El presidente de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Joel Cánepa, fue quien fundamentó el rechazó al planteo del defensor de Ilarraz, Jorge Muñoz, y después de resaltar el escrito “contradictorio” que formuló la defensa. “En otras palabras, la Defensa ha optado por sujetar su primigenio planteo a una revisión extraordinaria y por otra parte, duplica idéntica pretensión ante este Tribunal sin desistir del anterior, lo cual no supera el análisis  desde la lógica procesal, ya que no pueden existir ambos planteos  en un mismo tiempo, para ser resueltos  por dos Tribunales distintos en coetánea actuación. A mayor abundamiento, la propia Defensa al deducir el recurso extraordinario, en los recaudos de admisibilidad, consideró expresamente la definitividad de lo resuelto en la instancia provincial, así como también, la evidente irreparabilidad del gravamen al considerar que la resolución en crisis no permitía un ulterior tratamiento (…). En otro orden, la circunstancia que la prescripción puede ser planteada en cualquier estado y grado del proceso, no implica  que pueda ser reeditada de manera idéntica ante cada Tribunal  en que se intervenga de manera originaria, tal como pretende hacerlo  la Defensa; máxime si aún, como se expuso, su inicial planteo todavía no  adquirió firmeza formal, todo lo cual precipita el rechazo de esta pretensión”, dice Cánepa en su  fallo.

 

Respecto del planteo de prescripción, de igual modo, el magistrado se remite a lo resuelto ya en distintas instancias en la provincia e hizo “propios los argumentos vertidos por los tribunales de grado y el voto mayoritario del Superior Tribunal de Justicia Provincial en esta causa -a los que me remito en honor a la brevedad y per relationem-, los cuales afirmaran que la acción penal en la  presente causa se encuentra plenamente vigente”.

 

En el tramo sustantivo de su voto, Canepa sostiene: “Sin dudas, el hecho de que la Justicia provincial -en todos sus niveles- ya se hubiera pronunciado en favor de la vigencia de la acción y -sobre todo- del derecho constitucional a la verdad y a la tutela judicial efectiva en cabeza de las víctimas, precipitó la realización del debate aún cuando el tema de la vigencia/prescripción de la acción no estaba ´agotado´, ya que el mismo se encontraba pendiente de una resolución definitiva por la Corte”.

Recuerda luego el fallo de la Corte en torno a la prescripción, que se conoció el 7 de junio de 2018, que rechazó esa vía por parte de la defensa por cuanto no se trataba “de una sentencia definitiva o equiparable a tal”. Y definió que “si la Corte hubiera definido la cuestión relativa a la prescripción de la acción penal, ya sea en favor de su vigencia o de su extinción, no estaríamos revisando en este acto el tema en cuestión; lo que es lo mismo que decir que frente a la indefinición de nuestro máximo tribunal -y solo luego de la misma-, es que el tema puede plantearse -y resolverse- en esta instancia aún si no se hubiera planteado en la instancia de juicio”.

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Y afirma más adelante: “Pero sin ir más lejos, y aún con los matices propios de cada uno de ellos, no puede sino advertirse -de todas las intervenciones jurisdiccionales apuntadas en el incidente s/extinción de la acción penal- que existe un mismo hilo conductor, o núcleo duro, que llevó tanto al Juez de Instrucción, como a la Cámara Primera -por mayoría-, a la de Casación y a la Sala Penal del STJER -también por mayoría- a sostener que el instituto de la prescripción no resulta aplicable al caso”.

 

“El mismo puede ser resumido en que las normas del derecho internacional de los derechos humanos, de mayor jerarquía que las normas de derecho interno, obligan al Estado Argentino a investigar, juzgar y sancionar los hechos denunciados, en cuanto implicaron una grave afectación a los derechos humanos de las víctimas, cometidos por una persona que ostentaba una jerarquía superior en la iglesia católica local, pero que  a la vez era nada menos que educador, confesor, guía, garante y custodio de su seguridad y bienestar al momento de los hechos, habiéndoseles impedido (a las víctimas) el acceso oportuno a la justicia y a una tutela judicial efectiva en función del silenciamiento que de los mismos hechos realizara la propia jerarquía de la iglesia a la que pertenece el autor, obligándolos a guardar secreto de las denuncias que oportunamente realizaran en un juicio diocesano llevado adelante también en secreto y luego archivado sigilosamente”.

Después, Cánepa analiza el recorrido de la causa en la Justicia entrerriana en lo que respecta al planteo de prescirpción, rechazado desde el vamos en 2013 por el primer juez de la causa, Alejandro Grippo, que consideró a Ilarraz como “miembro de una organización de poder, como la Iglesia Católica”, análisis que es compartido por la jueza Marcela Badano, en Casación, cuando afirma que los hechos imputados son “crímenes cometidos desde el poder”, y por el otrora miembro de la Sala Penal del STJ, Carlos Chiara Díaz en su voto cuando afirmó que el cura se aprovechó no solo de su poder para realizar los ilícitos imputados, sino también para garantizarse su impunidad.

Pero además, planteó que los abusos a menores son “delitos que suponen una grave violación a los derechos humanos y que existe un deber estatal de investigarlos, en función de lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención de los Derechos del Niño -respecto de lo cual existe coincidencia en todas las instancias”. Analizó a la vez que “existió, respecto de las víctimas -todos los cuales eran menores de edad (niños) al momento de los hechos- una violación a su derecho a la tutela judicial efectiva puesto que los hechos denunciados ante las máximas autoridades eclesiásticas de la jurisdicción, en el marco de un juicio diocesano, lo fueron bajo juramento de guardar secreto, y no fueron puestos en conocimiento de nadie, ni de sus padres, ni de las autoridades administrativas y/o judiciales estatales, es decir, ocultados y silenciados por aquellas mismas autoridades -respecto de lo cual también existe coincidencia-“.

 

Defendió después la sentencia del tribunal que presidió la jueza Alicia Vivian –y que integraron además Carolina Castagno y Gustavo Pimentel .la que “no puede tildarse la sentencia impugnada como arbitraria por carencia de fundamentos, o que la misma viole la debida defensa o, incluso, cualquier otra garantía procesal”.

“Así las cosas, y habiéndose agotado las instancias ordinarias y extraordinarias locales, podemos afirmar que sobre el tema -y hasta tanto no exista un pronunciamiento en contrario de nuestro máximo tribunal nacional- existe en la provincia la decisión de que, en el caso, la acción penal se encuentra vigente, habiéndolo así decidido -por mayoría- el Superior Tribunal de Justicia local, en instancia extraordinaria, el pasado 27/04/2015.”

 

Y resalta la vigencia de los Tratados Internacionales, -los Comités de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los Derechos del Niño, y del Comité contra la Tortura -todos en el ámbito de la ONU-, también del Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, así como también las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante: “Corte IDH”)- y señala:”La aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al ámbito interno tuvo, en Argentina, una evolución vertiginosa, a la vez que se trata de una categoría en constante expansión que se ve potenciada en el marco de la doctrina del control de convencionalidad”.

Canepa resaltó de modo insistente el voto de la vocal Claudia Mizawak, integrante de la Sala Penal del STJ en el fallo del 27 de abril de 2015, que agotó la discusión en la instazncia provincial de la vía de la prescripción., cuando señaló  que “no existe tensión alguna entre el derecho de las presuntas víctimas a que la justicia investigue los hechos que han denunciado y obtengan una respuesta a sus requerimientos y pretensiones, como una forma de afianzar la justicia, con los derechos constitucionales del acusado” a obtener una “respuesta”, como resultado de la investigación que se permitió iniciar, continuar y concluir -en función de entender como vigente la acción penal-, entonces aquella no puede ser otra que un “juicio” y una “sentencia” -como resultado de ese último- la cual, obviamente, puede resultar condenatoria o de absolución.

Pero además hizo propios dictamene de la Corte Interamericana de Derechos Hmanos (CIDH) que ha sostenido “la inaplicabilidad de tal resorte material/procesal en aras de que una grave violación a los derechos humanos no quede impune; y ello ha sido así no obstante haber afirmado y reconocido que la prescripción (en materia penal) determina “la extinción de la pretensión punitiva por el transcurso del tiempo, y que, generalmente, limita el poder punitivo del Estado para perseguir la conducta ilícita y sancionar a sus autores” . Así, “cuando los delitos en cuestión implican graves violaciones a los derechos humanos, aquella no hesitó en destacar que, “en ciertas circunstancias, el Derecho Internacional considera inadmisible e inaplicable la prescripción”

 

“Vale decir -entiendo-, que cuando la Corte se refiere, como graves violaciones a los derechos humanos a los casos de tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y a las desapariciones forzadas, no lo hace de manera taxativa ni cerrando -a modo de “numerus clausus”- la nómina o plantel de delitos que puede considerarse de la misma especie; sino que, como lo expresó en otros casos también arriba citados, debe estarse a que se trate de una conducta “cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas”, y/o se encuentren involucrados sujetos de especial protección constitucional o convencional (mujeres y/o niños, entre otros), “independientemente de la calificación de los mismos como de lesa humanidad (o no)”, ya que de otra forma, aquella categoría quedaría petrificada en el tiempo en el cual fue ejemplificada con la mención de solo aquellos delitos. Es decir, que brinda parámetros objetivos que al analizar y verificar su concurrencia en determinados delitos, éstos puedan ser incluidos dentro de tal categoría, lo que implica -desde ya- recurrir al casuismo”.

 

“Dicho criterio no implica que se desconozcan los alcances e importancia que tiene el instituto procesal de la prescripción, sino que éste debe aplicarse siempre que corresponda -en atención a su carácter de orden público-, salvo que se compruebe, en cada caso en particular, alguna de las referidas circunstancias citadas por aquel Tribunal regional.    El conflicto -entonces- entre la justicia y la seguridad jurídica puede ser resuelto en el sentido que el derecho positivo asegurado por la sanción y el poder tiene prioridad aún cuando su contenido sea injusto y antifuncional, salvo que la contradicción de la ley positiva con la justicia alcance una medida tan insoportable que la ley, en cuanto derecho injusto, deba retroceder ante esta última.”

Se pregunta luego si las personas que denunciaron a Ilarraz “eran, al momento de los hechos, personas vulnerables”, y se responde que sí. Y “por lo tanto merecían especial tutela”.

“Ahora bien, a partir del reconocimiento de tal especial tutela, entiendo que resulta procedente -para continuar con el análisis- dilucidar si pueden los abusos sexuales que conllevaron a las imputaciones que precedió al juicio contra Ilarraz, ser considerados como violaciones de sus derechos humanos, o graves delitos”, plantea luego.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.