“Lo esperamos 30 años: podemos seguir esperando un poco más”.

De ese modo razonó Fabián Schunk, uno de los siete denunciantes del cura Justo José Ilarraz cuando se enteró de la suspensión del juicio oral que debía comenzar este lunes 13, a las 9 de la mañana, en los Tribunales de Paraná.

Schunk empezó la semana con la firma del poder a sus nuevos querellantes, Santiago y Victoria Halle –la abogada que lo representaba, Rosario Romero, asumió como ministra de Gobierno–, mantuvo reuniones de última hora para preparar la estrategia y a última hora del jueves llegó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocado por la producción del programa “Cámara del Crimen”, que se emite por Todo Noticias. Fue, claro, a hablar del caso Ilarraz.

“El que festeja esta suspensión es Ilarraz, no nosotros. Lo siento mucho por el juez y por su familia, y espero que no sea de gravedad y que se pueda componer, independientemente si va a estar o no en el tribunal que lo juzgue a Ilarraz. La prioridad es la salud del juez”, dijo, condescendiente.

El juez del que habla es Darío Ernesto Crespo, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, que junto a Alicia Vivian, de Gualeguaychú, y Ewdin Leonardo Bastian, de Concordia, integra el tribunal conformado para juzgar a Ilarraz. Pero en las últimas horas el juez Crespo tuvo un serio problema de salud que lo obliga a someterse a una intervención quirúrgica de urgencia. Y las audiencias, previstas para el lunes, quedaron aplazadas.

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, que había concentrado el análisis y redacción del texto de la apertura del juicio toda esta semana, formuló el pedido de elevación a debate oral de la causa el 26 de junio de 2016, cuando calificó los delitos que se le endilgan a Ilarraz como “corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación”, en línea como lo expresara el Procurador General Jorge Amílcar García en la denuncia de oficio que formulara en septiembre de 2012, al abrir la causa.

El hecho se engloba, parafraseó Ramírez Montrull tomándose de aquel planteo, “en una mayor cantidad de sucesos ilícitos semejantes, es decir abusos sexuales en perjuicio de niños de doce a quince años que se hallaban internos en el Seminario Menor de Paraná del cual era prefecto el acusado Ilarraz, es decir que se hallaba en posición de garante, en la modalidad de protección de personas, o relación de confianza especial”.
Y se tomó de un pronunciamiento de la Cámara del Crimen Sala I, del 17 de febrero de 2014, cuando concluyó que Ilarraz, “quien al momento de los hechos detentaba el cargo de superior del Seminario Menor y director espiritual de los niños, con su proceder habría vulnerado el deber de proteger a los niños que estaban a su cargo de todo tipo de abuso, incluido el abuso sexual. Y no sólo habría incumplido con ese deber de garantía, sino que él mismo habría perpetrado los aberrantes hechos que se denunciaron, aprovechándose del poder de intimidación y coerción que podía ejercer sobre ellos debido al cargo y posición que ocupaba”.

Siete denuncias pesan sobre Ilarraz, todos expupilos suyos en el Seminario, que relataron de qué modo abusó de ellos mientras permanecían como internados, cursando el nivel secundario. El juicio contará con la presencia como testigos de los tres últimos obispos de Paraná, Estanislao Karlic, Mario Maulión y Juan Alberto Puiggari, más el diocesano de Concepción, Tucumán –último destino de Ilarraz–, José María Rossi. Y 25 sacerdotes.

Pero para todo eso no hay fecha.

“Lo suspendieron –confirmó el fiscal Ramírez Montrull-. El juicio está por ahora suspendido. Veo difícil la posibilidad de que se fije nueva fecha para este año. Vamos a intentar que sea a principios de 2018, en febrero”.

Walter Rolandelli, que se incorporó como querellante junto al abogado Marcos Rodríguez Allende, especuló con la idea de que el juicio se haría “en marzo”, según dijo a Entre Ríos Ahora.

El querellante Santiago Halle fue cauto en la evaluación. “No queremos plantear nada anticipadamente sin saber cuál es la situación del juez. Queremos conocer qué decisión toma el tribunal para después actuar”, dijo.

La situación se planteó así: Crespo, el tercer vocal del tribunal, pidió licencia por enfermedad. Qué sigue ahora: el juicio se suspende. Si el incidente de salud hubiera ocurrido cuando las audiencias ya hubieran empezado, el tribunal puede suspender diez días el trámite, hasta que el juez pueda reincorporarse. Pero en este caso el debate no había comenzado, y por eso lo que sigue ahora es la fijación de una nueva fecha para el juicio.

–¿Sería el año que viene? –preguntó este sitio a una fuente de la Justicia.

–Sí, con seguridad, el juicio va a ser el año que viene.

–¿No puede haber otra integración del tribunal?

–No se lo puede dejar afuera porque pidió licencia por enfermedad. Por ahora, no hay motivos para dejar sin efecto la integración del tribunal que se dispuso ya. Pero además, en el caso que de que el tribunal se integre de otra forma, se abre la posibilidad de que los defensores lo recusen.Y en este esquema, el juicio pasa a 2018 porque no da el tiempo.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.