La resolución está fechada el 7 de julio.
Pero se conoció recién el lunes 31.
La resolución fijó, a casi cinco años de haberse iniciado el juicio oral al cura Justo José Ilarraz por los abusos en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, la fecha de los debates.
El Tribunal especialmente conformado con magistrados de distintas jurisdicciones –Alicia Cristina Vivian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú; Edwin Ives Leonardo Bastian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; y Darío Ernesto Crespo, vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguay– resolvió que los debates en el juicio oral serán del 13 al 15, del 21 al 24, del 27 al 30 de noviembre, y del 1° al 5 de diciembre. Las audiencias tendrán lugar todos esos días, a partir de las 9, en el salón Nº 1 del edificio de Tribunales de Paraná
Pero además los jueces Vivian, Bastian y Crespo hicieron lugar al planteo que hizo uno de los abogados querellantes, Milton Ramón Urrutia, que reclamó que le regulen honorarios, que deberá pagar quien fue el primer denunciante de Ilarraz, y además su representado, hasta que decidió cambiar de abogado, y contratar los servicios de Rosario Romero.
Urrutia se molestó con esa decisión, y decidió reclamar que le pague los honorarios. Pero sólo
se lo reclamó a uno de los tres denunciantes que representaba.
La resolución judicial dice: “Regular los honorarios profesionales del Dr. Milton Urrutia, por su actuación en la presente causa, en la cantidad de 170 Juristas, equivalentes a $ 59.500, los que se declaran a cargo de quien fuera su representado, HRR (Entre Ríos Ahora preserva el nombre de quien es una de las siete víctimas que denunciaron a Ilarraz en la Justicia).
Como informó Entre Ríos Ahora en noviembre último, Urrutia fue parcialmente apartado de la causa Ilarraz, luego de que 3 de los 4 representados que tenía decidieron tomar los servicios de la abogada Rosario Romero.
La decisión de los denunciantes de Ilarraz de abnadonar los servicios del querellanteUrrutia se tomó luego de que el abogado decidiera dar un giro escandaloso: se constituyó en abogado defensor de otro miembro del clero con una causa penal por abusos, Juan Diego Escobar Gaviria, que el próximo 22 de agosto irá a juicio en Gualeguay.
El 18 de noviembre, el juez Alejandro Grippo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones, dispuso: “Atento a lo informado por la Actuaria, y previa remisión del expediente a las distintas jurisdicciones, téngase por revocado el poder otorgado al Dr Milton Urrutia como representante de los querellantes particulares (Entre Ríos Ahora reserva sus nombres) debiendo continuar la Dra Rosario Romero, en tal carácter”.
HR es testigo clave en la causa Ilarraz.
El 18 de septiembre de 2012 hizo la primera denuncia contra el cura que fue prefecto de disciplina en el Seminario de Paraná entre 1985 y 1993, cuando se produjeron los abusos a los adolescentes que cursaban como pupilos la escuela secundaria.

Dijo HR que se lo contó al ahora sacerdote Pedro Barzán en1993, dos años antes de lo que dice Estanislao Karlic. Pero en su testimonio en la Justicia, Karlic señaló que supo de los abusos a mediados de 1995, de boca del entonces rector, hoy arzobispo Juan Alberto Puiggari.

Pedro Amadeo Barzán, cuando declaró en la Justicia, dio otra versión: ingresó al Seminario en marzo de 1983 y finalizó sus estudios en 2000. En el Seminario, desempeñó la función de bedel –una especie de preceptor, que les era asignada a los seminaristas más avanzados sobre los más jóvenes–; en 1991 fue bedel de HR, una de las víctimas. HR le cuenta a Barzán de los hechos “antes de mayo de 1994”, fecha en la que se ordenó diácono y dejó de ser bedel. Y no bien se enteró, lo puso al corriente a Puiggari. Pero Puiggari lo contó en 1995.

El sacerdote Néstor Pucheta, residente en Córdoba, también deja entrever en su declaración que los hechos sucedieron antes de lo que la jerarquía dice que se enteró y que muchos sabían de los abusos. Llegó al Seminario en 1995, ya cuando Ilarraz se había marchado a Roma –partió en 1993— y tuvo amistad con un seminarista que le contó de los abusos del sacerdote. Enteradas las autoridades de los hechos, relató, hubo una “prohibición” de las amistades particulares entre los seminaristas mayores y menores. Especialmente se lo dijeron a él por su amistad con una víctima, a quien contenía cuando se “desbordaba”. Sólo Puiggari sabía el porqué de esa cercanía entre ambos; los otros no, según la trascripción de su declaración que agregó la jueza Susana María Paola Firpo en el expediente “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”.

De todo eso se hablará en las audiencias que comenzarán el próximo 13 de noviembre, y de esos debates, se espera, surgirá la verdad, y la condena o la absolución a Ilarraz.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.