El abogado Ramiro Pereira insistió en la Justicia con una denuncia penal por incumplimiento de sentencia judicial contra las autoridades del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

Ahora, lo hizo mediante la presentación como querellante particular de una mujer, Sandra Marisa Ríos, que busca que, tal como lo ordenó una jueza de familia, la obra social incorpore a su hija como afiliada mientras se tramita una causa en Tribunales por filiación con un hombre, afiliado directo a Iosper, de quien dice que es el papá de la menor.

Como informó Entre Ríos Ahora, el fiscal Álvaro Piérola mandó al archivo la denuncia penal presentada contra el presidente del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, por el supuesto delito de incumplimiento de un mandato judicial.

La causa se había caratulado “Ríos Sandra Marisa s/Denuncia s/Desobediencia” y tuvo su inicio el pasado 20 de noviembre cuando se radicó denuncia contra el titular de la obra social provincial por “desobediencia judicial”. Y fue una derivación de una causa civil por filiación que se tramita en el Juzgado de Familia N° 4, a cargo de la jueza Claudia Lafferriere.

En una medida previa a resolver la causa de filiación –una mujer demandó a un empleado de la Municipalidad de Paraná por la supuesta paternidad de su hija, causa que está tiene en trámite en el juzgado de Lafferriere-, se dispuso que Iosper debía inscribir a la hija de Sandra Maria Rios como afiliada adherente “de manera provisoria”.

La disposición judicial data del 27 de diciembre de 2017. El Iosper respondió la orden judicial el 6 de febrero de 2018 y puso como argumento el texto de la resolución N° 229, del año 2010, que establece que la incorporación de afiliados adherentes cuando sean “hijos menores de edad del afiliado, reconocidos y/o bajo guarda determinada por sentencia y/o menores con sentencia de adopción”. El caso no encuadraba en ninguno de esos parámetros.

En su resolución, el fiscal Píerola hizo saber a quien promovió la denuncia penal contra las autoridades de Iosper que «se encuentra habilitada a constituirse en parte querellante, y convertir la acción pública e npivda a efectos de continuar con la acción penal en forma autónoma».

Eso es lo que promovió ahora la mujer, asistida por el abogado Ramiro Pereira. El escrito presentado en Tribunales dice que «en calidad de particular ofendido (…) es que vengo a constituirme en Querellante Particula en las actuaciones iniciadas por denuncia efectuada por la suscripto el día sábado 20/11/2018 por ante el Ministerio Público Fiscal contra el señor Fernando Cañete, en razón de ser el Presidente del Directorio del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper)».

«Entiendo que los hechos detallados precedentemente evidencian la decisión de las autoridades del Iosper, y en particular del presidente de su Directorio, de incumplir con la manda judicial en cuestión, esto es, la resolución judicial ordenando la inscripción de una niña como adherente», dice el escrito. «En la medida que la denuncia penal importa anoticiar a la autoridad titular de la acción penal pública de hechos que reviste apariencia delictual, se considera en principio que el presunto autor del delito es el presidente del Iosper Sr. Fernando Cañete, a quien incluso se le dirigió nota advirtiendo sobre que de continuar el incumplimiento de la orden judicial se proseguiría a radicar denuncia penal», añade.

Y agrega: «No obstante esta última aseveración, de la investigación a realizarse debiera surgir si ha habido otros partícipes del delito –otros miembros del directorio, en particular- lo cual es hasta probable dado que el rechazo a la orden judicial pone de manifiesto, además de cierta desaprensión respecto del ordenamiento jurídico, la rutinización burocrática de tal actitud –llamémosle- desaprensiva».

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.