El presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, negó que haya un retaceo de prestaciones a los afiliados, sobre todo a los que padecen algún tipo de discapacidad y a la vez respondió a los últimos reclamos que ha tenido el organismo, y apuntó al trasfondo político que habría.

Dijo que no cederá a los “aprietes políticos” y para poner blanco sobre negro, Cañete hizo notar que el gerente de Prestaciones de Iosper, el exsecretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Sergio Elizar, reveló que en uno de los tantos planteos que han recibido en los últimos día , uno “venía con el aval de la exintendenta Blanca Osuna”.

No obstante, después tamizó sus aseveraciones, y afirmó que se puso en contacto con la exjefa comunal, y que ésta negó toda intervención en los reclamos. “Blanca se puso a disposición. Pero sabemos que hay otros con intereses políticos detrás de los reclamos”, aseveró Cañete.

Aunque la presión ha cedido, la obra social provincial soporta la presión de los amparos en la Justicia que, en los primeros diez meses de 2017 le significar el pago de casi $9 millones en honorarios a abogados.  Entre Ríos Ahora reveló el dato a partir de un informe interno de Iosper que da cuenta que en los primeros diez meses de 2017, Iosper pagó $11.800.000 en concepto de cobertura por “leyes especiales”, entre las que se incluyen obesidad –cirugías bariátricas, por ejemplo-, trasplantes, y fertilización asistida-; otros $116.161.018 por la “judicialización” de coberturas mediaste recursos de amparo: medicamentos de alto costo representaron demandas por casi $30 millones, pero también se judicaliza el cobro de los reinteros.  Por esa vía, la obra social provincial debió pagar $83.300.000.

Al margen de esa situación, el presidente del Iosper dijo que que la obra social “cumple con la ley y garantiza los beneficios a afiliados discapacitados”, pero advirtió que no aceptará aprietes políticos que desvirtúen los reclamos.

“El esfuerzo que realiza Iosper para cumplir con la normativa vigente es inmenso, ya que debe hacerlo con recursos propios, sin recibir asistencia extra; no aceptaremos jugadas deshonestas para beneficios personales que desvirtúen los reclamos”, señaló Cañete.

De ese modo, ratificó “el compromiso de la gestión con sus afiliados, que implica pautas de trabajo claras con prestadores, servicios y beneficios sociales en salud: Tuvimos muchas reuniones, diálogo y espacios de negociación que nos permitieron llegar a acuerdos que redundan en beneficios para los dueños de la obra social, que son los trabajadores”.

En ese marco, Cañete se refirió a una información que generó malestar tras una supuesta reunión entre un grupo de padres de niños con capacidades diferentes, y empleados del Iosper, y señaló que el gerente Prestacional, Sergio Elizar, y su par de la gerencia Administrativa, Arnoldo Schmidt, recibieron a los papás para aclarar la situación.

“Esos padres reclamaron por reintegros prestacionales, la burocratización y los plazos de cancelación y los entendemos, pero deben saber que, a pesar del delicado contexto económico, del cual no escapa Iosper, la situación se irá regularizando paulatinamente”, indicó Cañete.

También aclaró que la obra social propone un diálogo abierto y permanente, pero señaló que “eso no significa que cederemos ante los aprietes políticos de personas inescrupulosas que buscan desestabilizar usando metodologías desacertadas para beneficio personal”.

La referencia a los aprietes políticos que hizo el presidente de Iosper tuvo una destinataria precisa: la exintendenta de Paraná, Blanca Inés Osuna.

“Digo esto –abundó Cañete- porque en una de las últimas reuniones, el gerente prestacional, Sergio Elizar, me dijo que una de las personas que hizo un reclamo venía con el aval de la exintendenta Blanca Osuna”. Aunque enseguida aclaró que con la exjefa comunal la unea una “muy buena relación”.

“Nadie nos asigna los recursos extras para cumplir con las normativas vigentes”, dijo el funcionario y recordó que Iosper presta atención a un total de 5.757 afiliados discapacitados y con Certificado Único de Discapacidad (CUD) de la provincia.

 

El directivo recordó que “el esfuerzo que realiza Iosper para cumplir con la normativa vigente es inmenso, ya que debe hacerlo con recursos propios, sin recibir asistencia extra”.

 

Por último, indicó que la obra social cumple con lo que corresponde, pero aclaró que “de ninguna manera aceptará reclamos por cuestiones que no correspondan”.

 

 

El directivo destacó que Iosper atiende a un total de 5.757 afiliados discapacitados y con CUD de la provincia. De ese número, 795 son celiacos; 715 son afiliados inscriptos en el Programa de Geriatría, que está administrado por la Dirección de Programas Específicos (les otorga pañales e internación geriátrica o subsidio por cuidador domiciliario, según las necesidades), y el resto son pacientes con diferentes patologías. “Préstamos y cobertura para el tratamiento integral como así también la provisión de insumos son algunos de los beneficios con el que cuenta este grupo de personas”, señaló el funcionario.

 

 

 
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.