El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) pagó durante 2018 unos $280 millones entre amparos que encontraron acogida favorable en la Justicia y que obligaron al organismo a dar cobertura, fundamentalmente, en internación en geriátricos, no siempre habilitados, y la cancelación de honorarios a profesionales intervinientes. Por este último concepto, el monto abonado fue de $12 millones.

El dato lo dio a conocer Fernando Cañete, presidente del Iosper, quien señaló: “Pagamos en 2018 alrededor de $268 millones en prestaciones generadas a través de amparos. Y tuvimos que pagar $12 millones de honorarios. Hablamos de 280 millones. Y nosotros cerramos 2018 con $75 millones de déficit. Ese monto de $280 millones debimos pagarlo aun cuando no estaba presupuestado. Y lo debimos pagar porque hubo fallos que nos obligaron”, señaló.

Cañete dice que las disposiciones de la Justicia “repercuten” en las finanzas de la obra social provincial. “Son disposiciones que ordena otro poder del Estado, en este caso el Poder Judicial -explicó-. Estamos hablando, en su gran mayoría, de amparos por internaciones en geriátricos. Y no siempre en geriátricos habilitados. A la obra social se la condena internar afiliados en geriátricos no habilitados. No hablo de la Justicia en general, pero sí de algunos jueces que toman decisiones de ese tipo”.

En declaraciones que formuló al programa Cinco Esquinas que se emite por Radio Costa Paraná 88.1, Cañete se refirió a esa relación tirante que hoy tiene la obra social provincial con el Poder Judicial.

Fernando Cañete.

 

-¿La interna que hay en el Poder Judicial, en la Sala Penal, y cierta vendetta de los jueces por la decisión de hacerlos aportar al Iosper, tal como ordena la ley, puede tener relación con estos fallos?

-Bien lo dijo usted. Yo no encuentro otra explicación.

El titular de Iosper también se refirió al reciente fallo judicial que ordena dar cobertura al pequeño Enzo Raineri de un medicamento oncológico que tiene un costo de $10 millones. Dijo al respecto que la obra social obedecerá el mandato judicial, aunque a la vez irá con un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“El Iosper -aseveró Cañete- va a hacer lo que legalmente se ha dispuesto, independientemente de que pueda ir con un recurso extraordinario ante la Corte, porque nosotros no estamos discutiendo el precio del medicamento. Ponemos énfasis en se trata de un medicamento de uso compasivo, que no está autorizado por Anmat. Las entidades científicas con las que nos hemos asesorado (uno que depende del Ministerio de Salud de la Nación, el otro del ámbito privado) fueron coincidentes en que no hay evidencia científica que avale al medicamento. Y que no es recomendable su uso, por el efecto colateral de la utilización de este medicamento”.

Al respecto mostró su “preocupación” por cuanto hay dos organismos, con informes técnicos que señalan que “no es conveniente” la utilización de este medicamentos, pero que aún así, “hay dictámenes judiciales donde se pone como conejito de Indias a los afiliados, a los entrerrianos, desconociendo el valor técnico de los informes. No obstante eso, si tenemos que cumplir, vamos a cumplir con lo que nos corresponde. Seguramente vamos a ir a la Corte. Pero a la Corte vamos a ir para resolver la cuestión de fondo: y tiene ver si un medicamento que no tiene autorización se debe aprobar igual, y brindárselo al afiliado. En ese caso, ¿quién se hace cargo de los efectos colaterales”.

“Esa es nuestra preocupación -insistió-: se nos obliga, de manera constante, desoyendo los informes de rigor científico, y se ordena al sistema, en este caso la obra social, a cubrir este tipo de cosas. Indudablemente, esto pone en peligro al sistema. Y nos ubica en un escenario complejo. Desde lo técnico sugieren que no, que no se dé la autorización. Pero la Justicia dice otra cosa. Y como país subdesarrollado, tenemos que experimentar con los medicamentos del primer mundo”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.