Los amparos contra el Estado provincial vienen creciendo.
Y el año último, 2016, mostró un aumento del 48% en el número de causas que tramitó la Administración Pública respecto a 2015.
El dato surge de un informe que elaboró la Fiscalía de Estado: el año último se tramitaron 533 amparos, casi el doble de los 359 que litigaron en 2015.
La principal causa de tramitación de amparos contra el Estado está dada por acciones que plantean afiliados al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper): ora por medicamentos que no se dan, por prestaciones que no se cubren pero también por reintegros que se pretenden apurar.

El presidente del Iosper, Fernando Cañete, admite que “hay un creciente presentación de amparos en el Iosper. Lo más llamativo en todo esto es que se presentan amparos por cuestiones que no son de urgencia. Entiendo que haya un recurso de amparo por un medicamento que no llega, por una cirugía. En ese caso, asumo la responsabilidad de la obra social. Pero se están presentando amparos para lograr internación en servicios de geriatría y hasta para cobrar reintegros”.
Cañete admite que se ha creado una especie de “industria del juicio” respecto de la obra social provincial, la mayor prestadora de salud, que tiene un universo de 300 mil afiliados y que maneja un presupuesto mensual en prestaciones del orden de los $197 millones. “Hemos tenido amparos por servicios o prestaciones que ni siquiera se habían solicitado ante el Iosper. Fueron directamente a la Justicia. En el caso de una internación en geriatría, el afiliado jubilado cobra de sueldo más de lo que sale la internación mensual. Y exigen la cobertura del 100% de la prestación. ¿Quién cobra el sueldo de ese jubilado, qué pasa con ese sueldo en la familia?”, plantea Cañete.
“Entiendo que si un afiliado requiere una prestación, y el Iosper no se la da, está bien que acuda a la Justicia con un recurso de amparo. Es nuestra responsabilidad brindar esa prestación. Pero hay prácticas o medicamentos nunca pedidos. Directamente la gente va con el recurso de amparo. Se ha desnaturalizado la esencia del amparo”, opina.
Y de paso el titular de la obra social provincial cuestiona la postura que hay en la Justicia, de dar cabida a todos los amparos. “En primera instancia, todos los fallos son contrarios al Iosper. Y en el Superior Tribunal, con la anterior conformación, también teníamos todo en contra”, destaca Cañete. Se refiere a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de donde renunció el vocal Carlos Alberto Chiara Díaz, que así pudo zafar del proceso de juicio político. Uno de los reproches que le hicieron en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados fue, precisamente, su permeabilidad a los amparos contra el Iosper.
Precisamente, la situación de la obra social fue el eje del descargo que formuló Chiara Díaz en aquella memorable sesión del 1º de diciembre de la Comisión de Juicio Político de Diputados. “Estoy a disposición para mejorar la justicia. No me fabriquen cuestiones de moral porque no estamos hablando de eso”, dijo, e hizo notar que lo acusaban de “hasta ser el culpable del desfinanciamiento del Iosper. Yo soy la cabeza del turco acá. Por qué me eligieron a mí, es porque soy juez independiente, porque me han acusado de cosas que no existen”.

El informe de la Fiscalía de Estado que da cuenta del crecimiento de los amparos contra el Estado también da cuenta que se ha disminuido la cantidad de procesos en los que el Estado resulta demandado: hoy el número es de 3.066. A la vez, se ha incrementado la cantidad de juicios en los que la Provincia es actora: 2.923. “Dentro de las cifras antes precisadas merece destacarse que se contempla la intervención de la Fiscalía de Estado en todos los procesos de usucapión, postura esta que se ha adoptado desde hace ya 10 años, entendiéndola necesaria para una férrea defensa de los bienes inmuebles del Estado, lo que ha permitido, entre otras cuestiones, la recuperación de más de 200.000 hectáreas de terreno insular. Con este mismo propósito, se han iniciado también acciones de lesividad respecto de inmuebles fiscales ubicados en la zona de Las Lechiguanas procurando el recupero de bienes irregularmente sacados del patrimonio público”, señala el informe.
Y añade: “En materia de acciones de amparo, la Fiscalía de Estado sigue interviniendo en todos los procesos que son notificados al Estado, con el esfuerzo que esto implica pues los plazos procesales de estos trámites son extremadamente breves y en días corridos, lo que nos obliga a sostener guardias permanentes durante las 24 horas los 365 días del año”.
Dice además que en 2016 continuó la tendencia de crecimiento de estas acciones, habiéndose intervenido en un total de 533, las que resultan ser 174 causas más que las promovidas en el año anterior.
“Lo de Iosper es realmente importante en cuanto a la cantidad de amparos que hay. A mi juicio, hay una apertura muy grande del Poder Judicial en admitir la vía del amparo para un abanico muy grande de prestaciones del Iosper. Creo que es un tema a corregir”, opina el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Respecto de otro aspecto de la litigiosidad en aumento, los amparos por mora, explica que ello es así porque hubo un cambio. “Antes par que se configure el amparo, el administrado debía presentar sí o sí un recurso de queja para poner en mora a la Administración. Últimamente, cierta jurisprudencia dice que no es necesario el recurso de queja, por lo tanto se habilitan más amparos por mora. Frente a ello, desde la Administración se está tratando de corregir para que no haya mora”, apuntó.

Números

El informe de Fiscalía de Estado sobre los juicios en el Estado destaca los siguientes datos:
A lo largo de los últimos diez años, la Fiscalía ha procesado alrededor de 14.202 trámites judiciales.

Actualmente, a raíz de un trabajo de depuración e incluso de reducción de la litigiosidad, se encuentran en trámite sólo 6.120 juicios.

Hay un total de 3.066 juicios en los que la Provincia es demandada.

Entre éstos, 1.690 procesos ordinarios, en los que se demanda la responsabilidad del Estado por daños y perjuicios, cobro de pesos, usucapiones y laborales, entre otros;

También, 714 ejecuciones de sentencias y honorarios.

Otros 662 juicios contencioso administrativo.

Los juicios en los que la Provincia es actora suman 2.923.

Entre estos, hay 397 juicios reclamando la reparación de perjuicios a la Administración.

Otros 192 apremios generados a partir de intervenciones del Tribunal de Cuentas.

Además, 1.783 por ejecuciones de multas, tasas y recupero de créditos otorgados por la Provincia mediante el Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver).

También, 551 por cobro de tasas de justicia.

Fuente: El Diario.