El gobernador Gustavo Bordet visitó este miércoles la ciudad de Maciá, y allí visitó a la comunidad de la Escuela Agrotécnica Nº 51, a la cual la provincia le entregó 80 hectáreas de las 2.164 hectáreas que tiene un campo que la Justicia expropiara en 2005 al exsenador provincial jusiticialista Mario Yedro en una causa por enriquecimiento ilícito, y que en 2011 pasó a manos del Estado entrerriano.

“Entendemos que la educación en escuelas agrotécnicas es clave en Entre Ríos porque posibilita que sigamos sosteniendo y manteniendo la población rural en la provincia. Por eso quise recorrerla”, sostuvo Bordet en ese marco. Allí también habló del conflicto docente y sostuvo: “Hacer un paro y que la mayoría de los niños en el día de hoy no tengan clases es absolutamente innecesario. Lo que es peor, los niños que no tienen clases son los de las escuelas públicas. Los de las escuelas privadas tienen clases, y esto como educador público que alguna vez fui, me duele profundamente”, expresó Bordet y subrayó “pero nosotros tenemos vocación de diálogo, de alcanzar un acuerdo salarial”.

Las 80 hectáreas cedidas a la Escuela Agrotécnica de Maciá constituye el primer paso del Estado entrerriano en darle destino a un predio rural que la Justicia expropió del patrimonio de un exsenador condenado por el delito de enriquecimiento ilícito. Se trata de un campo de 2.164 hectáreas  ubicado en Guardamonte, departamento Tala, valuado en 7 millones de dólares.

A finales de 2011 el Estado entrerriano tomó posesión de ese campo, que antes, el 22 de febrero de 2005, y por sentencia de la Justicia, había sido expropiado al exsenador Yeddro en una causa por enriquecimiento ilícito. El predio había sido comprado por el exlegislador a un valor de $800 mil dólares, pero cuando se expropió su valor había trepado a los 7 millones de dólares.

El 22 de diciembre de 2005, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Concordia halló culpable del delito de enriquecimiento ilícito al exsenador Yedro, y lo condenó a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, el pago de una multa de 90.000 pesos, la inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso de esa propiedad que recién pasó al Estado en el año 2011. El exsenador batalló cuanto pudo para retener su propiedad, y por eso se ganó una segunda causa en su contra: por usurpación.

Un juez de primera instancia y un tribunal de alzada lo condenaron a cumplir una condena efectiva de 4 años y 6 meses en la cárcel, pero Yedro fue recurriendo esas sentencias por distintas vías, hasta que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) le cerró ese camino, y lo obligó a cumplir la condena. Desde 2016 está en prisión.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.