El inicio del juicio al cura Justo José Ilarraz, con 7 denuncias por abusos y corrupción de menores, volvió a cambiar de fecha. No pudo ser el 13 de noviembre de 2017 por razones de salud de uno de los jueces que integraba el tribunal, Darío Ernesto Crespo, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay; tres días antes del inicio de los debates, se anunció el cambio de fecha, y se programaron las audiencias para el período de 9 al 27 de abril de 2018.

Pero la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial volvió a aplicar modificaciones a aquel calendario inicialmente previsto para el inicio del juicio al cura Ilarraz, que entre 1985 y 1993 fue prefecto de disciplina del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo donde abusó, según la tesis de la acusación, a adolescentes que cursaban la secundaria como pupilos y estaban bajo su cuidado. La Iglesia le hizo un juicio sumarísimo en 1995, lo encontró culpable y lo mandó al destierro, pero esas actuaciones luego se guardaron en el archivo secreto de la curia de Paraná, y no se puso al corriente a la Justicia.

La causa penal se abrió de oficio en septiembre de 2012, luego de la publicación del caso en la revista “Análisis”. Seis años después del comienzo de la instrucción penal, Ilarraz irá a juicio, y según el nuevo esquema de fechas difundido por el Poder Judicial, las audiencias comenzarán el lunes 16 de abril y se extenderán hasta el viernes 4 de mayo. De acuerdo al nuevo cronograma de audiencias, el juicio al sacerdote, que en 2004 fue incardinado en la diócesis de Conepción, Tucumán, pero que está suspendido en el ejercicio del sacerdocio desde hace seis años, se harán los días 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de abril, y los días 2, 3 y 4 de mayo.

Previamente, las audiencias habían sido fijadas según el siguiente esquema: del 9 al 13 de abril; del 16 al 20 de abril; y del 23 al 27 de abril de 2018.

También se conformó un nuevo tribunal. Del que inicialmente se había anunciado, sólo queda Alicia Vivian, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú. El camarista Crespo quedó afuera por razones de salud; y otro que se reemplazó es Edwin Ives Leonardo Bastian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia. Ahora, el tribunal quedó conformado por Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel, estos dos últimos de Paraná.

La conformación del tribunal anterior -Vivian, Bastian y Crespo- había surgido de una larga tramitación en la Justicia.

El 17 de agosto de 2016, el  último juez de la causa, Pablo Zoff, resolvió elevar a juicio el caso Ilarraz. Pero el tribunal de juzgamiento no se pudo conformar de inmediato.

La Justicia hizo lugar a un planteo del defensor del cura Ilarraz, Juan Ángel Fornerón (ahora renunció y quedó Jorge Muñoz),  y dispuso que el tribunal que lo juzgue en juicio oral debe conformarse con camaristas y no con jueces de Garantías.

Una disposición del 25 de octubre de 2016, firmado por el juez Alejandro Grippo, ordenó requerir al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que designe un camarista para integrar el tribunal.

Tres jueces de Garantías habían manifestado su no objeción a conformar el tribunal: José Eduardo Ruhl, titular del Juzgado de Garantías N° 2; Humberto Oscar Franchi, titular del Juzgado de Garantías N° 3; y Mauricio Marcelo Mayer, del Juzgado de Garantías N° 4, todos de Paraná.

De los tres, explicó Grippo, se debían escoger dos, y el tercero debería ser un camarista, cuya designación quedaría en manos del máximo órgano judicial de la provincia.

Pero el abogado  Fornerón  cuestionó esa medida e interpuso un recurso de reposición contra lo resuelto por Grippo respecto de la integración del tribunal. Reprochó la intención de integrar el tribunal con jueces de Garantías, cuando lo correcto sería hacerlo con camaristas.

En el entredicho intervino el fiscal coordinador Rafael Cotorruelo (ahora es camarista), quien opinó a favor de hacer lugar al recurso de reposición de Fornerón, y dijo que de acuerdo a la Ley Orgánica de Tribunales, corresponde integrarlo con camaristas.

En función de esos argumentos, el tribunal conformado por los camaristas Ricardo Bonzzola, Alejandro Grippo y Elisa Zilli dispuso hacer logar al recurso que planteó el defensor de Ilarraz y solicitó al STJ informe cuáles tres vocales de Cámara están en el orden de la lista para conformar el tribunal que juzgará al cura Ilarraz por los abusos en el Seminario.

Así, surgieron los nombres de Vivian, Crespo y Bastian.

 

El caso


 

Los abusos de Ilarraz ocurrieron en el Seminario de Paraná, entre 1985 y 1993, y recién pudieron salir a la luz en 2012, tras la publicación en “Análisis”.

Pero la Iglesia sabía de las tropelías de Ilarraz mucho antes.

Lo investigó, probó los abusos que denunciaron las víctimas, pero al cabo de las actuaciones internas que ordenó el ahora cardenal Estanislao Karlic, en 1995, mandó todo al archivo secreto de la curia.  No hizo la denuncia en la Justicia.

El 28 de septiembre de 2012 esas actuaciones vieron por primera vez la luz cuando llegaron a la Justicia para ser incorporadas a la causa penal por los abusos en el Seminario, que se había iniciado de oficio, por disposición del Procurador General Jorge García.

Acá, un detalle del trayecto de la carrera eclesiástica de Ilarraz:

Ilarraz fue, entre 1989 y 1992, administrador del Seminario, designado por Karlic, mientras que de abril a julio de 1993, fue vicario parroquial de la Parroquia San Juan Bosco, para la atención de la Capilla San Cayetano, próxima a ser erigida como Parroquia. Fue designado por decreto de Karlic Nº 21/93, del 29 de abril de 1993. Y entre marzo de 1985 y marzo de 1993 fue prefecto de disciplina, una especie de preceptor, en el Seminario Menor, el colegio secundario con internado que prepara para el sacerdocio.

Ese, 1993, dejó todo lo que tenía aquí y se radicó en Roma, donde permaneció hasta los primeros meses de 1997. Karlic “apoyó la iniciativa de Ilarraz de trasladase a Roma para realizar los estudios de la Licenciatura en Misionología en la Pontificia Universidad Urbaniana. Karlic pidió un lugar de alojamiento para él en la Iglesia Argentina en Roma. El decreto 39/93 de Karlic, del 6 de agosto de 1993, autorizó a Ilarraz a ausentarse de la Arquidiócesis al menos por un período de dos años, en razón de sus estudios de Misionología en Roma. Posteriormente, extendió hasta 1996 el permiso de ausencia de Ilarraz de la Arquidiócesis, por la misma razón de sus estudios en Roma”, se lee en el informe que el arzobispo Juan Alberto Puiggari envió a la Justicia.

Mientras estuvo en Roma, por autorización de Karlic, se abrió la investigación interna, ordenada por Karlic. Fue en julio de 1995, por medio de un decreto de Karlic, fechado el 5 de julio, por el que encomendó una investigación sobre Ilarraz. Dice el decreto que firmó Karlic: “Visto: que existe la posibilidad seria de que con ocasión del desempeño del presbítero Justo Ilarraz como miembro del cuerpo de superiores del Seminario, se puedan haber cometido delitos graves, previstos y sancionados por el Derecho Canónico; Considerando: que ante estas circunstancias el Código (de Derecho Canónico) en el canon 1717 prevé la realización de una investigación cautelosa acerca de los hechos y las circunstancias; Por las Presentes Letras Resuelvo: 1) encomendar al presbítero Silvio José Fariña que realice dicha investigación tomando declaración a las personas que puedan informar algo al respecto, pudiendo ser asistido como notario-actuaria a estos efectos por el presbítero Alfonso Frank o el presbítero Juan Alberto Puiggari; 2) que el citado presbístero (Fariña) presente el resultado de la investigación con la mayor brevedad posible para resolver actuar según derecho; 3) que la investigación realizada con el mayor sigilo, una vez terminada y resuelto cómo actuar, según prescribe el canon 1718, se guarde en el archivo secreto de la curia, así como el presente decreto y todo aquello que precede o concluya la investigación”.

El 29 de julio de 1995, Fariña elevó al arzobispo de Paraná las actuaciones. Entre julio y octubre de 1995, Karlic envió varios informes a Roma con el caso Ilarraz.

El 25 de julio de 1995, Karlic comunicó al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, que “había recibido denuncias contra un sacerdote bajo la especie ´de crimine pessimo´ y que había comenzado la investigación indicada en la Instructio de 1962 ´De modo procedendi in causis sollicitationis, titulus V: de Crimine Pessimo´, que, dado que el sacerdote acusado se encontraba residiendo en Roma, estimaba que debía seguir ese procedimiento canónico hasta ´reum constitutis subiicere´, que una vez concluida esa etapa enviaría las actas a esa Congregación y esperaría sus indicaciones”.

El intercambio con Roma siguió.

Allí en Roma, precisamente, le realizan una pericia psiquiátrica a Ilarraz el 27 de noviembre de 1996.

Un mes después, el 18 de diciembre de 1996, Karlic emitió un nuevo decreto con la sanción a Ilarraz.

El decreto que firmó Karlic, y por el que dispuso la expulsión de Ilarraz, es revelador. Dice que “con las declaraciones que se suceden en torno al comportamiento del presbítero Ilarraz en la época que fuera superior del Seminario Menor queda revelado el daño producido a personas e instituciones”.

Y que “ese daño producido, que debe ser reparado y evitado en el futuro, es consecuencia de la conducta del presbítero Justo José Ilarraz, ya que cuatro testimonios de forma unánime así lo afirman”. Pero ante la gravedad de los testimonios –uno de las víctimas, que entonces tenían entre 10 y 14 años, habló de acceso carnal por parte de Ilarraz—no se actuó en consecuencia, sino que le dejaron la puerta abierta para que el cura siguiera ejerciendo en otra diócesis, como de hecho ocurrió.

La disposición de Karlic sólo dejó en suspenso una eventual sanción más dura: el texto del decreto de 1996 especifica que “la desobediencia” de la disposición de no acercarse a la diócesis de Paraná “será sancionada con pena que no excluye la suspensión”. Esa medida, la suspensión en el ejercicio del ministerio sacerdotal, recién se dispuso el 7 de septiembre de 2012, hace menos de un mes.

En el ínterin, Ilarraz se mudó a Buenos Aires, dejó el sacerdocio, vivió como laico, y después volvió a calzar sotana, y un obispo, Enrique Witte, de Concepción, Tucumán, le permitió volver a la Iglesia, sin siquiera atender la investigación hecha en su contra por casos de abuso. Más todavía, el 21 de mayo de 2004 el arzobispo de Paraná Mario Maulión firmó el decreto N° 78 por el que le otorgó la excardinación, y la posibilidad de que se mudara efectivamente a Tucumán.

Ahora, en 2018, será juzgado, pero sin el secretismo eclesiástico y con una diferencia sustancial: el acusado estará sentado en el banquillo de los acusadas y escuchará de boca de cada una de las siete víctimas los horrores que vivieron en el Seminario, cuando Ilarraz era su guía espiritual, y el encargado de su educación y su cuidado.

La carátula del expediente de 7.000 fojas que se fueron acumulando a lo largo de los últimos casi seis años es inequívoca respecto de los delitos que se le achacan al cura: “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”.

 

 

 

 

Ricardo Leguizamón

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.