“Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. ¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías?”

El texto de Jorge Luis Borges no fue reproducido en forma íntegra, ni textual.

Pero la referencia a Borges le sirvió al fiscal Jorge Gamal Taleb en su alegato del lunes 29 de octubre para estructurar su acusación contra cinco dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al exministro de Salud, Ariel de la Rosa, sentados en el banquillo y acusados de los delitos de coacciones agravadas, amenazas y resistencia a la autoridad.

La causa penal se abrió tras la batahola que ocurrió entre los días 5 y 7 de junio de 2017 en la Colonia de Salud Mental de Diamante, donde su directora, Noelia Trossero, decidió cortar la suplencia extraordinaria de la enfermera Yanina Migueles, delegada de la UPCN. Tomó la medida, dijo, por cuanto la trabajadora se resistió a cumplir una orden de trabajo, y porque tenía dos denuncias previas por suministrar de forma errónea el medicamento a dos pacientes.

La resolución de Trossero movió la presencia de un grupo de dirigentes de UPCN que viajaron a Diamante a convencerla de que volviera atrás con la medida. A esas acciones se sumó una comunicación telefónica del exministro De la Rosa con la directora para obligarla a cumplir una resolución ministerial que dispuso la reincorporación de Migueles.

Pero todo eso ocurrió, según el Ministerio Público Fiscal, en un marco de violencia.

Aunque al pedir las condenas, Taleb hizo una aclaración:  “Debemos considerar como atenuante que hay alguien de prácticas patoteriles de UPCN que no está imputado en este juicio. Hay un autor detrás del autor, por eso debe valorarse como atenuante. Hay alguien que está moviendo los hilos detrás, e instaura prácticas violentas”.

No lo dijo, pero hacía alusión al jefe de la UPCN, el diputado nacional peronista José Ángel Allende.

Taleb y el fiscal Laureano Dato calificaron al sindicato como “patota”, con actitudes de “apriete” y “matonismo”.

A juicio llegaron los dirigentes Fabián Monzón, Carina Domínguez, Zunilda Suárez, José Zarza, Guillermo Barreira y Noemí Ester Santamaría, y el exministro De la Rosa. Pero no para todos hubo pedidos de condena.

Para Zarza, 5 años y 6 meses de prisión efectiva; para De la Rosa, Domínguez y Santamaria, 5 años de cárcel; para Suárez, 3 años y 6 meses. Y para Monzón, 1 años y medio de prisión condicional. En tanto, la Fiscalía solicitó la absolución del dirigente Guillermo Barreira.

“Cada uno de los testigos habló de intimidación, aprietes, patoterismo.  Esto es producto de una actitud adicional más, que se puede englobar en el concepto de matonismo”, señaló el fiscal Taleb.

Para los defensores, se trató de una situación de otro tenor.

Los abogados Marcos Rodríguez Allende, defensor de los sindicalistas, y Julio Federik y Leopoldo Lambruschini , defensores de De la Rosa,  se trató de un “reproche de un superior jerárquico” hacia una directora que “se había extralimitado en el ejercicio de sus funciones” al cesantear a la enfermera y delegada gremial Migueles.

En ese marco, Lambruschini sostuvo que Trossero “tergiversó el contenido de la comunicación”. El letrado puntualizó que cuando De la Rosa se comunicó con la directora del nosocomio lo que le generó su enojo es haber sentido que se lo estaba grabando y que por ello reaccionó de modo destemplado.

“Fue una conversación de contenido funcional. No ha habido una amenaza, sí un reproche funcional por las irregularidades cometidas. El hecho imputado no reviste relevancia jurídico penal”, reiteró el letrado.

En ese marco, Rodríguez Allende aseguró que existió una “forzada” interpretación de los hechos por parte de los fiscales. A su vez, dijo que hubo declaraciones testimoniales que no fueron objetivas, y tildó de mentirosa a la directora Trossero. “No dice toda la verdad. Sólo nos muestra una parte de os acontecimientos. No nos muestra el todo de la realidad”, planteó.

Este martes, a las 9, un tribunal conformado por los jueces Alenadro Grippo, Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala dará crédito, o no, a las acusaciones oídas en las jornadas del juicio oral que se desarrolló entre el lunes 22 de octubre y el lunes 29, cuando fueron los alegatos de las partes.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.