El juicio oral que se le sigue a seis dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al exministro de Salud, Ariel de la Rosa, por los delitos de coacciones agravadas (comúnmente denominados “aprietes”), resistencia a la autoridad y amenazas, contó este miércoles, en la tercera jornada, con el testimonio, entre otros, del secretario de Trabajo, Oscar Balla, y de una enfermera, Ramona Noemí  Pérez, que dio una versión que hasta el momento no había sido escuchada: que las autoridades de la Colonia de Salud Mental de Diamante la habían presionado para perseguir trabajadores y que los empleados del lugar tenían vedado todo contacto con el gremio.

El juicio, que se tramita en Paraná ante un tribunal conformado por los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala, sienta en el banquillo a los dirigentes Fabián Monzón, Carina Domínguez, Zunilda Suárez, José Zarza, Guillermo Barreira y Noemí Ester Santamaría, y al exministro de Salud, Ariel de la Rosa.

Los gremialistas imputados por el supuesto delito de coacción agravada son Zunilda Suárez; Fabián Monzón, secretario adjunto del gremio, los vocales suplentes en el sindicato, José Zarza y Guillermo Barreira; Carina Domínguez, secretaria gremial; y Noemí Ester Santamaría, vocal titular del gremio. A Barreira y Monzón también se les imputa el delito de desobediencia judicial y amenazas, ya que el día de la detención amenazaron a los policías que los detuvieron. En tanto, a Domínguez y Suárez se le suma la imputación por el presunto delito de coacción en coautoría. En el caso de De la Rosa, se le imputa el presunto delito coacción agravada y coacción agravada en coautoría.

Para Monzón y Barreira, el Ministerio Público Fiscal adelantó que solicitará la pena de un año y medio de prisión. En tanto, para el ex ministro De la Rosa, Zarza, Domínguez, Santamaría, y Suárez, imputados por coacciones agravadas, pedirán 7 años y 6 meses de prisión.

Según la acusación de los fiscales Laureano Dato y Jorge Gamal Taleb, hubo situaciones de “apriete” y actitudes “patoreriles” de parte de dirigentes de UPCN para conseguir que la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, reincorporase a una enfermera, Yanina Migueles, cuya suplencia extraordinaria fue dada de baja el 1° de junio de 2017 luego de que resistiera un cambio de sala dispuesto por la directora, y en función también de dos antecedentes de faltas a su deber al haber suministrado de forma errónea la medicación a dos pacientes, hechos ocurridos a lo largo de 2016.

 

Los hechos se sucedieron entre el lunes 5  y el miércoles 7 de junio del año último. Los dirigentes de UPCN llegaron hasta el hospital con el fin de que se reincorpore a  Yanina Migueles, enfermera y delegada de UPCN que tenía una suplencia extraordinaria desde 2013.  La directora del nosocomio le cortó el contrato el 1° de junio, aduciendo mal desempeño. Esa decisión provocó la violenta reacción sindical.

 

El 7 de junio fue el punto más álgido del conflicto, ya que fue cuando fueron detenidos en flagrancia –es decir mientras apretaban a la directora- cinco dirigentes del gremio estatal: Monzón, Domínguez, Suárez, Zarza y Barreira.

 

El 9 de junio el caso llegó a las puertas del Ministerio de Salud, ya que la directora del nosocomio diamantino también denunció que el entonces ministro De la Rosa la había presionada y amenazado para que reincorpore a la enfermera y delegada del sindicato.

 

Enterado de la inminente imputación de la fiscalía por coacciones, De la Rosa le presentó su renuncia al gobernador Gustavo Bordet, que se la aceptó de inmediato, y nombró en su lugar a Sonia Velázquez.

 

Ese mismo 9 de junio quedaron en libertad Domínguez y Suárez, mientras que a los demás el juez de Garantías les impuso 15 días de prisión preventiva domiciliaria. El reemplazo de De la Rosa en la cartera sanitaria llegó el 12 de junio, cuando el gobernador le tomó juramento a Sonia Velázquez.

 

 

Los testimonios


Oscar Balla, secretario de Trabajo, declaró de forma extensa y detallada. Tuvo un notable manejo de la memoria para recordar al detalle el incidente ocurrido en junio de 2017 en el hospital de Diamante, y la petición que le formulara la UPCN, anoticiándolo de que “habían despedido a una trabajadora, y que era delegada”.

“Le dije que íbamos a intervenir”, contó en relación a la respuesta que dio a la secretaria gremial Carina Domínguez. Eso ocurrió el lunes 5 de junio. De inmediato, Balla convocó a “una audiencia de conciliación” para el viernes 9.

-¿Se realizó la audiencia del 9?, preguntó Marcos Rodríguez Allende, que ejerce la defensa técnica de los seis dirigentes de UPCN.

-No se realizó, porque el 9 de junio se hace presente el doctor (Víctor) Berta, abogado de Salud, e informa que el problema ya había sido solucionado, dado que el ministro había dictado una resolución que volvía a incorporar a esta trabajadora.

-¿Pudo ver esa resolución (de la reincorporación de la enfermera Yanina Migueles)?

-No, porque derivé las actuaciones al jefe de Relaciones Laborales, Mario Paucich. Pero el Ministerio de Salud manifestó eso, y en ese momento no se hicieron presentes los de UPCN por lo tanto creíamos que estaba solucionado.

Acto seguido, y después de aguardar “un tiempo prudencial”, decidió archivar las actuaciones en Trabajo.

Luego, declaró Marcelo Muzio, delegado de UPCN, empleado del área de mantenimiento de la Colonia de Salud Mental de Diamante. Contó detalles de lo que vio en las jornadas del 5, 6 y 7 de junio de 2017. Negó que se haya ejercido violencia contra la directora de parte de los miembros del gremio.

-¿En algún momento le impidieron el paso a Trossero?

-A mi interpretación, no

 

 

El fiscal Jorge Gamal Taleb preguntó cómo era el trato entre Trossero y UPCN, y dijo: “En lo laboral, no puedo decir nada”. Que nunca ”hubo prepotencia”, y que “los términos siempre fueron buenos” en el diálogo que tenían.

-¿Se planteó con UPCN tomar la dirección o el hospital?

-No.

Intervino el defensor Rodríguez Allende y preguntó al empleado qué entendía por “tomar” el hospital.

-Usurpar el lugar –respondió.

 

Persecuciones


La enfermera Ramona Noemía Pérexz –jefa interina de sala 2, ahora “con licencia por enfermedad”- declaró este miércoles y planteó una situación peculiar: las persecuciones que ocurrirían en la Colonia de Salud Mental de Diamante motorizadas por la directora, Noelia Trossero.

Dijo que fue testigo presencial de la llegada de los dirigentes de UPCN, a quienes se acercó a saludar el día lunes 5 de junio, pero que al advertir la presencia de la directora, “me asusté porque nos prohibían toda relación con UPCN. Yo no quería problemas. Ya había tenido muchos problemas con una enfermera (se refiere a Yanina Migueles, NdelR). Me habían pedido que ejerciera persecución sobre ella. Yo me negué. Hice las denuncias en Trabajo, me dieron dictamen favorable. No quería más conflictos. Cuando vi que estaban atrás de mí (la directora Trossero), volví a mi lugar de trabajo”.

Le preguntaron qué tanto conocía a la enfermera Migueles.

Dijo que la conocía, que trabajó en la sala a su cargo. “Pero el 5 de junio no la dejaban ingresar al hospital. Supuestamente  habían dicho que hizo una mala medicación. Yo no estuve. Tengo entendido que la obligaron a hacer la medicación”. Después, aludió a una “sugerencia” que recibieron algunos trabajadores. “Nos pidieron que actuáramos contra UPCN. Ahí yo me negué. Era contra un trabajador. Me lo pidieron en una reunión en la que estaba la directora Noelia Trossero. Me lo dieron por escrito. Me piden que no le dé a Migueles lo que pedía. La orden la firmó Patricia Denis, supervisora de Recursos Humanos”.

El fiscal Taleb le pidió que especificara en qué consistían las persecuciones que le ordenaron que hiciera.

-Lo único que me pedía (Migueles) era que le planificara el trabajo de ella de lunes a viernes y de mañana, porque estudiaba para payamédico. Le pedí que me lo solicitara por escrito. A mí mis superiores me pidieron que le efectuara persecuciones, que viera cómo trabajaba, que viera cómo lo hacía, y que dijera si trabajaba mal. Que tratara de apartarla del grupo. Yo soy superior de ella. Me pedían algo ilegal, que ejerciera violencia laboral. No me lo dijo así. Pero era obvio. Era obvio. Cuando a ella la hacían hacer cosas cuando yo no estaba. Como por ejemplo, me llamaron a testificar que hizo una mala medicación.

-¿Qué decía la nota que le entregaron sus superiores en relación a Migueles?

-Me decían que tenía que rotarla de sala.

-¿Eso no lo puede hacer un superior?

-Sí, tengo facultad para rotarla.

Después declaró Alejandro Hirschfeld, jefe de calle en la Departamental de Policía de Diamante sobre el trámite que tuvo que realizar el día de la detención de los cinco dirigentes de UPCN.

Aunque el aporte más colorido fue el que hizo el perito Fernando Ferrari, del gabinete de informática del Poder Judicial: ante su presencia se escucharon los audios de whatsapp que intercambiaron los dirigentes de UPCN en las acaloradas jornadas del invierno de 2017.

“Hay que tratar de matarla”, decían los dirigentes en los mensajes en relación a la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante. “Arruínenla. Salgan a escracharla. Hagan 50 afiches y pónganlos alrededor del centro de salud”, arengaba otro por mensaje. “Lo peor que podes hacderle a un funcionario es escracharlo”, planteaba.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.