“Ustedes tienen un mandato. A ustedes les pagan con nuestros impuestos. Y como les pagan con nuestros impuestos, también deben cumplir con nosotros”.

En tono imperativo, el secretario adjunto de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y miembro del directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fabián Monzón, cerró este lunes su alegato frente al tribunal que lo juzgó dirigiéndose, erróneamente, a los fiscales Laureano Dato y Jorge Gamal Taleb.

No pudo seguir con su diatriba defensiva: fue reprendido por el presidente del tribunal que lo juzga, Alejandro Grippo, que le hizo notar que no debía hablar con los fiscales sino formular su alegato ante los jueces. Además, de Grippo, el tribunal está conformado por Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala.

Fue un cierre incómodo para un juicio, que inició el 22 de octubre último, y en el que la cúpula de la UPCN quedó en un lugar incómodo: acusados por la Fiscalía de modos “patoteriles”, con “aprietes” y hasta con “matonismo” para efectuar sus reclamos sindicales. Fue a raíz de las escandalosas jornadas que se vivieron en la Colonia de Salud Mental de Diamante entre el 5 y el 7 de junio de 2017 y que derivó en la presentación de una denuncia penal por parte de la directora, Noelia Trossero.

La jornada de los alegatos se inició este lunes pasadas las 17,30 y culminó pasadas las 21.

El juicio sentó en el banquillo a los dirigentes Fabián Monzón, Carina Domínguez, Zunilda Suárez, José Zarza, Guillermo Barreira y Noemí Ester Santamaría, y al exministro de Salud, Ariel de la Rosa.

Los gremialistas imputados por el supuesto delito de coacción agravada son Zunilda Suárez, Fabián Monzón,  José Zarza, Guillermo Barreira, Carina Domínguez,  y Noemí Ester Santamaría. A Barreira y Monzón también se les imputa el delito de desobediencia judicial y amenazas, ya que el día de la detención amenazaron a los policías que los detuvieron. En tanto, a Domínguez y Suárez se le suma la imputación por el presunto delito de coacción en coautoría. En el caso de De la Rosa, se le imputa el presunto delito coacción agravada y coacción agravada en coautoría.

Para Monzón y Barreira, el Ministerio Público Fiscal había pedido  la pena de un año y medio de prisión. En tanto, para el ex ministro De la Rosa, Zarza, Domínguez, Santamaría, y Suárez, imputados por coacciones agravadas, pedirán 7 años y 6 meses de prisión.

Marcos Rodríguez Allende, defensor de los dirigentes de UPCN.

Pero al final los fiscales Laureano Dato y Gamal Taleb modificaron las penas: para Zarza, 5 años y 6 meses de prisión efectiva; para De la Rosa, Domínguez y Santamarina, 5 años de cárcel; para Suárez, 3 años y 6 meses. Y para Monzón, 1 años y medio de prisión condicional. Los fiscales, en tanto, pidieron la absolución del dirigente Guillermo Barreira.

Según la acusación de los fiscales Laureano Dato y Jorge Gamal Taleb, hubo situaciones de “apriete” y actitudes “patoreriles” de parte de dirigentes de UPCN para conseguir que la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, reincorporase a una enfermera, Yanina Migueles, cuya suplencia extraordinaria fue dada de baja el 1° de junio de 2017 luego de que resistiera un cambio de sala dispuesto por la directora, y en función también de dos antecedentes de faltas a su deber al haber suministrado de forma errónea la medicación a dos pacientes, hechos ocurridos a lo largo de 2016.

Anoticiados del caso, la cúpula de UPCN que dirige el diputado provincial del FpV, José Allende, decidió movilizarse al nosocomio para exigir la reincorporación de la trabajadora. Pero ese reclamo no se hizo en buenos términos, según la imputación fiscal, sino que hubo aprietes y amenazas para que la funcionaria pública dé marcha atrás con su decisión.

Los fiscales también cuentan con pruebas que comprometen al ex ministro De la Rosa, quien, dado su ligazón con el gremio de UPCN, también habría amenazado por teléfono a la directora Trossero. De la Rosa dejó la cartera sanitaria el 9 de junio de 2017, al enterarse de su imputación en la causa. El argumento que esgrime el ex funcionario es que sólo ordenó, mediante una resolución, que la directora del Colonia restituya en su cargo a la enfermera.

Los sucesos principales se dieron el miércoles 7 de junio, cuando dirigentes de UPCN protagonizaron los incidentes en el hospital de Diamante. Ese día fueron detenidos Fabián Monzón, Carina Domínguez, Zunilda Suárez, José Zarza y Guillermo Barreira. El 9 de junio quedaron en libertad Domínguez y Suárez, mientras que a los demás el juez de Garantías les impuso 15 días de prisión preventiva domiciliaria.

Tras la renuncia de De la Rosa, el gobernador Gustavo Bordet designó en su reemplazo a Sonia Velázquez, quien juró el lunes 12 de junio. La nueva titular de la cartera sanitaria decidió, entre sus primeras medidas, la reincorporación de Migueles, tal como lo había ordenado De la Rosa. Claro que Migueles terminó renunciando a su cargo y hoy reside en Perú. Por esa razón, su testimonio fue desestimado por el abogado que representa a los seis sindicalistas de UPCN, Marcos Rodríguez Allende.

Tanto Rodríguez Allende como Leopoldo Lambruschini como Julio Federik, defensores de De la Rosa, pidieron la absolución de culpa y cargo de sus defendidos.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.