Ahora Carlos Alberto Chiara Díaz está en boca de todos por el proceso de juicio político en su contra por mal desempeño, que lleva adelante la Legislatura. La Cámara de Diputados, convertida en fiscal, ya hizo su acusación y lo suspendió de su cargo de presidente de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Lo que se abre ahora es una etapa incierta: el Senado, convertido en tribunal, deberá juzgarlo, pero el defensor de Chiara Díaz, Guillermo Brunner, pidió la suspensión del proceso. En medio, se coló la posibilidad de que Cambiemos no aporte el quórum que se necesita, 12 senadores sentados en sus bancas, para garantizar que el juicio político no se caiga.

¿Pero qué antecedentes hay de juicio político en Entre Ríos?

Los años 2000, 2001 y 2002 fueron un terreno fértil para la proliferación de variadas denuncias de juicio político: se presentaron ora en la Legislatura, ora en el Jury de Enjuiciamiento.

Sin embargo, pocos de aquellos casos llegaron a la etapa de “juicio” propiamente dicho, es decir, la instancia de la emisión de una sentencia.

El primer caso, justamente, fue una denuncia presentada por el propio STJ ante el Jury de Enjuiciamiento, a comienzos del año 2000, contra el entonces juez Héctor Eduardo Toloy.

El máximo tribunal imputaba a Toloy la responsabilidad por la prescripción de la sonada causa de la “compra irregular de 25 mil cajas de alimentos”, en la que estaban involucradas las autoridades legislativas del período 1987/1991.

El jury de enjuiciamiento, integrado, entre otros, por Jorge Campos, Daniel Carubia y Carlos Chiara Díaz, encontró mérito para llevar a juicio a Toloy, pero finalmente fue  absuelto.

El propio Toloy, en 2010, promovió una causa contra el Estado Provincial por los daños y perjuicios sufridos por aquella denuncia y proceso, pero su demanda fue rechazada. Toloy, antes de ser juez, fue asesor en la Legislatura, y por eso mismo parte en aquel hecho que pretendía investigar.

Le siguió una denuncia de un periodista de Concordia contra el entonces gobernador Sergio Montiel, también en el año 2000.

En ese año, el propio Montiel, a su vez, presentó una denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados contra los jueces que constituían la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia. El argumento fue que el Tribunal le había denegado la concesión de un recurso extraordinario, en un amparo promovido por el representante de la minoría en la Comisión de Administración de los Fondos de Salto Grande (Cafesg).

Montiel había derogado la representación de la minoría y fue Néstor Berterame el que promovió el amparo, al cual se le hizo lugar. El Poder Ejecutivo quiso recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el STJ entrerriano le cerró esa instancia.

Así las cosas, Montiel se agravió y denunció a los magistrados. Pero la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados no encontró mérito para formar causa y dejó transcurrir el plazo de caducidad de treinta días que tenía para dictaminar, con lo cual la denuncia quedó archivada.

Ya a comienzos de 2001 comenzó a desatarse una crisis  económica que llevaría a que la Provincia de Entre Ríos ingresara en la situación de cesación de pagos respecto de los sueldos de los empleados públicos y proveedores locales.

La Provincia estaba endeudada, con un cronograma de vencimientos concentrados en el año 2001. Los bancos acreedores cobraban sus acreencias dado que casi toda emisión de deuda se garantiza con recursos de la coparticipación.

Entre Ríos no reestructuró la deuda y la crisis comenzó a desatarse con fuerza y se expresaba en la falta de remisión de aportes a los municipios, al Iosper, al sistema jubilatorio y finalmente a la falta de pago de las remuneraciones del personal de la Administración, lo que repercutías en el resto de los sectores de la economía entrerriana. Esa situación desembocó en la emisión de títulos de la deuda llamados Federales.

Sobre finales de 2001, el entonces senador  Marcelo Casaretto presentó la primera denuncia contra Sergio Montiel, invocando entre otras razones la falta de remisión de aportes al Iosper, la obra social provincial, situación que, según el legislador, configuraba mal desempeño.

La denuncia fue rechazada en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Ya transcurridos los hechos trágicos de diciembre de 2001 en Paraná, los diputados Raúl Solanas y Luis Márquez presentaron una nueva denuncia a raíz de la muerte de dos niñas en la represión, Eloísa Paniagua y Romina Iturain. Esa denuncia tampoco prosperó dada la negativa de la Cámara de Diputados.

Posteriormente, ocurrió una nueva denuncia presentada por varias organizaciones gremiales y dirigentes políticos y sociales. Lo acusaban a Montiel de mal desempeño: falta de remisión de aportes a los municipios,    incumplimiento de la Ley de Emergencia a esa altura sancionada por la Legislatura, el manejo de la situación de los hechos del 20 de diciembre, entre otros.

Esa denuncia prosperó en la Comisión de Juicio Político que  presidía el actual senador nacional Pedro Guastavino, que emitió dictamen favorable a la acusación.

El 16 de abril de 2002 se constituyó la Cámara de Diputados, con el quórum necesario de 21 legisladores. Sin embargo, la acusación fue desechada dado que el diputado opositor, Félix del Real, votara en contra. Del Real  dijo que “no encontraba motivos para enjuiciar al gobernador” y justificó su postura al afirmar: «Hay que terminar con el manoseo político».

 

 

El peronismo necesitaba 19 votos para concretar el juicio político contra Montiel. El resultado de la votación fue de 18 a 3, lo que impidió que el gobernador fuera enjuiciado.

Más adelante, se presentó una denuncia final de juicio político, dado que Montiel persistió en los incumplimientos imputados en la primera denuncia, y además incurrió en dos faltas gravísimas: decidió la emisión de deuda pública con más bonos Federales sin autorización legislativa, modificó por decreto el régimen jubilatorio,  incumplió la ley de jubilación anticipada y mantenía bloqueda la Casa de Gobierno.

La Comisión de Juicio Político emitió rápidamente el dictamen favorable a la acusación, pero la Cámara de Diputados no lograba el quórum de 21 legisladores. Fue entonces cuando se acudió a la sanción de expulsión de los legisladores que no asistían a las sesiones, lo que se produjo en una sesión que debió desarrollarse en la Biblioteca Popular dado que no podía sesionarse en el recinto, ya que hubo denuncias de presencia de gente armada en el recinto de Diputados.

Los expulsados resultaron Rubén Maín, Ricardo Troncoso, Elena Alfaro, Alvaro Guiffrey, José Cardoso, Gaspar Carlino, Rita Miranda y Marcelo Maidana.

En ese momento renunció el vicegobernador, Edelmiro Tomás Pauletti, a esa altura enfrentado con Montiel.

Cuando parecía que la acusación prosperaría y el  juicio se realizaría con el gobernador suspendido, Montiel obtuvo una sentencia en un amparo que ordenó la restitución a las bancas de los 8 legisladores sancionados. La sentencia fue confirmada por 5 votos contra 4 en el STJ y se debió volver atrás.

La sangre, al final, no llegó al río. El arzobispo Estanislao Karlic intervino y sentó en la sede episcopal a todos los sectores en pugna, y les impuso una tregua.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.