Los obispos que están citados como testigos en el juicio al cura Justo José Ilarraz podrían seguir el mismo camino que tomaron en la etapa de la instrucción: no concurrir personalmente a Tribunales y presentar un escrito, como ya lo hicieron en 2014.

Estanislao Esteban Karlic, Mario Luis Bautista Maulión y Juan Alberto Puiggari están citados para el 9 de mayo, junto al obispo de Concepción, Tucumán, José María Rossi. Pero ya presentaron ante el tribunal, que preside Alicia Vivian -e integran, además, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel- la petición para ser eximidos de ir personalmente.

El Código Procesal Penal de Entre Ríos les otorga esa prerrogativa. Dice que en los procesos judiciales hay “tratamiento especial” para determinadas personalidades, que, por lo tanto, no están “obligados a comparecer”, y entre estos, ubica  “Presidente y Vicepresidente de la Nación; los Ministros Nacionales; los Gobernadores y Vicegobernadores; los Ministros Provinciales, los miembros del Congreso Nacional y de las Legislaturas Provinciales; los del Poder Judicial Nacional y Provinciales; los de los Tribunales Militares; los Ministros Diplomáticos y Cónsules generales; los Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas, en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia; los Intendentes Municipales; los Rectores de Universidades Oficiales y los Vocales del Tribunal de Cuentas”.

Cada uno a su tiempo, los tres, Karlic, Maulión y Puiggari, supieron de los abusos de Ilarraz en el Seminario.

Karlic estuvo al frente de la Iglesia de Paraná desde 1983 y hasta que asumió Maulión, el 9 de julio de 2003. Este último  se mantuvo en el cargo hasta que alcanzó la edad límite para el servicio activo, los 75 años. El 4 de noviembre de 2010 el papa Benedicto XVI aceptó su dimisión, y designó en su reemplazo al entonces obispo de Mar del Plata, Juan Alberto Puíggari, que tomó posesión de su nueva función el 7 de marzo de 2011.

Por distintos caminos, uno y otro supieron de aquellos abusos denunciados por jóvenes que, en sus testimonios, acusaron a quien fuera prefecto de disciplina del Seminario Menor entre 1985 y 1993, Justo José Ilarraz.

Cuando ocurrieron los hechos, Puíggari era prefecto de disciplina del Menor-Mayor, los últimos dos años del colegio secundario con internado que funciona en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo; Ilarraz, a su vez, era prefecto de disciplina del Menor-Menor, de primero a tercer año, el ciclo básico. Precisamente, los alumnos del Menor-Menor fueron quienes denunciaron los abusos.

Maulión supo de todo aquello a partir del testimonio de las víctimas, en sucesivos encuentros que mantuvo, y en esas reuniones confesó que nada sabía por boca de miembros de la Curia. De todos modos, fue Maulión quien firmó, en febrero de 2004, a poco de asumir la conducción de la diócesis, la autorización para que Ilarraz se radicara en Monteros, Tucumán.

La estructura funcional del Seminario, entonces, estaba conformada así: el rector, cabeza máxima y superior del cura Ilarraz Luis Alberto Jacob; por debajo, y como directores espirituales, estaban Andrés Emilio Senger (ya fallecido), y el arzobispo Puiggari; y como prefecto de estudios, el canciller de la curia, Hernán Quijano Guesalaga.

En una escala inferior, y como responsable de Teología, César Raúl Molaro; y como prefecto de disciplina del curso propedéutico, Silvio Fariña Vaccarezza.

De acuerdo a lo que se sabe, el caso estalló cuando una de las víctimas le comentó los pormenores de los abusos del cura Ilarraz a un bedel de ese momento, el actual sacerdote Pedro Barzán. Barzán se lo comunica a su inmediato, Puiggari, y éste toma la decisión de poner en alerta al arzobispo Karlic.

¿Qué dijeron en la Justicia?

Los tres obispos declararon, por escrito, en 2014.

Karlic indicó en la Justicia que tomó conocimiento de los abusos por intermedio del actual arzobispo de Paraná y exrector del Seminario, Juan Alberto Puiggari. Aseguró que fue Puiggari “quien me lo dijo. Confío plenamente en su palabra”. Una de las respuestas da cuenta por qué actuó como actuó: “Tomé conocimiento de los hechos denunciados y encomendé al vicario de Justicia que procediera conforme al espíritu de la Iglesia y la normativa propia del Derecho Canónico”.

Karlic respondió a preguntas de los querellantes, el fiscal y los defensores de Ilarraz.

“¿Por qué no se denunciaron antes los abusos, y recién se conocieron públicamente en 2012 habiéndolos investigado la Iglesia en 1995?”, le preguntaron. Karlic contestó que los hechos “fueron callados por los menores. Cuando los comunicaron, manifestaron vergüenza. Se respetó la voluntad de ellos y se les manifestó que dieran noticia a sus padres. Se consideró que era fundamental respetar el interés de ellos”.

También contestó que sólo recordaba “haberme encontrado con él (Ilarraz) en Roma, mientras él vivía allí. Después de su regreso a la Argentina (y habiendo sido sancionado por el propio Karlic, NdelR), el cardenal dijo que “no podría precisar (pero se reunió) posiblemente en Buenos Aires”.

El dato relevante de su testimonio está en la respuesta a la pregunta 26. Dijo Karlic: “No recuerdo en detalle. En principio, los negaba absolutamente (a los abusos). Más tarde, admitió su responsabilidad y pidió perdón”.

“El padre Ilarraz manifestó ante mí su reconocimiento de los hechos, y pidió perdón”, reveló.

Puiggari dijo que se enteró de los abusos de Ilarraz “meses antes del comienzo de la investigación dispuesta por el Arzobispado de Paraná, en 1995”, y cita, con nombre y apellido, a tres víctimas: los únicos casos que conoció. Y vuelca todas las responsabilidades sobre las espaldas de Karlic: “No conozco cómo se llevó a cabo el procedimiento, ni las conclusiones ni las sanciones adoptadas sino hasta que tomé conocimiento de las actuaciones a mi llegada a Paraná (en 2011)”, dice su declaración.

Dijo que al tomar conocimiento de los hechos, no se comunicó la situación a los padres de las víctimas “porque ya tenían 18 años y era un delito de instancia privada”. Y luego abunda sobre lo mismo: “El delito investigado es de instancia privada y no podía hacer la denuncia en forma personal. Tomado conocimiento de los hechos, comuniqué enseguida al arzobispo de Paraná (Karlic) como es el proceder normal y ordinario dentro de la Iglesia Católica”.

¿Sabía Maulión de todo lo que sucedía con Ilarraz? Puiggari aseguró en la Justicia que en el momento que asumió como arzobispo, en 2003, “le comuniqué que en el Archivo de la Curia obraba un proceso investigativo sobre el Padre Justo Ilarraz”.

Ni Karlic, ni Maulión ni Puiggari acudieron al ordenamiento jurídico de la Iglesia para aplicar una sanción a Ilarraz. En su declaración judicial, Puiggari relata que el Código de Dercho Canónjico, en el canon 1.395, señala “que debe ser castigado con penas justas, sin excluir, cuando el caso lo requiera, la expulsión del estado clerical”.

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.