El jury al juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, empezó este martes en el salón de audiencias del Superior Tribunal de Justicia (STJ),  y en el arranque, Miguel Cullen, defensor del magistrado, que está suspendido en su cargo desde diciembre de 2017. acusado por mal desempeño y falta de idoneidad por haber liberado, en julio de 2016, al femicida Sebastián Wagner, autor, en abril de 2017, del homicidio de Micaela García, pidió la absolución y tildó al jurado que lo juzga de “inconstitucional”.

Aunque la situación más llamativa la protagonizó el Procurado General de la Provincia, Jorge Amílcar García, que en su alegato no acusó a Rossi, y dijo que esa tarea, la de acusar o, eventualmente, absolver, deberá quedar en manos del Jurado de Enjuiciamiento, que integran los vocales del STJ Miguel Giorgio, Germán Carlomagno y Daniel Carubia, la diputada Ester González, el senador Daniel Olano y los abogados Jorge Campos y Roberto Beheran.

Rossi tiene ocho pedidos de jury, y en todos la argumentación es la misma: falta de idoneidad y mal desempeño, y todo basado en el hecho de haber liberado a Wagner, condenado en octubre de 2017 a prisión perpetua, como autor material del femicidio de Micaela García. Wagner estaba alojado en la Granja Penal de Gualeguaychú, y purgaba una condena a 9 años por dos casos de abuso sexual. Rossi cargó este martes en su alegato de defensa contra el fiscal Diego Young, de la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay, quien en 2012 acordó un juicio abreviado por dos casos de violación que se le endilgaban al femicida de Micaela García, y así recibió una pena de 9 años de prisión, en vez de los 30 años que le hubieran correspondido si el juicio se llevaba adelante.

Pero la defensa de Rossi ocurrió después de que hablaran el Procurador García, y su defensor Cullen.

El jury se abrió sin acusación: García citó la ley que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento, que obliga al Ministerio Público Fiscal a acusar, en colisión con la autonomía que tiene la Procuración. “El hecho de que nosotros hayamos posibilitado el juicio no implica condena, ni tampoco entendemos que la postura del Ministerio Público Fiscal, a diferencia de lo que ocurre en los juicios penales, sea determinante para lo que vaya a resolver el tribunal. La integración pluralista del jury hace que no sea determinante ni la postura acusatoria ni la postura absolutoria”, aseguró.

“A Rossi se le atribuye, mediante resolución del 1° de julio de 2016, haber otorgado la libertad condicional a Wagner, pese a los diversos informes que lo desaconsejaban, efectuado por el equipo técnico, de la Unidad Penal de Gualeguaychú, del equipo del juzgado, y del dictamen negativo del fiscal de coordinación (Lisandro Beheran),. descalificando los mismos arbitrariamente, sin justificación”, leyó el Procurador la acusación contenido en los ocho pedidos de jury.

Citó luego el voto del jurado Jorge Campos, que al fundamentar la posición de apertura de causa a Rossi, en diciembre de 2017, sostiene que “en la decisión de otorgar la libertad condicional a Wagner, el juez se opuso a los dictámenes de los organismos técnicos, y critica tres aspectos de esa postura. La caracterización de no vinculantes de estos informes, esta no vinculación se desecha sin fundamentos, y que no se tuvo en cuenta la índole de los delitos sexuales, que merecía, en opinión de Campos, una consideración especial que el juez omitió -reseñó García-. Y la jueza Susana Medina le reprocha la falta de perspectiva de género”.

A su turno, el defensor Cullen hizo notar que la apertura de la causa “no es una acusación, es una pieza que habilita este proceso”, insistió con la inconstitucionalidad de la ley que regula el proceso de jury , N° 9.283, del año 2000. “La Ley 9.283 es netamente inconstitucional por las mismas razones por las que el Procurador intenta explicar por qué no es inconstitucional”, sostuvo.

Habló de la “gravedad institucional” del proceso, y sostuvo que “lo que se resuelva aquí, no solamente implica a Rossi, sino se propagará para toda la comunidad”. Dijo también que el jury al juez de Gualeguaychú “no cumple los parámetros constitucionales básicos”. Explicó que los siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento “no deben tener opinión previa”, aunque muchos ya la volcaron en la apertura de la causa. “Qué sentido tiene este proceso, para qué vamos a escuchar a los testigos, si ya se resolvió que hay mal desempeño. El propio Procurador en su dictamen habilitante, no acusatorio, sostiene que ya hay jurados que tienen postura acusatoria”, observó, y citó el caso del abogado Jorge Campos.

“Estamos frente a un tribunal que ha emitido opinión al momento de invitar al Procurador para que realice acusación. Esto es la muerte del proceso, porque no hay tribunal imparcial -señaló Cullen-. Así planteadas las cosas, se da la situación de que el Procurador no realiza acusación. Entonces, da lo mismo que haya venido o no; da lo mismo que el tribunal ofrezca prueba. Ese agravio, esa forma de entender un proceso, que nos retrotrae a épocas del Medioevo, la Inquisición, no es compatible con la Constitución, ni con un estado de Derecho. Por eso, hago expresa reserva de caso federal. La marcha de este proceso atenta contra el derecho constitucional del debido proceso”.

Y alertó de la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación “por violación al debido proceso”, y enumeró las fallas del proceso: la violación de la Constitución, la ausencia de acusación, y la caducidad del proceso de jury, que debió haber sido resuelto en un plazo de seis meses, y transcurrió más de un año.

“Estamos frente a un tribunal que ya emitió opinión, con una ley inconstitucional, que va a condenar sin acusación, y que lo hará en los plazos ya caduco”, observó el defensor.  “Este es el proceso al que nos estamos sometiendo, y al que se está sometiendo a un juez de la provincia”. completó.

Luego, diferenció. “Lo que se está endilgando a Rossi, lo que la sociedad y las denuncias le han endilgado, es la muerte de Micaela García, y no la decisión del juez. Acá no estamos evaluando el homicidio de Micaela García, que movilizó a toda una sociedad. Acá se está juzgando si Rossi incurrió en mal desempeño de sus funciones. Y para eso no hay que mirar el resultado de un año y medio después. Hay que ver el resultado del fallo. Fue un fallo tan ajustado a derecho que no mereció una sola tacha, un solo reproche durante un año y medio”, planteó.

Y al final dijo: “No hay ni va a haber otra solución para este proceso que la absolución de Rossi. Se probará que su resolución no hizo otra cosa que reconocer derechos constitucionales y apegado al texto de la ley y a la interpretación de esa ley que los propios miembros del STJ en distintas conformaciones le habían dado. Y es la que corresponde”.

Al inicio del jury se tuvo conocimiento de la ausencia de varios testigos citados. Entre ellos, Gisela Wagner, directora del Patronato de Liberados, que presentó certificado médico y se le tomará declaración en su domicilio; Hugo Splendore, miembro del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, también con problemas de salud, y declarará en su vivienda; la jueza Alejandrina Herrero declarará por escrito; y el exdirector del Servicio Penitenciario, José Luis Mondragón, no justificó su ausencia, aunque su testimonio fue dejado de lado. Por lo demás, sí declararon Lisandro Beheran, fiscal coordinador de Gualeguaychú; Pablo Ronconi, defensor de Menores; Pablo Ledesma, exdefensor de Pobres y Menores, todos de Gualeguaychú;y Mariela Brondani, miembro del Patronato de Liberados.

Mario Juliano, juez Penal de Nocochea, provincia de Buenos Aires, declarará el lunes 30, a las 10,30.

De la Redacción de Entre  Ríos Ahora.