El 19 de noviembre de 2008, Jorge Busti, entonces presidente de la Cámara de Diputados, presentó en la Legislatura un proyecto de reglamentación del Jurado de Enjuiciamiento, un instituto creado en la reforma constitucional de ese año, pero que siete años después tendría un destino insólito: con media sanción de la Cámara Baja, el proyecto llegó al Senado, entonces monocolor, dominado por el urribarrismo, y fue enviado al archivo.

Aquel proyecto de Busti de 2008, identificado como expediente N° 17.000, fue acompañado por las firmas de los diputados Jorge Kerz, Juan Carlos Almada, Daniel Bescos, Juan Alberto Bettendorf, Alicia Haidar, Patricia Díaz, Lidia Nogueira, José Ángel Allende, José Salim Jodor, Juan Domingo Zacarías, Eduardo Jourdan, Jorge Maier, Jorge Bolzán, Héctor Argain, José Orlando Cáceres, Hugo Berthet y Horacio Fabián Flores.

El proyecto establecía el modo cómo pueden ser removidos los funcionarios judiciales e integrantes del Poder Ejecutivo no alcanzados por el juicio político. El artículo 218° de la Constitución de Entre Ríos fija que los funcionarios no sujetos a juicio político –jueces, fiscales, defensores–“podrán ser acusados por faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus funciones, ante el Jurado de Enjuiciamiento”. Y dice que ese Jurado estará integrado por 3 miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), 2 legisladores y 4 abogados; más 2 abogados más, “designados por organizaciones sociales”.

Pero ese apartado nunca fue reglamentado y por eso todavía tiene vigencia la Ley N° 9.283, sancionada en 2000, que establece que el Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por 3 miembros del TJ, 2 legisladores y 2 abogados. Y ningún representante de la sociedad civil, como sí hay en el Consejo de la Magistratura, por ejemplo.

El proyecto de Busti establecía en su artículo 3°que el Jurado de Enjuiciamiento esté integrado por 3 miembros del STJ, 2 legisladores y 4 abogados, 2 de estos “serán designados por organizaciones sociales, profesionales y/o sindicales con personería jurídica y/o gremial, cuyo objeto social tenga vinculación con la defensa del sistema democrático, de los derechos humanos y del sistema republicano de gobierno”.

Busti propuso establecer “el tratamiento que se le debe dar a los planteos de inhibiciones y recusaciones, con el objeto de solucionar inconvenientes que nos muestran la práctica concreta de esta institución, a lo largo de estos años. También se contemplan en forma taxativa las causales de destitución de los funcionarios sujetos a enjuiciamiento, cumpliendo de este modo con el mandato constitucional”. Y apuntaba a regular también “el procedimiento de acusación, garantizando el derecho de defensa, la publicidad y la oralidad”.

Dejaba sin efecto, a la vez, “el criterio de la irrecurribilidad establecida como principio”, y fue así “porque nuestros convencionales discutieron expresamente el tema y optaron por dejarle un margen de decisión a los legisladores para que opten por la posibilidad de recurrir el fallo de destitución o bien preservar su inimpugnabilidad. De ello se sigue que es factible reconocer legalmente una instancia judicial de revisión de lo resuelto, a diferencia de lo que ocurre con la Constitución nacional cuyo Artículo 115 afirma que la sentencia es irrevisable”.

El proyecto se presentó por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados el 18 de noviembre , y al día siguiente, 19, toma estado parlamentario. Fue después analizado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Juicio Político y de Legislación General, y consiguió media sanción el 23 de septiembre de 2009. Luego, el 2 de octubre de ese año, es enviado al Senado.

Recién el 30 de noviembre de 2015, a días del recambio institucional, en el Senado se acordaron de que existía ese proyecto, y lo enviaron al archivo.

Así, quedó sin reglamentar el apartado de la Constitución reformada en 2008 que habla del funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento.

Ahora, ese organismo tiene seis pedidos de jury al juez Carlos Rossi, titular del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, cuestionado por mal desempeño al haber otorgado libertad condicional a Sebastián Wagner, con dos casos de violaciones comprobados en la Justicia, y ahora principal involucrado en el femicidio de Micaela García.

El proceso a Rossi no se hará según lo establece la Constitución según la reforma de 2008, sino con una ley que va camino a cumplir las dos décadas.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.