Sergio Urribarri logró lo que pocos.

Citado por la Justicia a declaración indagatoria por tres causas en los que se investigan delitos de corrupción para este jueves a las 9, consiguió cumplir ese trámite con antelación y en día inhábil –este martes, Día del Abogado, y por tanto sin actividad en la Justicia–, aunque no dijo nada.

Se limitó a presentar sendos escritos para las tres causas en la que había sido citado a indagatoria, y lo hizo acompañado por sus dos abogados, Marcos Rodríguez Allende y Raúl Barrandeguy. Los fiscales Alejandro Cánepa, Santiago Brugo y Patricia Yedro se limitaron a eso, a recibirle los escritos al ahora presidente de la Cámara de Diputados, y nada más.

Aunque sí le entintaron los dedos, como a cualquier hijo de vecino, pero consiguió distraer la atención de los medios, y asistir a Tribunales un día en el que nadie se lo esperaba: una jornada sin actividad. Este martes por la noche, poco después de las 20, Urribarri ingresó al edificio de Tribunales y cumplió con el trámite.

“Urribarri presentó un escrito, y pidió que se adelantara la fecha de la audiencia, prevista para el jueves. Pidió que fuera este martes, aprovechando que estaba en Paraná por la sesión de la Cámara deDiputados. Pero no declaró. Solamente vino, y presentó tres escritos, uno por cada una de las causas en las que está investigado”, contó a Entre Ríos Ahora una fuente de la Justicia. El dato sobre la presencia de Urribarri en día inhábil lo reveló esta noche el sitio “Análisis Digital”.

Fue un trámite formal. “No declaró, no amplió nada, no contestó preguntas. Sólo se remitió a los escritos”, señaló la fuente, y respecto del tenor de esos escritos aseguró que Urribarri explicó que “todas sus acciones fueron autorizadas por los organismos de control, y que él confiaba en sus funcionarios que le proponían acciones de gobierno. Así que esas decisiones que tomó habían sido antes aprobadas por los organismos de control”.

Para los fiscales que lo recibieron este martes a Urribarri, lo que sigue es analizar los escritos para ver si surge otra prueba para pedir, y recién cuando esté cerrada la investigación, elevar la causa a juicio.

Tres causas


Urribarri había sido citado a declarar el jueves 31 por tres causas en la que se investigan supuestos hechos de corrupción durante su gobierno.

Urribarri tiene abiertas tres causas en la que se investiga el delito de peculado, esto es utilizar fondos y bienes del Estado para asuntos privados, como fue su precandidatura presidencial. Por dos de esas tres causas respondió este martes.

La primera  es por la causa Nelly/Mercosur: los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa, a cargo de la investigación por una millonaria contratación durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en 2014, le reprochan a Urribarri la utilización de fondos del Estado en  beneficio propio para financiar la campaña del “Sueño Entrerriano”.

El texto redactado por los fiscales da cuenta que a través de la gestión realizada en el expediente administrativo N° 1656798, con el que se inició la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, se autorizó el pago de un monto de $28 millones para la difusión de cuatro spots publicitarios, en teoría, de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Mas ése no habría sido el propósito. El fin último de la emisión de esa publicidad en todo el país, en opinión de Brugo y Cánepa, sólo sirvió para solventar la campaña de Urribarri.

Aquel expediente se inició el 25 de noviembre de 2014, a escasos 20 días de inicio de la Cumbre de Presidentes en Paraná, y logró un tránsito ultraveloz en cinco días por diez oficinas distintas, entre ellas las del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, entonces al mando de Guillermo Smaldone. Así se legalizó la contratación y, luego, se habilitó la contratación con Nelly Entertainmet SA, y el pago de $28 millones para difundir cuatro spots televisivos.

La tesis de los fiscales es que con ese trámite “se sustrajo de la partida presupuestaria asignada a las erogaciones para la organización de la Cumbre Mercosur (DA 988) –cuya administración y disposición estaban a cargo de Sergio Daniel Urribarri en su carácter de gobernador de la provincia de Entre Ríos—la suma de $28.400.000, la que fue aplicada para su beneficio personal a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones generales del año 2015”.

Los fiscales sostienen que Urribarri dictó el decreto N° 4.800/14, “mediante el cual autorizó la contratación por la suma de $31.460.000 para la difusión nacional de cuatro spots publicitarios de su gestión de Gobierno (cuatro días después hubo un decreto correctivo, que bajó esa cifra a $28,4 millones, NdelR). Con el fin de soslayar procedimientos de contratación pública y los controles respectivos, se encuadró tal contratación en el marco de la ley 10.327(artículo 2), pese a no ser necesaria ni inherente para la realización de la 47 Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (Mercosur). A tales fines se direccionó la contratación de la difusión nacional de los cuatro spots referidos, a favor de la empresa Nelly Entertainment SA, en la persona de su presidente, Jorge Ernesto Rodríguez, quien además de conocer la diversa finalidad de la contratación, contó con información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”.

En esa contratación “direccionada”, tal cual entienden Brugo y Cánepa, intervinieron Urribarri, “en su carácter de Gobernador de la provincia de Entre Ríos. Tuvo la imprescindible participación del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, quien en el marco de su rol funcional, interesó la contratación en el marco de la ley excepcional 10.327, aportó los spots, incidió en la asignación del contrato y refrendó el decreto 4.80072014; del coordinador de la Unidad Operativa Mercosur, Hugo Félix Céspedes; y del coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur, contador Gustavo Javier Tórtul, quienes llevaron adelante los procedimientos administrativos que favorecieron la sustracción, conducta descripta como negociaciones incompatibles y peculado concursados idealmente en su carácter de partícipe”.

 

Hay una segunda causa abierta por el “Sueño Entrerriano”, y surge de un análisis detenido sobre los gastos en publicidad del Gobierno de Entre Ríos en 2014. En particular, la contratación de una solicitada publicada en junio de 2014, en 18 diarios nacionales por más de 4 millones de pesos.

La solicitada por la que Urribarri desembolsó esos millones de las arcas públicas apareció en los medios de gran tirada y portales web el 22 junio de 2014, y en la tesis de los investigadores judiciales no fue más que una estrategia más de proselitismo de su candidadura presidencial, luego frustrada. Por esa causa, también se presentó este martes.

La tercera investigación es la contratación de publicidad con cartelería en las rutas, en las que uno de las empresas beneficiadas resultó ser Tep SRL, que se atribuye al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. El dictamen de apertura de causa que firmó en septiembre de 2016 la  fiscal Patricia Yedro está precedido por esta carátula: “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”.

La resolución que firmó Yedro al abrir la causa dice que se investiga si “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.

Y agrega: “Así, en el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad -entre otras las Nº 183/2010, 331/2010, 954/2010, 350/2010, 1402/2010, 1405/2010, 1864/2010, 2569/10, 2836/2011, 2573/2010, 2839/11, 2574/2010, 2840/11, 1176/11, 3971/11, 754/12, 2060/12, 3393/12, 3974/11, 885/12, 2057/12, 3390/12, 3972/11, 886/12, 2059/12, 3392/12, 3973/11, 887/12, 2058/12, 3911/12, 3912/12, 3918/12, 3922/12, 4438/12, 4440/12, 4433/12, 1213/13, 1208/13, 1233/13, 1237/13, 2081/13, 2085/13, 2080/13, 2078/13, 4186/13, 4189/13, 4193/13, 5810/13, 583/14, 1657/14, 4399/14, 5812/13, 1655/13, 5813/13, 1654/13, 5817/13, 1653/14-, posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública.”

Según la fiscal Yedro, la conducta “descripta puede ser encuadrada –prima facie y en el limitado marco cognoscitivo de la presente– en las figuras de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, Fraude a las Administración Pública, Peculado, Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y/o Falsificación de documentos públicos (art. 265, 174 inc. 5 en función del artículo 172, 261, 248, 249 y 292 del Código Penal Argentino, sin perjuicio de las relaciones concursales que en su momento se constaten”.
La causa contra Báez y Cía arranca así, entonces, con fuego cruzado: una táctica que los fiscales imaginan que seguirá.

 

Sobre esas tres causas presentó sendos escritos en la Justicia, y lo hizo dos días antes de la fecha en la que había sido citado. Lo hizo este martes, inhábil en la Justicia por la celebración del Día del Abogado, pero sin pronunciar palabra. Se remitió a los escritos que dejó en mano de los fiscales.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos.