El senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos) presentó en la Cámara Alta un proyecto de ley que apunta a establecer que la Contaduría General de la Provincia ejerza un contralor directo sobre los gastos y las contrataciones que realice el Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro).

El artículo 1° de la iniciativa que ingresó en el Senado el 7 de este mes el legislador dice, textualmente: “El Instituto Autárquico Becario Provincial creado por la ley Nº 10.133 queda sujeto, a partir de la sanción de la presente, al contralor que ejerce la Contaduría General de la Provincia de conformidad con lo normado por el artículo 210 de la Constitución Provincial, y por las leyes Nº 9981 y Nº 5140, como también de las normas que en el futuro rijan este control preventivo sobre actos de la administración pública en general”.

Kisser alude a una resolución que adoptó la Contaduría el 14 de junio de 2017 luego de receptar una sugerencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia en la que pidió la intervención de aquel organismo en la licitación para la contratación del servicio de transporte escolar hecho por el Inaubepro. La norma fija “el control previo de la Contaduría General relativo a los gastos se encuentra circunscripto al ámbito del Poder Ejecutivo, sus organismos descentralizados y/o entes autárquicos que giran bajo su órbita; quedando excluidos los Poderes Legislativo y Judicial y/o los organismos y/o los entes autárquicos que giren bajo la órbita de éstos”. O sea, la Constitución impide el control.

Pero el legislador de Cambiemos entiende que es necesario “un control preventivo” de los gastos del Inaubepro. Y señala que “debe partirse de la base que a la Contaduría General de la Provincia le asiste razón cuando dicta esta resolución, pero ello no puede dejar sin control a un organismo sumamente importante, donde no solo se cuenta con recursos propios y provenientes del Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales, sino que provienen también de otros organismos, como son los que se destinan a pagar el transporte escolar, especialmente en las escuelas o zona rurales. Esos recursos no provienen del Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales, sino que son transferidos por el Poder Ejecutivo, el Consejo General de Educación de la Provincia, y también provienen de Organismos Nacionales, y eventualmente, de organismos Internacionales”.

En concreto, el legislador apunta al gasto que realiza el Inaubepro para solventar el pago del transporte escolar que garantiza la asistencia de alumnos en zonas rurales, primordialmente. “Es cierto -observa Kisser- que originariamente no estaba previsto que el Inaubepro se hiciera cargo del transporte escolar, pero también es cierto que la experiencia está demostrando que es el organismo que mejor administra este importante servicio, y en mérito al cual, muchos son los niños y adolescentes que pueden concluir sus estudios, no solo en nivel primario, sino también en el secundario. Entonces, es bueno que el servicio de transporte escolar, atendido por el Estado Provincial, esté administrado por el Inaubepro”.

Kisser hace notar que el Inaubepro “no sólo está cumpliendo la función específica que marca la ley de su creación (Ley Nº 10.133), sino que también está cumpliendo una función que no le sería propia, como es el transporte escolar, que debería estar en manos del Consejo General de Educación de la Provincia, o de algún otro organismo del Poder Ejecutivo. Ahora, ello no puede implicar que sea un organismo que no tenga control preventivo de sus gastos o contrataciones”. Y subraya que aún cuando ese organismo esté bajo la órbita de la Legislatura, “no  quiere decir  que no  pueda o no deba tener ningún control preventivo del gasto. Por el contrario, al ser un organismo  autárquico, por  cierto,  que   esta   prestando funciones esencialmente administrativas, de gestión y de decisión administrativa, debe contar con un exhaustivo control”.

Y ese control, entiende el legislador, debe estar en el ámbito de la Contaduría.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora .