Fue un primer encuentro que reunió a tres países.

Eneas Espinosa Gallardo, de Chile; Ricardo Vélez, de la ONG Ecuador Dice No Más Abuso Sexual Infantil; Julieta Añazco y Fabián Schunk, de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, Sebastián Cuattromo y Silvia Piceda, de Adultos por los Derechos de la Infancia; y una representante de la ONG de Paraná Así Basta,Liliana Bartfield.

Todos ellos, en el despacho de la senadora nacional Sigrid Kunath (FPV Entre Ríos) hablaron de las causas de abuso en la Justicia, y del impacto de la ley que el Congreso de la Nación sancionó en 2015, N° 27.026 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas. Se trata de una iniciativa que impulsó Kunath, que poco se conoce, y que constituye un freno legal a las argucias que suelen presentarse en la Justicia los acusados de abusos para conseguir que se dicte la prescripción en los casos que los tienen como denunciados.

Así pasó con el caso del cura Justo José Ilarraz; y con otro sacerdote, Marcelino Moya. Ninguno de los dos pretende probar su inocencia, sino demostrar que los delitos están prescriptos.

La ley se sancionó el 28 de octubre de 2015 y estableció de modo categórico que la prescripción se interrumpe por:

  1. La comisión de otro delito;
  2. El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objetivo de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;
  3. El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente;
  4. El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y
  5. El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.

 

La ley, dice la senadora Kunath, “introduce una modificación sustancial en el Código Penal al ampliar los plazos de prescripción para los delitos”, independientemente del tiempo transcurrido “entre la concreción del mismo y su denuncia. En el texto de la ley se establece que la prescripción queda suspendida mientras la víctima fuera menor de edad, y aún habiendo cumplido la mayoría de edad, hasta cuando pueda hacer la denuncia o ratifique la hecha por su entonces representante legal y dispone la inhabilitación especial perpetua cuando el delito sea cometido aprovechando el victimario su cargo, profesión o empleo”.

Vigente la ley, en la Justicia no se ponen de acuerdo respecto de su aplicación o no, y cuándo es aplicable y cuándo no. “Mi opinión al respecto –sostiene la legisladora- es la misma que sostuve al presentar el proyecto, allá a mediados de 2014: siempre debe primar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes”.

El Congreso legisló; ahora, asegura Kunath, “es responsabilidad del Poder Judicial fijar una clara postura al respecto, con lineamientos contundentes, que no den lugar a dudas, y que se asegure que las víctimas no tendrán la necesidad de transcurrir largos y dolorosos años por los pasillos de tribunales para que su caso pueda ser atendido”.

La propuesta de Kunath encontró su origen en la tramitación de la causa por abusos que se tramita en la Justicia contra el cura Justo José Ilarraz, que en abril próximo se sentará en el banquillo de los acusados. En ese caso, la Justicia entrerriana fijó postura respecto de la no prescripción de los delitos de abuso.

Aunque en los tribunales provinciales la causa Ilarraz siguió su curso, hay un planteo de prescripción que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La vía federal fue habilitada en septiembre de 2015 por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que resolvió conceder el recurso extraordinario federal planteado por la defensa de Ilarraz en la causa penal que investiga la denuncia de siete víctimas contra el cura, a quien acusan de haber abusado de ellos cuando eran adolescentes y cursaban la secundaria como pupilos en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo.

 

La resolución del tribunal fue con voto dividido: el entonces vocal Carlos Chiara Díaz opinó que debía rechazarse el planteo, aunque sus pares Daniel Carubia y Claudia Mizawak resolvieron darle cabida al planteo hecho por el defensor de Ilarraz, Juan Ángel Fornerón.

El recurso había sido planteado por la defensa, luego del fallo de la Sala Penal del STJ del 27 de abril de 2015 que decidió rechazar impugnación extraordinaria contra la sentencia dictada por la Cámara de Casación Penal.

La Sala Penal del STJ rechazó, en un fallo dividido, el camino de la prescripción, y señaló que los delitos imputados al cura son “imprescriptibles”. De ese modo se expresaron los vocales Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak, con la disidencia de su par Daniel Carubia.

 

Frente a esa sentencia, el abogado de Ilarraz, Juan Ángel Fornerón, presentó un recurso extraordinario federal, e insistió con el argumento de que “los hechos imputados a mi defendido fueron ubicados temporalmente de forma expresa e indubitable antes del año 1992”, y por lo tanto, están prescriptos. “Se observa claramente cómo los hechos que se investigan en estas actuaciones habrían ocurrido más de veinte años antes de promoverse las denuncias, habiendo largamente expirado el plazo de prescripción de la acción penal dispuesta por nuestro ordenamiento”, dice el escrito.

 

En su presentación, Fornerón entendió que el fallo de la Sala Penal del STJ “creó” una “nueva categoría de delitos imprescriptibles”, y sostiene que la sentencia en mayoría firmada por los vocales Chiara Díaz y Mizawak “obstaculiza la aplicación del instituto de la prescripción de la acción penal” y, “más grave aún resulta la creación de un nuevo paradigma jurisprudencial en mérito al cual cualquier juez puede considerar imprescriptibles cualquier tipo de delito con sólo estimar que en el caso concreto existe una grave violación a los derechos humanos”.

Para Kunath la causa Ilarraz es un espejo en el cual mirarse. Y sostiene que la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas no puede seguir discutiéndose en los Tribunales respecto a su aplicación. Y planteó que “hoy existe la certeza de que la garantía de acceso a la justicia para todas las personas menores de edad que desde el 9 de noviembre de 2015, fecha de entrada en vigencia de la ley, hayan sido víctimas de abuso sexual, se hará efectiva y el Poder Judicial deberá poner todos sus esfuerzos en realizar la investigación correspondiente, sin la necesidad de transcurrir largos años dilucidando si la acción penal se encuentro o no prescripta, con la seguridad de que el transcurso del tiempo son será sinónimo de impunidad”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.