“El abandono de la fe, por distintas razones, siempre ocurrió. Este apartarse de la fe requiere de un acto humano concreto. El hecho de realizarlo, desde lo espiritual, nunca produce alegría en el pueblo de Dios. En otras palabras, lamentamos profundamente que alguien solicite esto. El dolor del abandono de la fe nos afecta a todos. Se considera un acto individual, más allá de que la solicitud sea colectiva”.

El sacerdote Mauricio Landra, nacido en Larroque, un muy respetado canonista que actualmente es decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), respondió a los movimientos de apostasía colectiva que han crecido en Entre Ríos y dio un dato con cierto tono desafiante: el hecho de apostatar -pedir a la Iglesia que borre el nombre de una persona de los libros de bautismo- no significa borrón y cuenta nueva.

“Los archivos eclesiásticos en Argentina gozan de cierto respeto por acuerdos que existen. Los registros no se borran porque no hay una modificación en lo civil. Cuando se hace un reclamo de esto, muchas veces hay un corte y pegue de sitios web y se menciona la ley de Habeas Data. Hay un artículo en esa ley que permite a la iglesia llevar un registro de sus miembros. Lo que se protege en esa ley es la utilización de datos”, afirmó.

Y en respuesta a la campaña que ya está en las calles y en las redes, que apunta a una seperación de la Iglesia del Estado, afirmó que “se ve claramente una confusión. Nosotros no nos manejamos por la cantidad de bautizados, ni siquiera hacemos mención a eso porque no sabemos cuántos bautizados hay. En ningún momento se ha considerado un aporte a la iglesia por cantidad de bautizados. Si el Estado ayuda en lo económico, no lo hace en base a la cantidad de fieles”.

“La Iglesia Católica tiene un status jurídico que lo se lo dio el Estado Nacional por lo que hizo la Iglesia para construir el país. Es una posición que se le da en la Constitución, en el Código Civil y también por supuesto un reconocimiento a los otros credos. Nunca en ningún momento de la historia de la relación Iglesia Estado argentino, se ha considerado la cantidad de fieles bautizados”, sostuvo, en declaraciones a la radio de la curia, FM Corazón.

Landra planteó que “la Constitución no habla de un sostenimiento económico. El Estado quiso reconocer el culto preconstitucional del Estado que tenemos todos”. Y respecto de la apostasía, dijo: “El fenómeno va más allá de la apostasía. Nos incluye en varios temas que no construyen al dialogo. Cuando algunos grupos impulsan estos movimientos, hablan de adoctrinamiento por parte del pueblo de Dios a la sociedad. Yo pienso que es al revés. Es lamentable porque el adoctrinamiento hace que uno copie y pegue conceptos que no entiende. Hay gente que va a apostatar sin entender el concepto de lo que quiere hacer”.

En números, se puede establecer de qué modo el Estado, en Entre Ríos, sostiene el culto.

En el Presupuesto 2018 de la Provincia, se destinaron $17.437 millones al Consejo General de Educación (CGE), de los cuales el 82% se ocupó en el pago de salarios; un 0,36%, para bienes de consumo;  y 0,23%, para bienes de uso. En tanto, para las escuelas públicas de gestión privada, la mayoría confesionales, el grueso de religión católica -que representan medio millar de instituciones-, el Estado derivó $2.606 millones, el 14,95% del total afectado a Educación.

Ese es parte del dinero que el Estado deriva a la Iglesia. No el único. Los bienes de la Iglesia Católica no pagan tributos ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER): ni el Inmobiliario ni el Automotor. El arzobispado de Paraná posee 573 propiedades; el obispado de Concordia, 250, y el de Gualeguaychú,  168 inmuebles. Y se estima la existencia de 217 vehículos, propiedad de 282 curas, que, claro están libres del pago de impuesto alguno, según un detalle elaborado por el periodista Jorge Riani.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.