Los grupos autodenominados “provida” están dando batalla en todos los frentes para conseguir que el Poder Ejecutivo vuelva atrás con la decisión adoptada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos de poner en vigencia un protocolo de actuación en casos de aborto no punible que llegan a los hospitales, en concordancia con un fallo que dictó en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los sectores integristas de la Iglesia Católica sumados a grupos evangélicos vienen batallando para conseguir “bajar” ese protocolo, que Salud puso en vigencia en agosto. Una de las vías es mediante la recolección de firmas en escuelas católicas y en las misas. Esas firmas, más de 20 mil, dicen que reunieron, fueron elevadas al Senado en la última sesión por parte del representante de la Asociación de Pastores de Entre Ríos, Carlos Jacobi, y el secretario del Foro de la Familia, Carlos Barrone.

En la presentación ponen en conocimiento del titular de la Cámara de Senadores, Adán Bahl, del petitorio “donde se solicita al Gobernador de la Provincia derogue las resoluciones N° 2.883/17 y 3.616/17 del Ministerio de Salud, que adhiere al mal denominado Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”, y piden al Senado que “proteja a las personas por nacer, cumpliendo con la Constitución Provincial”.

La postura de los grupos integristas de la Iglesia sostiene que “el protocolo vulnera:  la Constitución Nacional; los tratados de carácter constitucional; el Código Penal; la Constitución Provincial; y por sobre todo, vulnera el derecho a vivir de miles de entrerrianos a quienes se les arrebata arbitrariamente la vida”. Pero además, aseguran que “encubre al violador”.

Salud ya había empezado a trabajar en 2013, cuando era ministro Ariel de la Rosa, en una readecuación del protocolo de aborto no punible.

En la Cámara Baja, cinco legisladores, cuatro de Cambiemos, dos del peronismo, ya se han sumado a los grupos “provida” y piden que el Ejecutivo dé marcha atrás con el protocolo. Pero a la par, se alzan otras voces de apoyo en la Legislatura.

Pero la ministra de Salud, Sonia Velázquez, ha dejado en claro que no se trata sólo de una decisión de “política sanitaria”, y que no habrá marcha atrás.

 

En 2012, la Corte falló en el caso “F.A.L. s/Medida Autosatisfactoria”, y aclaró el contenido del artículo 86º del Código Penal que prevé la práctica del aborto “terapéutico” o “no punible” en casos de violación o cuando haya riesgo de vida para la mujer. Y dejó en claro que no se necesita ningún recurso judicial para hacer cumplir la ley.

 

La Corte, además, exhortó a las provincias a redactar sus propios protocolos para evitar que esas confusiones siguieran reproduciéndose hacia el interior de los sistemas de salud. Entre Ríos redactó su propio protocolo, que cumple en parte con aquel mandato judicial.

 

Entre Ríos estuvo a punto de dar marcha atrás con esa jurisprudencia luego de que la comisión de salud del Senado diera visto bueno a un proyecto del senador (mandato cumplido) César Melchiori, que pretendió “prohibir” el aborto en la provincia. Finalmente, y tras el reclamo de organizaciones feministas, el proyecto se mandó al archivo.

 

La Corte fijó algunos parámetros, y Entre Ríos estableció su propio protocolo:

 

“El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

 

La definición está contenida en la guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible, que aprobó el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de una resolución firmada por el exministro Hugo Cettour en 2012, que ahora quedó sin efecto.

 

Distintas organizadores plantearon la necesidad de que la provincia adhiera, sin ambages, a los lineamientos que había fijado la Corte, y eso ocurrió finalmente en agosto pasado, cuando Salud dictó la resolución N° 2.883, que ahora cuatro diputados de la  Provincia pretenden que se deje sin efecto, sin interesarse de lo que plantea el fallo de la Suprema Corte, de 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.