“Es una buena noticia. Pero no es sólo para mí. Es para todos. Hay un chico que llega a la escuela con muletas, y otro que es ciego”.

Lázaro Alberto tiene 14 años, va a tercer año de la Escuela Normal Superior Antonio Sagarna, de Nogoyá, pero llegar al aula, salir al patio en los recreos o ir al baño se le vuelve una complicación diaria.

No puede ingresar por la puerta principal a la escuela sino que tiene que usar un ingreso alternativo, por donde entran los alumnos de primaria, al patio sale ayudado por sus compañeros o por algún preceptor, y se ha hecho una rutina vergonzante: no va al baño en horario de clase porque tiene una discapacidad que le impide usarlos.

Ramona Alberto, su mamá, dice que la ha “peleado” desde hace años: que ha pedido rampas, que ha propuesto ella misma encargársela a un carpintero, que ha batallado para que los baños se adapten, pero no ha conseguido nada. Y que por eso mismo un día decidió ir a la Justicia.

Lázaro tiene una enfermedad denominada “huesos de cristal”, y por eso el primer año de la secundaria lo hizo bajo el régimen de escuela domiciliaria, pero en segundo ya empezó a asistir a clase con el resto de sus compañeros. Su mamá batalló cuanto pudo, pero en el camino se encontró con respuestas insólitas: como su hijo no puede utilizar los baños de la secundaria, que no están adaptados, le propusieron que usar los del nivel primario, pero con una condición: Lázaro debía ir solamente cuando los más chicos estén en clase, y no en los recreos.

“Aprendió a aguantar, y no usa los baños de la escuela”, dice la mamá.

Hasta que decidió seguir el camino de la Justicia, con un recurso de amparo, posibilidad en la que encontró apoyo en Eugenio Medrano, secretario general de la seccional Nogoyá de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

“Desde 2011 estamos pidiendo una solución, y nunca nos dieron respuesta. Presentamos proyecto, fue a la Nación, pero nunca se solucionó. No sólo pedimos la rampa, sino también los baños adaptados. También pedíamos un ascensor para la escuela. Pero nada de nada. Ahora se llegó a la Justicia porque hay un derecho vulnerado”, cuenta Medrano.

El dirigente sostiene que sólo en Nogoyá hay 14 escuelas que están en esas condiciones: que vulneran derechos.

Así, la mamá de Lázaro, patrocinada por el abogado Ramiro Pereira, se presentó en la Justicia con un recurso de amparo.

El recurso planteó que la Justicia ordene al Consejo General de Educación (CGE), mediante el dictado de una sentencia al respecto, “la urgente construcción de una rampa de acceso adecuado al edificio de  la Escuela Normal Superior N° 4 Dr. Antonio Sagarna, de Nogoyá”.

 

En el recurso judicial se hace notar que el chico “presenta dificultad para caminar”, situación que ha llevado a realizar varios reclamos a nivel administrativo sin resultados favorables. “Ante la falta de atención de las autoridades administrativas de la Dirección Departamental de Escuelas de Nogoyá, se acudió al Consejo General de Educación mediante una formal intimación preparatoria de la presente acción. Sin embargo, el tenor de tal intimación fue en términos razonables, como lo es la pretensión contenida en la misma y en la presente acción, pues se pidió al CGE que disponga lo conducente para la urgente construcción de una rampa de acceso adecuado al edificio de  la Escuela Normal Superior N° 4 Dr. Antonio Sagarna de Nogoyá”.

Sin respuesta, acudieron a un amparo.

“Ello sin duda hubiese sido lo deseable, dado que estas cuestiones debieran ser resueltas primero, desde la adopción por parte de los niveles de gobierno de una política de inclusión y accesibilidad física de conformidad a las normas marcadas por convenciones de Derechos Humanos, la ley nacional y provincial y la propia Constitución Provincial. Y ante la ausencia de una política de accesibilidad física adecuada, el reclamo informal debiera haber puesto en marcha el mecanismo administrativo tendiente a solucionar la petición de mi representado, que por cierto tiene por fin beneficiar a todos quienes tengan movilidad reducida y al mismo tiempo a todos los miembros de la sociedad. En este último caso, el beneficio no será de orden utilitario sino el saberse integrantes de una sociedad que reconoce derechos y que procura igualar con los medios humanos las limitaciones físicas producto de la naturaleza”, dice la presentación judicial.

La jueza que intervino en el amparo, Valentina Ramírez Amable, prefirió un camino menos beligerante que el pleito judicial, y optó por citar a las partes a una audiencia con la intención de que en ese ámbito se encuentre una vía de solución. La solución, que la escuela tenga rampas, baños adaptados.

Este lunes se concretó esa audiencia. De la misma participaron dos abogados del Consejo de Educación, el director departamental de Escuelas de Nogoyá, Carlos Sigvardt, la Defensora de Pobres y Menores Yamila Frate y el abogado del joven discapacitado, Ramiro Pereira.

Lejos de oponerse al reclamo, el CGE sólo cuestionó la vía judicial, y manifestó que “hay otras formas” de hacer estos planteos. Por su parte, Pereira defendió la pertinencia jurídica y política de la acción de amparo, no solo para el reconocimiento de derechos sino como medio de presión ante la administración, para obligarla a adoptar políticas integrales.

Pero se alcanzó un acuerdo. Entre las partes acordaron un plazo para la ejecución de la obra, estableciéndose que el edificio de la Escuela Antonio Sagarna deberá estar adecuado a las personas con discapacidad para el inicio del ciclo lectivo 2018, lo que incluye no sólo la rampa de acceso sino también baño para discapacitados.

A esa solución se llegó después de un remedio extremo, un amparo en la Justicia.

Los derechos a veces se consiguen así.

 

 
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.