Por César Pibernus (*)

El Consejo General de Educación recategorizó escuelas primarias a través de dos resoluciones emitidas en las últimas semanas. Las consecuencias inmediatas de esta medida son la baja de categoría de más de 130 escuelas que implica la eliminación de centenares de cargos (aproximadamente 350) y la consecuente pérdida de esos puestos de trabajo.

Panozzo usó para esta repudiable acción la resolución 1191/91 que tiene, ni más ni menos, que 25 años de antigüedad, fue emitida cuando la mayoría de los docentes afectados por estas descategorizaciones no habían empezado aun su carrera docente e, incluso, cuando muchísimos de ellos ni habían nacido. Entre la publicación de la 1191 y el presente, por ejemplo, tuvo vigencia la Ley Federal de Educación, derogada ya hace 10 años. Esta normativa sobre clasificación de escuela cristalizó en esta cuestión los vientos neoliberales que gozaron unos pocos y que padecimos como huracanes miles de trabajadores. Sin escarbar mucho, saltan en ella las espinas de aquella matriz que sigue calzando justo en muchas políticas actuales del gobierno entrerriano, más allá de las declamaciones y como si nada hubiera pasado.

La letra de la 1191 es taxativa, asigna “categorías” de acuerdo sólo a la “cantidad” de alumnos que arroja “el promedio de asistencia media” registrado en cada institución, esa clasificación define cuántos cargos directivos corresponden a cada institución (aunque en algunos casos también define cargos que no son de conducción) de acuerdo a esta tabla que asimila “Cantidad de alumnos-Categoría-Cargos”.

Es una mecánica plagada de problemas. El primero de ellos es que no expresa ni por asomo las complejísimas realidades que hay detrás de esos números de alumnos, entiéndase por ellos desde las particularidades propias de cada estudiante hasta la realidad socioeconómica de cada institución.

Otro problema es que la resolución obvia desde hace 25 años las particularidades de la dinámica demográfica entrerriana, pues la matrícula de muchísimas de las escuelas descategorizadas (como tantas otras que no lo fueron en esta oportunidad) están integradas por alumnos de familias que residen temporal o estacionalmente en nuestras ciudades o colonias, incluso por muchísimas que viven transitoriamente en nuestra provincia. La mayoría son familias de trabajadores muy vulnerables que están sujetas a inclementes presiones laborales impuestas por el perfil productivo de la provincia.

Otra cuestión fundamental es que aquella resolución fijó esas cantidades cuando las escuelas primarias tenían los 7° grados bajo su estructura, divisiones que hoy integran la escuela secundaria. Es decir, la 1191 era descarnada e indolente en 1991, hoy lo es más aún porque sigue midiendo con los mismos números escuelas que tienen menos grados como consecuencia de las reformas en educación encaradas por el Estado. Es más excluyente hoy que en 1991. El CGE actual con esta aplicación hace empalidecer a aquel Menem y quizá también al actual.

La 1191/91 tiene tatuada en la frente aquello de “ramal que para, ramal que se cierra”, cruel slogan de la lógica privatizadora menemista: un alumno más o uno menos, en el contexto que sea, no importa quién sea ni durante qué tipo de proceso de escolarización, define la categoría de la escuela, la cantidad de cargos y, por lo tanto, la suerte de los trabajadores que se desempeñan en él y de las familias que componen esa comunidad.

Todas las escuelas descategorizadas durante esta semana padecen la pervivencia de esta herramienta de ajuste neoliberal aunque, por la trascendencia del episodio, es más notorio en el caso de la Escuela Primaria N° 66 de Concordia. Los docentes de esa escuela filmaron hace algunas semanas un tiroteo que se estaba desarrollando frente al establecimiento. Recién tras la difusión de las imágenes, la escuela se llenó de funcionarios que se comprometieron a ocuparse del tema y el mismísimo José Luis Panozzo reconoció públicamente que “Es una zona que tiene sus complejidades”. Muchos de esos funcionarios que se habían golpeado el pecho ante una multitud enfurecida volvieron a Paraná y, sin ponerse colorados, esta semana descategorizaron esa escuela aplicando la receta de los noventa, literalmente.

Espanta la frialdad con que Panozzo aplica esta normativa, como si hubiese sido escrita por un rayo sagrado o alguna entidad infalible. Es la misma frialdad que utilizó el CGE para tomar otras decisiones, entre las que vale destacar la baja de las MAAI, la persecución por hacer paro o la nula voluntad de discutir salario con los docentes, entre muchísimas. Nuevamente, el CGE está encarando un tratamiento conducto con una batidora eléctrica, de esas que traían cable.

Con menos cargos, los equipos docentes no podrán hacer frente a la compleja realidad social que se profundiza a pasos agigantados. La inclusión debe ser una transformación real y no una fachada demagógica. Es hora de dejar realmente atrás el neoliberalismo de los 90, no basta sólo con el discurso, la careta y la pose. La frialdad que muestra el CGE es la misma que portaban los liquidadores de empresas estales como ENTEL o Ferrocarriles Argentinos ante las advertencias de la ciudadanía.

La única salida ante este nuevo callejón en que nos metió el gobierno es clara: deben derogarse inmediatamente las resoluciones de recategorización publicadas estas últimas semanas (2618/16 CGE y 2860/16 CGE), no innovar en la cuestión hasta que se desarrolle el concurso ordinario de primaria y, tras este acto, avanzar en un cortísimo plazo en redactar un nuevo “Reglamento para la clasificación por categorías de las escuelas primarias, diurnas, comunes”, aprovechando lo trabajado en estos últimos años sobre el tema. Debemos dar vuelta definitivamente la atroz página de los noventa en este aspecto como en tantos otros, pero esta debe tratarse de forma urgente. El grueso del proceso descripto no debe durar más de seis meses, están dadas las condiciones para que así ocurra.

Evidentemente, lo que para amplios sectores sigue siendo la “pesada carga neoliberal de los noventa” para unos pocos resulta un dulce libreto para resucitar aquel modelo. Los docentes nos oponemos a eso, fuertemente. Y lo seguiremos haciendo. Bordet y Panozzo deben tomar nota de esto de forma urgente.

(*) Secretario de Organización de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) por la Agrupación Rojo y Negro.