La primera causa por corrupción que va camino de ser elevada a juicio oral es la que complica al cuñado del exgobernador Sergio Urribarri y sindicado como el “cajero” del urribarrismo, según el libro de Daniel Enz, “El clan”: Juan Pablo Aguilera.

Se trata del legajo judicial N° 31.253, caratulado “Agulera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”.

“Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”, escribió en septiembre de 2016 la fiscal Patricia Yedro en el dictamen de apertura de la causa.

La investigación no sólo alcanza a Urribarri, Báez, Aguilera y su entorno, sino también a quien fuera responsable de certificación de publicidades en vía pública del Ministerio de Cultura, Gustavo Tamay. Todos ellos ya han ido a indagatoria.

Urribarri se presentó un día inhábil judicial, no habló, presentó un escrito y desató un pequeño escándalo. Había sido citado a indagatoria para el jueves 31 de agosto, y para declarar por tres causas por corrupción: la primera  es por la causa Nelly/Mercosur: los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa, a cargo de la investigación por una millonaria contratación durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en 2014, le reprochan a Urribarri la utilización de fondos del Estado en  beneficio propio para financiar la campaña del “Sueño Entrerriano”. La segunda, surgió de un análisis detenido sobre los gastos en publicidad del Gobierno de Entre Ríos en 2014. En particular, la contratación de una solicitada publicada en junio de 2014, en 18 diarios nacionales por más de 4 millones de pesos, y la sospecha en la Justicia es que fue para financiar el “Sueño Entrerriano” y su afán por instalar la figura de Urribarri en los medios nacionales. La tercera investigación es la contratación de publicidad con cartelería en las rutas, en las que uno de las empresas beneficiadas resultó ser Tep SRL, que se atribuye al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. El dictamen de apertura de causa que firmó en septiembre de 2016 la  fiscal Patricia Yedro está precedido por esta carátula: “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”.

 

La causa que involucra al cuñado Aguilera es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. En varias fotos, descubrió el fiscal Santiago Brugo -que ya no participa de la investigación- aparecía la misma vaca.

El 18 de noviembre de 2016, durante una audiencia de depuración de prueba, Brugo hizo el siguiente comentario: “Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”, .

El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La terea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

La pesquisa judicial arrancó sobre un puñado de 46 las órdenes de publicidad emitidas por la gestión Báez-Urribarri y que, se sospecha, habrían sido “direccionadas” a la empresa de un familiar de Urribarri, que fueron aprobadas por funcionarios del Gobierno “simulando” que la empresa contratada cumplía con lo que se le exigió, e incorporando en los expedientes de publicidad fotografías repetidas, lo cual, dijeron los fiscales, constituye “falsedad ideológica”.

El dictamen que emitió en septiembre de 2016 la fiscal Yedro es lapidario, y alcanzó a Urribarri, Báez, Aguilera y también al responsable de certificación de publicidades en vía pública del Ministerio de Cultura, Gustavo Tamay.
Báez y Tamay están imputados en la causa “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”.

La resolución que firmó Yedro al abrir la causa dice que se investiga si “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.

Y agrega: “Así, en el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…) posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública.”

Según la fiscal Yedro, la conducta “descripta puede ser encuadrada –prima facie y en el limitado marco cognoscitivo de la presente– en las figuras de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, Fraude a las Administración Pública, Peculado, Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y/o Falsificación de documentos públicos (art. 265, 174 inc. 5 en función del artículo 172, 261, 248, 249 y 292 del Código Penal Argentino, sin perjuicio de las relaciones concursales que en su momento se constaten”.

Bajo la lupa quedaron tres empresas: José María Bustamante (Paraná), Fernando Montañana (Concepción del Uruguay) y TEP SRL (Paraná). Bustamante declaró en la causa; también el exministro Báez, que lo hizo en diciembre de 2016 y dijo, en forma pública, que “toda la actividad desarrollada por el Ministerio de Cultura y Comunicación mientras estuvo a mi cargo, está ajustada a las normas legales vigentes, por lo tanto no cometí ningún delito, ni formé parte de ninguna maquinaria destinada a cometerlos”; el resto, presentó escritos y se abstuvo, entre ellos Urribarri.

Ahora, en el Ministerio Público Fiscal buscan cerrar la investigación penal y trabajan contrarreloj para elevar esa causa a juicio oral.

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.