La causa por estafa que tramita en la Justicia y en la que está involucrado directamente el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, sus dos hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego, y la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere, está en estos momentos en una situación harto peculiar: sin juez.

La jueza de Garantías N° 1 Susana María Paola Firpo fue recusada por los defensores de Etchevehere, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, luego de que la magistrada hiciera declaraciones a Entre Ríos Ahora que fueron consideradas como adelanto de sentencia. El incidente se resolvió con el retiro de la recusación por parte de los abogados.

Pero ocurrió un hecho inesperado: la jueza Firpo pidió su apartamiento de la causa Etchevehere. El argumento que utilizó es que sintió “violencia moral” en el trámite de recusación en la que se vio involucrada,  que luego quedó sin efecto. Los defensores retiraron la recusación.

No obstante, Firpo insistió y se inhibió.

Pero el pedido de inhibición de la magistrada tuvo luego un revés en Tribunales. Su colega, el juez Gustavo Adolfo Roque Maldonado no le encontró razones al pedido de apartamiento de la causa de Etchevehere por parte de Firpo, y se lo rechazó. Maldonado dijo que hubo de parte de la jueza un “exceso de susceptibilidad”.

En ese valle de pasiones encontradas, entonces, la causa que tiene como principal imputado al ministro Etchevehere navega en un mar de incertidumbre.

La cuestión, ahora, deberá ser resuelta por un tribunal que integran los jueces José María Chemez, Gervasio Labriola y Carolina Castagno. El quid será determinar si se acepta o se rechaza la inhibición de la jueza Firpo.

Esa discusión sobre sensibilidades ha impedido, de momento, que se concrete el trámite de declaración indagatoria de la familia Etchevehere, que en principio se había previsto para principios de marzo, y que ahora ha quedado aplazado, sin fecha.

La causa N° 6.418, caratulada “Estafa. Denuncia de Dolores Etchevehere”, fue iniciada en 2011 y a poco de tramitarse, y a pedido de la fiscal Laura Cattáneo, la jueza Firpo mandó al archivo el expediente.

Dolores Etchevehere, hermana del ministro, convertida en querellante, apeló la medida, y un tribunal de alzada revocó el archivo de la investigación. En agosto de 2016, y con Firpo reubicada en el Juzgado de Garantías N° 1, en reemplazo de Marina Barbagelata, a cargo del Juzgado de Transición N° 2, quedó Pablo Zoff.

La causa original, por defraudación, ha sido ampliamente difundida por el periodista Sebastián Premici por medio del diario Página 12, aunque la pesquisa que inició la Justicia de Entre Ríos avanzó mucho más e implicaría, además, la imputación a los Etchevehere por el supuesto delito de vaciamiento de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora de El Diario, en la que la familia tiene el 40% del paquete accionario. El otro 60% está en manos del empresario rosarino ligado al urribarrismo Ramiro Nieto.

De acuerdo a lo revelado por distintas fuentes judiciales, la operatoria de “vaciamiento” que se investiga dejó a El Diario con la pauta publicitaria del Gobierno totalmente embargada y con su edificio emblema, el ubicado en Urquiza y Buenos Aires, en manos curiosas: la Mutual 10 de Abril.

Pero todo el pleito judicial que ahora se ha complejizado, empezó por un préstamo a tasa subsidiada que tuvo un destino insólito.

En 2011, la firma Las Margaritas SA –conformada por la familia Etchevehere- recibió sendos préstamos, entre julio y agosto de 2011, por u$s 200.000 y u$s 50.000, respectivamente, a tasa subsidiada y, en teoría, destinados a actividades productivas, aunque en el camino fueron desviados para un fin específico: el dinero se distribuyó entre los socios de Las Margaritas SA: Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere. El monto distribuido entre los socios fue de $1.066.000.

El préstamo solicitado al Itaú fue en dólares, a una tasa del 8% anual. Pero los socios de Las Margaritas, que fueron los únicos destinatarios de ese auxilio financiero en teoría para fines productivos, devolvieron el dinero a la sociedad con cheques de pago diferido, en pesos y a una tasa de interés mucho más beneficiosa. Así, mientras el dólar se disparaba, y así también el costo financiero del préstamo con Itaú, lo que devolvían los socios era un monto inalterable. El desfase fue tal que Las Margaritas debió pedir otro crédito, esta vez al Banco Nación, también a tasa subsidiada, por un valor de $900.000, para enfrentar la emergencia agropecuaria, pero que en realidad se utilizó para saldar la deuda con el Itaú.

Esa es la parte medular de la denuncia de Dolores Etchevehere contra sus hermanos y su madre.

En el mes de diciembre de 2016, los fiscales Cánepa y Ferreyra piden por primera vez la indagatoria de los Etchevehere, medida que luego es suspendida a pedido del propio Ministerio Público Fiscal al presentar la querellante nueva documentación y ante la certeza de que la causa podría tener un giro sorpresivo. Efectivamente, la Justicia avanzó sobre el supuesto delito de estafa, pero agregó la presunción de vaciamiento en perjuicio de SAER, la empresa editora de El Diario. Los fiscales entonces piden el levantamiento del secreto fiscal sobre los socios de Las Margaritas, petición que es acogida favorablemente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Sin embargo, esa medida de prueba fue cuestionada por los abogadores defensores de la familia Etchevehere, Lepoldo Lambruschini y Julio Federik, pero el juez Zoff no hizo lugar a la queja. Después de ocho meses, a principios de diciembre de 2017, el Tribunal de Juicio y Apelaciones, compuesto por los jueces José María Chemez, Elvio Garzón y Elisa Zilli, confirmó lo resuelto por Zoff y rechazó la apelación. Pero la causa tendría un nuevo imponderable: antes de finalizar el año, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió cambios en su estructura funcional y el  juez Zoff pasó a integrar el Ministerio Público Fiscal. El lugar lo ocupó ahora Firpo, que debió empezar a entender  en la causa Las Margaritas.

Pero a pocos meses de estar al frente de la causa, pidió su inhibición. Y ese incidente es el que está ahora pendiente de resolución.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.

 

 

 

 

Los abogados de la familia Etchevehere, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, desistieron del recurso de recusación contra la jueza de Garantías N°1 de Paraná Susana María Paola Firpo en la causa que se investigan el delito de estafa y en la que están imputados el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, sus dos hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego, y la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere.

La acción para apartar del caso a la magistrada fue interpuesta por la defensa por los dichos de Firpo en una entrevista con Entre Ríos Ahora, publicada el 22 de febrero pasado, en donde consideraban que adelantaba una resolución.

Este martes, ante el Tribunal integrado por José María Chemez, Gervasio Labriola y Carolina Castagno, se oyó el audio de la entrevista que fue presentada como prueba por la jueza Firpo, y se concluyó que no había anticipado qué iba a resolver en la causa que se abrió tras una denuncia de Dolores Etchevehere, hermana del ministro. Además de los defensores, en la audiencia estuvieron los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra; y Andrea Saxer, en representación de la denunciantes, Dolores Etchevehere.

En efecto, luego de oír el audio que fuera remitido por Ricardo Leguizamón, director periodístico de Entre Ríos Ahora, los abogados de la familia Etchevehere concluyeron que la magistrada no cometió ninguna falta y por ello desistieron de la recusación.

En el audio, de un tiempo de duración de 3:38 minutos, se escucha a la jueza recalcar que no iba a adelantar lo que iba a resolver, al mismo tiempo que brinda una explicación sobre la reprogramación de las indagatorias a la familia Etchevehere que estaban previstas para el 27 de febrero al 5 de marzo.

De la escucha integral de la entrevista surgió que la magistrada explicó que trabajaba en dos resoluciones que “cualquiera de las partes podía recurrir”. Es decir, tanto la fiscalía como la defensa. Y que “el día que adquieran firmeza las dos resoluciones, en ese momento se fijarán, inmediatamente o no, de acuerdo a lo que resuelva la alzada o no, de lo que yo resuelva de estas cuestiones”.

Tras la escucha de la entrevista, el abogado Leopoldo Lambruschini comunicó al Tribunal que no avanzarían con la recusación de la jueza Firpo. “Ahora que tenemos oportunidad de escuchar esta prueba, ésta no ha sido categórica como la que surge en el texto de la nota periodística. En este sentido no ha habido adelantamiento de la posición”, dijo.

Por su parte, Julio Federik cuestionó que la jueza haya dado una entrevista: “La información que se brinda a la prensa por parte de los magistrados durante la instrucción es una información delicada. Al punto tal que el nuevo Código Procesal Penal impide que durante la instrucción penal preparatoria se dé este tipo de información. Especialmente cuando hay valoración”.

Luego señaló que en la nota periodística sí surgía una interpretación que podía ser motivo de recusación contra la jueza Firpo, pero que tras escuchar el audio no fue así. “Si hubiese puesto exactamente lo que dijo la jueza no hubiera habido que estar dos días en una audiencia”, criticó el letrado y concluyó que el encomillado no fue fiel y reiteró su cuestionamiento a la magistrada por responder consultas periodísticas.

Finalmente, no habiendo nada para tratar, el Tribunal dio por concluida la audiencia y se informó que en los próximos días darían a conocer su resolución en cuanto a otro planteo interpuesto por la defensa y que fue expuesto este lunes: el pedido para revocar los embargos por 250 mil dólares y 900 mil pesos.