El trabajo de peritaje fue extenso, casi ocho meses, y el resultado, contundente: durante la administración del exgobernador Sergio Urribarri, su entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, contrató el servicio de instalación de cartelería publicitaria en las rutas de la provincia, y uno de los contratados resultó ser el cuñado Juan Pablo Aguilera, con la empresa que se le atribuye, Tep SRL.

El modo de justificar que aquellos carteles efectivamente se instalaron en aquellos puntos de la provincia que se había contratado fue mediante la captura de imágenes fotográficas, que, como prueba, se incorporaba al expediente de pago. Pero la sospecha que se instaló no bien se inició la investigación penal que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo es que las fotos tenían una sospechosa coincidencia: eran todas prácticamente iguales, con apenas retoques para diferenciarlas a unas de otras de un modo torpe.

Durante una audiencia que tuvo lugar en Tribunales el 18 de noviembre se depuró la prueba colectada, y el fiscal Brugo hizo un comentario hilarante que, con el tiempo, resultó ser una prueba incontrastable de las irregularidades en esas contrataciones. “Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”, dijo Brugo.

El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La terea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ya concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia. Según fuentes consultadas por Entre Ríos Ahora, el informe pericial es contundente: las fotos fueron trucadas.

La pesquisa judicial arrancó sobre un puñado de 46 las órdenes de publicidad emitidas por la gestión Báez-Urribarri y que, se sospecha, habrían sido “direccionadas” a la empresa de un familiar de Urribarri, que fueron aprobadas por funcionarios del Gobierno “simulando” que  la empresa contratada cumplía con lo que se le exigió, e incorporando en los expedientes de publicidad fotografías repetidas, lo cual, dijeron los fiscales, constituye “falsedad ideológica”.

El dictamen que emitió en septiembre de 2016 la fiscal Yedro es lapidario, y alcanzó a Urribarri, Báez, Aguilera y también al responsable de certificación de publicidades en vía pública del Ministerio de Cultura, Gustavo Tamay.
Báez y Tamay están imputados en la causa “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”.

La resolución que firmó Yedro al abrir la causa dice que se investiga si “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.

Y agrega: “Así, en el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad -entre otras las Nº 183/2010, 331/2010, 954/2010, 350/2010, 1402/2010, 1405/2010, 1864/2010, 2569/10, 2836/2011, 2573/2010, 2839/11, 2574/2010, 2840/11, 1176/11, 3971/11, 754/12, 2060/12, 3393/12, 3974/11, 885/12, 2057/12, 3390/12, 3972/11, 886/12, 2059/12, 3392/12, 3973/11, 887/12, 2058/12, 3911/12, 3912/12, 3918/12, 3922/12, 4438/12, 4440/12, 4433/12, 1213/13, 1208/13, 1233/13, 1237/13, 2081/13, 2085/13, 2080/13, 2078/13, 4186/13, 4189/13, 4193/13, 5810/13, 583/14, 1657/14, 4399/14, 5812/13, 1655/13, 5813/13, 1654/13, 5817/13, 1653/14-, posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública.”

Según la fiscal Yedro, la conducta “descripta puede ser encuadrada –prima facie y en el limitado marco cognoscitivo de la presente– en las figuras de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, Fraude a las Administración Pública, Peculado, Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y/o Falsificación de documentos públicos (art. 265, 174 inc. 5 en función del artículo 172, 261, 248, 249 y 292 del Código Penal Argentino, sin perjuicio de las relaciones concursales que en su momento se constaten”.
La causa contra Báez y Cía arranca así, entonces, con fuego cruzado: una táctica que los fiscales imaginan que seguirá.

Ya hay una primera prueba que los compromete a todos: se pagaron publicidades utilizando una metodología de certificación totalmente trucha, con fotografías armadas.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.