Por Luis Fernández (*)

“Y el tiempo económico comenzó con una devaluación del 40% para lograr la estabilidad monetaria, disponiéndose la racionalización del gasto público para llegar al equilibrio del presupuesto, condición indispensable para la lucha contra la inflación que, “hacía del salario una estafa y del ahorro una ilusión”. Y la inflación del 28 % anual, llegó al 7 %”. Este párrafo, que se asemeja a una postal literaria del presente, pertenece a Félix Laiño y describe el escenario económico del año 1966 luego de deponerse al Presidente Arturo Illia.
Si uno sigue el hilo de los vaivenes de la economía argentina, cíclicamente se recae en el mismo esquema para la resolución de los problemas, en el caso de la citado, lo que llama la atención es la similitud de los argumentos y cifras de la crisis de 50 años atrás y la que vivimos actualmente. Llegar al equilibrio del presupuesto es una de las premisas que inmediatamente se esgrime, lo cual significa despidos de trabajadores, recortes de fondos en diversas áreas, principalmente vinculadas a las de mayor compromiso social del estado y otras recetas por el estilo prescriptas por la ortodoxia económica.
Este informe pretende centrar la mirada en el financiamiento del área educativa de nuestra provincia, particularmente en algunas aristas que están afectadas por esta coyuntura de ajuste. El mismo se encuentra basado en datos publicados por diferentes sitios web que contienen información referida al sostenimiento del sistema educativo. El interés que alienta su redacción, es promover un conocimiento de los mismos, con el fin de generar una reflexión sobre este tema en quién lo lea. Esencialmente por constituir la Educación uno de los fundamentos esenciales para la construcción de un futuro de esperanza para nuestros hijos y nuestra sociedad.

El financiamiento educativo

Como es sabido la Ley 26.075/05 de Financiamiento Educativo, permitió la generación de un complemento de financiación educativa del gobierno nacional a los gobiernos provinciales. Este complemento se implementó mediante diferentes líneas de acción que apoyaban la labor pedagógica de las escuelas. La mencionada ley planteó destinar un 6 % del PBI a sostener la Educación. Planes como Conectar Igualdad, Plan de Mejoras Institucional, apoyo a la universalización de la enseñanza en los diversos niveles educativo, etc, formaron parte de este apoyo. Esta ley era una necesidad ante la falta de recursos de las diversas provincias para solventar genuinamente sus sistemas educativos, por lo cual cumplió un papel relevante en el financiamiento de los mismos. Si bien el objetivo era alcanzar las metas hacia el año 2010, con posterioridad, el financiamiento continuó hasta el año 2015.
Sin embargo, en nuestros días se entiende que este aporte del Estado nacional ha cesado, y esto se manifiesta en la falta de respuestas por parte del la actual gestión de gobierno sobre la continuidad de las políticas de financiamiento a la Educación. Por esta razón es interesante conocer algunos datos concretos sobre lo que esto implica.
De acuerdo a un trabajo publicado por el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), titulado “¿Cuánto cuestan las políticas educativas prioritarias? Período 2016 – 2019”, publicado en el año 2015, el financiamiento educativo nacional atendía distintas necesidades del sistema educativo, para las cuales este trabajo calcula la cantidad de recursos que insumiría su sostenimiento entre el año 2016 y el 2019.
Estas líneas de acción de acuerdo a lo que CIPPEC expresa tienen una previsión de desarrollo para el período 2016 – 2019, para lo cual se han proyectado en el trabajo diferentes niveles de alcance de la financiación del Estado nacional, de acuerdo al crecimiento mayor o menor del PBI. Con este fin divide las metas en niveles de Mínima, Media y Maxima aspiración. Al respecto Malena Acuña autora del trabajo expresa lo siguiente. “En promedio para 2016-2019, se estima que bajo un escenario macroeconómico moderado (crecimiento medio anual del PBI de 2,5%), las políticas educativas prioritarias más onerosas pueden demandar aproximadamente entre 0,92 y 1,76 puntos suplementarios del PBI con año base 1993, según el grado de ambición en la implementación. Esto implica, en promedio para el cuatrienio considerado, una inversión consolidada de un 7,73% a un 8,57% del PBI con año base 1993 (en 2013 se invertía un 7,29%)”.
El sistema educativo nacional necesita para costear las políticas educativas prioritarias, en un escenario de mínima, $ 188.096 millones entre 2016 – 2019. La pregunta es, ¿que involucra en políticas este importe?, y en este sentido es necesario decir que significa sostener la extensión de jornada, la creación de jardines maternales y de infantes, planes de mejora, construcción de infraestructura, y otros aspectos de igual relevancia. Es decir que la no respuesta del gobierno nacional respecto de estos fondos, implica un desfinanciamiento del sistema educativo.
Respecto del impacto económico en nuestra provincia de lo antes observado, el mismo se puede proporcionar de la siguiente manera:
Atendiendo que Entre Ríos representa el 3,1 % de la población escolar de la Educación Común de del total nacional, de acuerdo a los datos de DINIECE publicados por el Ministerio de Educación de la Nación.
Este 3,1 % debe ser proporcional a los fondos que se destinan desde nación, por lo cual en el período 2016 – 2019, este porcentaje, sería el que tendría que ingresar, a través de las diferentes líneas es decir directamente de nación a las escuelas, o mediante el CGE, o através de arquitectura si fueran obras.

El Presupuesto Educativo Entrerriano
Necesariamente la mejora del sistema educativo para alcanzar las metas propuestas por las leyes de educación, se encuentra atada al financiamiento que anteriormente se ha tratado. Máxime si se tiene en cuenta que nuestra provincia tiene una merma en el 15 % de los recursos coparticipativos, realidad presente desde el año 1993 y que a pesar de las promesas de restitución, los tiempos previstos para hacerlo son de largo alcance y las necesidades provinciales son de inmediata demanda.
Adentrándonos en la realidad provincial, si miramos el presupuesto educativo, podemos decir que el mismo se encuentra ajustado desde larga data y su incidencia en el presupuesto provincial no se ha modificado significativamente.

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En el año 2016 tiene una asignación de un 18,57 % de los fondos presupuestarios provinciales. Si se mira la evolución, se advierte que la más alta se alcanzó entre los años 2007 y 2009, mientras que la asignación más baja se registra a posteriori de la crisis del año 2001; con el 15,81 % en 2002, 17,30 % en 2003, 16,93 % en 2994 y 16,95 en 2005.
Para el año 2016 los fondos de Educación suman $10.785.025.000,00. Si sumamos el gasto de Personal y las Transferencias, se puede decir que prácticamente el 96,80 % de los fondos se destina a sueldos, mientras que el 3,2 % se financia el funcionamiento de todo el sistema de educación, es decir, las escuelas de todos los niveles y también toda estructura administrativa de educación. Esta realidad no es exclusiva de presupuesto 2016, sino que es una proporcionalidad distributiva que se ha mantenido a lo largo del tiempo.
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La distribución de fondos es prácticamente la misma, y esto ha ocurrido invariablemente por largo tiempo, y las causas que la motivan se pueden hallar en la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias en su momento, sin los fondos respectivos y a la cesión de fondos coparticipables a favor del estado nacional. Esta realidad no afecta solo a Entre Ríos, sino que se replica en todas las provincias, teniendo mayor incidencia den aquellas que por su estructura de recursos dependen mayoritariamente de la Coparticipación Nacional. Esta es la explicación de los conflictos salariales, de la falta de mobiliario, del deterioro edilicio, etc. Esta es la realidad que permite decir que la no continuidad del aporte nacional para el sostenimiento educativo, presagia un futuro crítico para educación pública.
Hagamos un simple ejercicio, sobre cuanto se ha destinado mediante el Presupuesto Provincial en los últimos años por alumno en concepto de; Servicios no Personales (luz, teléfono, otros), Bienes de Uso (mobiliario, material informático, etc.) y Bienes de Consumo (material pedagógico, papel, libros de temas, etc.), es decir aquellos bienes y servicios necesarios para que la estructura educativa funcione, para que los docentes cuenten con sus materiales, para que las escuelas cuenten con sus elementos de higiene, etc. Para realizar este ejercicio, tomemos un dato que surge del presupuesto del Consejo General de Educación del año 2013, el mismo en su Cuadro de Metas y Producción Bruta expresa que la cantidad de alumnos era de 370.000 en ese año. Seguramente este número ha crecido naturalmente con posterioridad, pero al no disponer de una cifra concreta al respecto en la información pública, tomémoslo como válido y dividamos los fondos asignados por la cantidad alumnos. De este cálculo surgen los siguientes importes:
Si bien se registra un aumento a lo largo de los últimos cuatro años, no escapa a simple vista que estos importes anualizados son exiguos para sostener la estructura completa de un sistema educativo, sistema que atiende una compleja diversidad estructural y poblacional, con sectores sociales que afrontan enormes dificultades económicas agravadas en el presente. Es decir, un escenario de aumento de los índices de pobreza e indigencia por las medidas de ajuste repercute inmediatamente en las escuelas, generando más demandas y por lo tanto mayor necesidad de fondos, como esto seguramente no ha de ocurrir, serán los docentes y el personal educativo quienes con su anónimo esfuerzo diario suplirán la carencias.
Las transferencias nacionales y los fondos educativos provinciales

 

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¿Cómo se articula el financiamiento de los planes nacionales con el Presupuesto Educativo Provincial?. Es decir como repercutiría un recorte de los fondos nacionales en los recursos económicos de la educación provincial. De acuerdo a lo contenido dentro del presupuesto 2016 del Consejo General de Educación, los fondos nacionales se computan como Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital. Las mismas equivalen a $ 136.977.000,00 las corrientes y $ 54.143.000,00 las de capital. Las imágenes del Cuadro de Composición de Recursos por Rubro y Financiamiento del CGE, dan cuenta de la mención presupuestaria de estos fondos que se entiende están dentro del ajuste del gobierno nacional.
Sintetizando lo desarrollado, se puede decir que el panorama educativo público de nuestro país ha comenzado a transitar una etapa crítica, pasible de más recetas de ajuste. En nuestra provincia con un presupuesto educativo invariable en asignación de recursos, que se revelan como insuficientes, es preocupante que $ 190.000.000,00 se encuentren dentro un marco de incertidumbre por provenir del aporte nacional. Si uno fija su mirada en las imágenes precedente, entiende que los fondos nacionales atienden necesidades importantes y que de no disponerlos quedarán desfinanciadas. Estos montos pueden aumentarse porque no comprenden el dinero que ingresa directamente a las escuelas o los alumnos, como por ejemplo el Plan Conectar Igualdad o la provisión de libros directamente de nación, como así tampoco aquellos que se destinan a la construcción de edificios, los cuales son manejados por el área de arquitectura del gobierno provincial
Ante este panorama planteado, suenan increíbles las declaraciones del Ministro de Educación del estado nacional, Lic. Esteban Bullrich, cuando a fines del mes de marzo en el Foro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa expresa; ““El sistema educativo sigue siendo un Falcon al que le fuimos poniendo cositas. Ya no tiene la radio con botones, tiene un mp3, pero sigue siendo un Falcon… Cuando hablamos de revolución educativa, decimos que queremos construir la nave espacial y dejar el Falcon de lado”. Qué quiere significar con esto?, suena poco creíble la aspiración construir una nave espacial si no se disponen fondos para cargarle combustible a un Falcon. Se seguirá en campaña o es parte del manual de excusas y alegorías del frío e insensible modelo liberal.

(*) Docente de Concepción del Uruguay; ex secretario de prensa de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).