La gran protagonista del juicio que se le sigue a seis dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al exministro de Salud, Ariel de la Rosa, por los delitos de coacciones agravadas y resistencia a la autoridad, la enfermera Yanina Migueles, no será parte del proceso que se desarrolla en los Tribunales de Paraná.

Migueles había sido propuesta como testigo por parte de la defensa de los sindicalistas, que ejerce el abogado Marcos Rodríguez Allende, pero el propio letrado anunció que desistirán de su presencial por una razón de peso: la enfermera no está en el país, sino que ahora reside en la República del Perú. Migueles renunció al cargo que tenía en la Colonia de Salud Mental de Diamante, y que fue la piedra de toque del conflicto.

Cumplía una suplencia extraordinaria desde 2013. Cuando asumió, en 2016, la directora de la Colonia de Salud Mental, la licenciada en Kinesiología Noelia Trossero, advirtió una serie de irregularidades en su actuación.  Migueles aplicó erróneamente la medicación a dos pacientes, situación que derivó en la apertura de sendos expedientes que fueron puestos en conocimiento del director de Salud Mental, Carlos Berbara, quien, sin embargo, no hizo nada. Así lo declararon en el juicio la propia Trossero y la abogada de la Colonia de Salud Mental, Daniela Vega Motola.

Los gremialistas imputados por el supuesto delito de coacción agravada son Zunilda Suárez; Fabián Monzón, secretario adjunto del gremio, los vocales suplentes en el sindicato, José Zarza y Guillermo Barreira; Carina Domínguez, secretaria gremial; y Noemí Ester Santamaría, vocal titular del gremio. A Barreira y Monzón también se les imputa el delito de desobediencia judicial y amenazas, ya que el día de la detención amenazaron a los policías que los detuvieron. En tanto, a Domínguez y Suárez se le suma la imputación por el presunto delito de coacción en coautoría. En el caso de De la Rosa, se le imputa el presunto delito coacción agravada y coacción agravada en coautoría.

Para Monzón y Barreira, el Ministerio Público Fiscal adelantó que solicitará la pena de un año y medio de prisión. En tanto, para el ex ministro De la Rosa, Zarza, Domínguez, Santamaría, y Suárez, imputados por coacciones agravadas, pedirán 7 años y 6 meses de prisión.

La sentencia, al final de las audiencias, que se extenderán durante toda esta semana, estará a cargo de un tribunal que preside Alejandro Grippo, y que componen Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala.

El incidente que motivó la apertura de una causa penal contra los seis dirigentes de UPCN y el exministro comenzó tras la decisión de Trossero de dar de baja la suplencia extraordinaria que Migueles cumplía. Las suplencias extraordinarias se utilizan en Salud para cubrir servicios críticos, y son dispuestas, de modo discrecional, por el Poder Ejecutivo. La enfermera fue dejada cesante el 1° de junio de 2017 tras negarse a cumplir una orden de la dirección de trasladarse de la sala 2 a la sala 3, más el agravante de las dos faltas graves en el suministro de medicación a los pacientes.

Esa decisión le fue comunicada a la trabajadora el 1º de junio. Anoticiados del caso, desde la cúpula de UPCN que dirige el diputado provincial peronista José Allende, se decidió movilizar al nosocomio para exigir la reincorporación de la trabajadora. Pero ese reclamo no se hizo en buenos términos, según la imputación fiscal, sino que hubo aprietes y amenazas para que la funcionaria pública dé marcha atrás con su decisión.

Primero, dice la imputación, hubo una irrupción intempestiva de un grupo de dirigentes de UPCN en la dirección de la Colonia de Salud Mental de Diamante; luego la orden telefónica dictada por De la Rosa a Trossero en malos términos para que reincorporara a Migueles; le siguió el envío por fax de un decreto ministerial disponiendo la reincorporación; y al final, la irrupción, otra vez, de los dirigentes, texto oficial en mano, para que Trossero cumpliera lo que De la Rosa había dispuesto.

Todo eso ocurrió entre el 5 y el 7 de junio de 2017.

Los sucesos principales se dieron el miércoles 7 de junio, cuando dirigentes de UPCN protagonizaron los incidentes de público conocimiento. Ese día fueron detenidos Fabián Monzón, Carina Domínguez, Zunilda Suárez, José Zarza y Guillermo Barreira. El 9 de junio quedaron en libertad Domínguez y Suárez, mientras que a los demás el juez de Garantías les impuso 15 días de prisión preventiva domiciliaria.

Tras la renuncia de De la Rosa, el gobernador Gustavo Bordet designó en su reemplazo a Sonia Velázquez, quien juró el lunes 12 de junio. La nueva titular de la cartera sanitaria decidió, entre sus primeras medidas, la reincorporación de Migueles, tal como lo había ordenado De la Rosa. Por otra parte, también define abrir una investigación administrativa en relación al presunto mal desempeño que se le reprocha a la trabajadora.

Unos días después, el 22 de junio, la cúpula de UPCN emite un durísimo comunicado en el que piden al gobernador Bordet que cese la “judicialización” de la protesta sindical y solicitan que liberan a los “presos políticos”, bajo la amenaza de no firmar el acuerdo salarial que estaba en plena negociación. Dos días después son excarcelados los dirigentes Monzón, Barreira y Zarza; y el gremio rubrica el acuerdo salarial.

El 27 de junio, durante un acto en el club Olimpia de Paraná, la dirigencia anuncia que recurrirían con el caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por entender que las detenciones fueron “arbitrarias e ilegítimas”.

Este martes se cumplirán la segunda jornada del juicio oral a los seis dirigentes de UPCN y al exministro De la Rosa. Entre los testigos que han propuesto la defensa se destacan el diputado José Allende y el director de Salud Mental, Carlos Berbara.

El defensor Marcos Rodríguez Allende sostiene que “hay graves errores” en la investigación penal preparatoria que desarrolló la Fiscalía, y que hubo “apreciaciones desmedidas” de parte del Ministerio Público Fiscal al calificar de “actitudes patoteriles” al accionar del sindicato UPCN. “Creo que estamos confundiendo la acción gremial. Acá hubo una cesantía de la señora Migueles. No hubo coacción sino una decisión administrativa del Ministerio de Salud para reincorporar a la señora Migueles”, señaló.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.