A las 2,44 del jueves 9 de agosto, el Senado de la Nación cerró la posibilidad de la legalización del aborto en la Argentina por 38 votos en contra, y 31 a favor. El resultado, que sepultó la histórica votación del 14 de junio, cuando la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley, fue posible a partir de la durísima oposición de la Iglesia Católica, y sus militantes satélite agrupados en las ONG pro vida, que batallaron en todos los frentes, y militaron como nunca por el rechazo de esa ley.

“Estamos viviendo momentos muy decisivos en la Argentina”, llegó a decir, días previos a la votación en el Senado, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari. “Hay un intento de aprobar una ley en donde se está pensando en la muerte de los inocentes en el seno de la madre”, agregó, y pidió a los católicos “no ser neutral”.

En buen romance, instó a militar en las calles, a movilizarse, a plantarse frente a la posibilidad de legalizar el aborto. El mascarón de proa de la oposición del clero fue la Red de Familias Entrerrianas, que utilizó un lenguaje belicoso en todos sus posteos en las redes sociales. “Estos son los senadores entrerrianos que pretenden lucrar con la sangre de nuestros pibes”, escribió la Red en Facebook, un día después de la votación en el Senado. Se refería así a los senadores Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, que votaron a favor de legalizar el aborto.

Un día antes de la votación, el martes 7 de agosto, Puiggari se subió al púlpito de san Cayetano, festividad religiosa que fue reversionada: al pedido de pan y trabajo, se sumó el reclamo de defensa de “las dos vidas”, y un planteo del arzobispo: le reclamó “a san Cayetano que ilumine a los señores senadores, que mañana tendrán esta tarea tan difícil, para que legislen pensando en el bien común, y en el mandato que le ha dado su pueblo”.

Dos días antes, el domingo 5, el cardenal Estanislao Karlic vivó la manifestación de los pro vida que llegó a Casa de Gobierno, entre otras cosas, para practicar un ecografía a una embarazada, pedirle al gobernador Gustavo Bordet que derogue el protocolo de aborto no punible y ubicar bajo la categoría de genocidas a los senadores Guastavino y Kunath por no votar en el Parlamento con la Biblia en mano.

En un posicionamiento político agresivo, la Red de Familias Argentinas publicó en las redes sociales fotos de Guastavino y Kunath retocadas, con manos ensangrentadas, y la leyenda: “Políticos abortistas. No te voto nunca más”.

Uno de los militantes estrella de la Red es el cardiólogo César Pazo, que ha tenido una serpenteando carrera en el mundo de la política -llegó a ser candidato por el movimiento carapintada del Partido Popular de la Reconstrucción-, que tuvo una reprochable actuación al trabar la posibilidad de que una mujer, oriunda de María Grande, se pudiera practicar un aborto no punible en el Hospital San Martín, práctica recomendada por un comité de expertos del Hospital San Roque. En vez de eso, logró que fuera sacada de la provincia, y diera a luz en un hospital de la provincia de Buenos Aires. La consecuencia, la mujer tuvo un accidente cerebro vascular (ACV), y por esa situación demandó al Estado. El juez Martín Furman le dio la razón, y en su fallo anotó que el proceder del médico Pazo estuvo más guiado por su pensamiento ideológico que por argumentación médica para oponerse al aborto no punible.

La política de desborde no se había visto nunca antes.

Ni siquiera cuando los escándalos de los casos de pedofilia arrinconó a toda la cúpula eclesiástica de Paraná.

La Iglesia no actuó con enjundia cuando miembros del clero se vieron envueltos en los escándalos de abuso sexual. Justo José Ilarraz, condenado el 21 de mayo último a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores, ha tenido un trato más condescendiente de parte de la curia. Puiggari nunca recibió a ninguna de las siete víctimas, jamás le pidió perdón, pero ha sabido actuar con pulso de tiempista político hacia afuera.

“El veredicto dado a conocer por el Tribunal viene a establecer, por parte de la justicia, la culpabilidad que le cabe a quien incumplió con su vocación y su promesa a Dios -en lo personal, atentando contra quienes eran merecedores de su cuidado y protección, en primera instancia, y vulnerando la confianza de la institución que lo albergaba, la de sus pares y sus superiores, y también la de toda la sociedad”, dijo Puiggari cuando conoció el veredicto Ilarraz. “La Iglesia en Paraná -planteó en un documento dado a conocer el 21 de mayo- a partir de testimonios y otros aportes, ha contribuido en todo lo que le fuera requerido por parte del Tribunal, como también lo hizo durante la etapa preliminar de instrucción de la causa”. Quizá olvidó recordar que tres de los curas citados -Pedro Barzán, Alfonso Dittler y  Joseph Charle André Gauthier- no se presentaron a testimoniar en el juicio, sin dar razones; y que dos miembros del clero, Mario Gervasoni, secretario privado de Puiggari, y David Hergenreder, deberán enfrentar sendas causas penales por falso testimonio.  Y que otros dos, un cura y un ex cura Gabriel Battello y Carlos Gimeno, respectivamente, supieron de boca de las víctimas de los abusos de Ilarraz y jamás dijeron nada, nunca denunciaron los hechos, y guardaron un cerrado silencio.

Karlic, otro tanto. Buscó esquivar su compromiso de testimoniar en el juicio a Ilarraz, y pidió ser relevado del compromiso por razones de salud. Pero se las ha arreglado para asistir a las dos últimas marchas antiaborto de la Red de Familias Entrerrianas: el 10 de junio, en la Costanera, y el 5 de agosto, en Plaza Mansilla.

“Nos creyeron vencidos, nos creyeron callados, pero se encontraron con la familia argentina, la familia que resiste y que defiende a sus hijos, que dio todo en esta batalla y que no dio el brazo a torcer”, dicen, con tono de bravuconada, desde la Red de Familias Argentinas.

Tanto clamor por la vida nunca pareció alcanzar a los niños abusados por los curas Justo José Ilarraz y Juan Diego Escobar Gaviria, condenados ambos por la Justicia a una pena de 25 años de cárcel por abuso y corrupción de menores. No dijeron ni mu: ni los grupos pro vida ni los miembros del clero. Dijeron sólo lo que había que decir, lo políticamente correcto: pero no hicieron nada más. José Francisco Dumoulin, excura, se lo dijo a Puiggari en una carta que hizo pública a finales de 2015 cuando decidió dejar el sacerdocio.

“El motivo de mi renuncia a esta misión pastoral, que me fuera encomendada –le decía en aquella carta–, es debido a los inconvenientes que hemos venido acarreando en estos últimos meses, y que en muchas oportunidades te he manifestado mi total desacuerdo en el modo y actitudes que has tomado con respecto a los casos que son de público conocimiento, y en otros, en los que no has actuado, a mi modo de entender, cómo se debería y no quiero ser yo quien ocasione división en la comunidad parroquial. Por esto prefiero dar un paso al costado para no interferir en la espiritualidad y la pastoral de la Parroquia”, le dijo a Puiggari, y se refería, claro, al abordaje que le dio la Iglesia a las denuncias por abusos sobre los miembros del clero, Justo José Ilarraz, Marcelino Ricardo Moya y Juan Diego Escobar Gaviria, los tres casos que llegaron a la Justicia.

¿Qué cambió de entonces hasta ahora?

 

 

 

 

 

Ricardo Leguizamón

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.