La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) dio a conocer la nómina de ganadores en las 20 categorías que conforman la 28ª edición del certamen anual “Premios Adepa al Periodismo”.

En la categoría Periodismo de Investigación recibió Mención Especial la investigación de Daniel Enz publicada en diciembre del año pasado en la revista Analisis que reveló la mesa de dinero que funcionó en el Senado provincial entre 2012 y fines de 2013. En la edición 2017 de los “Premios Adepa al Periodismo”, participaron 597 medios, periodistas, fotoperiodistas y dibujantes de todo el país, con un total de 946 trabajos. La ceremonia de entrega de premios y menciones especiales se realizará el próximo 14 de diciembre.

La entrega del premio “Periodismo Judicial”, auspiciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se realizará el martes 12 de diciembre, a las 17, en el Salón Presidencial de la CSJN.

 

 

La investigación


 

La nota periodística sobre “La mesa de dinero del Senado entrerriano que nadie quiso investigar”, titulada “Los dólares que siempre se ocultaron” salió publicada el 24 de noviembre de 2016. El artículo indicaba lo siguiente:

Entre 2012 y fines de 2013 funcionó una mesa de dinero en el Senado entrerriano, donde se movían unos 30 millones de pesos mensuales. En la oficina del entonces funcionario Mauro Urribarri, se cambiaban miles de dólares por semana y de las operaciones participaban funcionarios, ministros, integrantes del Poder Judicial y conocidos empresarios, según pudo reconstruir “Análisis”. El encargado de las operaciones -que dependía del actual ministro de Gobierno y de su tío Juan Pablo Aguilera en el Senado- se tuvo que fugar del país por las amenazas y atentados domiciliarios, después que se cayó el negocio. Siempre se ocultó la historia y nunca nadie investigó nada.

La historia siempre se intentó ocultar. Quizás porque a propios y extraños les pudo haber dado cierto pudor lo que hacían, en el seno del propio Senado entrerriano, a la vista de todo el mundo y con marcada impunidad. No hay registros en el país de una mesa de dinero en un lugar donde se definen leyes para la provincia, con representantes legislativos del pueblo, dentro de la propia Casa de Gobierno, donde existieron movimientos mensuales de más de 30 millones de pesos y con más de 300 “clientes” -entre funcionarios, ministros, hombres y mujeres de la justicia y hasta empleados comunes- que iban casi a diario a cambiar dólares. Que no tenían problema en estar algún tiempo haciendo cola, a la vista de todo el mundo, para ingresar a la oficina pública y salirse con la moneda estadounidense comprada a menor precio. Eso pasó entre principios de 2012 y los primeros meses de 2014, cuando el dinero se esfumó y no fueron pocos los que quedaron sin cobrar sumas millonarias o montos menores que nunca se reintegraron, pese al pataleo.

La crónica arrancó a principios de 2012, según los protagonistas consultados por “Análisis”. En diciembre del 2011 había asumido Sergio Urribarri  su segundo mandato, esta vez secundado por José Cáceres como vicegobernador. Desde ese primer momento se sabía que el perfil de Urribarri iba a ser diferente: el referente de General Campos apostaría a su proyección nacional y a los buenos negocios propios y también con beneficios para con no pocos hombres de su entorno. Ya sean familiares directos o “simplemente amigos”.

La “caja” del Poder Legislativo no estaba al margen del plan de gobierno. Fue comandado, desde el 11 de diciembre de 2011, por la dupla Juan Pablo Aguilera y Mauro Urribarri. El primero, el cuñado preferido del entonces gobernador; el segundo, el hijo dilecto por sus aspiraciones políticas. Los dos manejaron a su antojo los dineros públicos y varios fiscales de la justicia entrerriana ya comprobaron en este año varios de los negocios -muchos de ellos denunciados desde esta revista-, que instrumentaron en los cuatro años de mandato.

En Diputados figuraba José Angel Allende como presidente del cuerpo, pero los dineros eran del tándem Aguilera-Urribarri, con un joven clave en el andamiaje: Nicolás Pierini, amigo personal del hijo del ex mandatario entrerriano. Ningún expediente de cobro seguía su curso en la Cámara Baja o en la Cámara Alta, sin el aval de ambos personajes. Además, tenían otros operadores de confianza: no estaba Sergito Cornejo -porque se transformó en el edecán de Urribarri en esos días-, pero sí su esposa, Claudia Noemí Krenz, ahora dedicada también al negocio inmobiliario con inmuebles propios en la ciudad, como consecuencia del “esfuerzo diario”.

El empleado del Senado, Juan Sebastián Robledo, era uno más en la planta y había ingresado en la primera administración urribarrista junto a otros agentes de la capital entrerriana. Hay quienes dicen que la idea se le ocurrió a él a principios de 2012. Otros no dudan en afirmar que uno de los cajeros de la Cámara Baja fue el que tuvo la iniciativa para, con recursos del Estado, tratar de hacer negocios en medio del “cepo cambiario” impuesto por Cristina Fernández de Kirchner a partir de noviembre de 2011, ante el incremento en la llamada fuga de capitales. Es decir, la compra de dólares y otras divisas extranjeras por parte de familias y empresas. Las decisiones de los economistas de la ex presidenta derivaron en una serie de medidas oficiales, restrictivas, con el objetivo, justamente, de evitar que compren dólares. La primera de ellas se tomó a partir del 1 de noviembre de 2011. Desde ese día, todos los argentinos tuvieron que pedir autorización a la AFIP, la agencia recaudadora de impuestos, antes de comprar divisas extranjeras. En la práctica, un gran porcentaje de la población quedó fuera de poder hacerlo, ya que la AFIP, sin más, decía que el ciudadano o la empresa presentaban supuestas “inconsistencias”, por lo que se negaba la posibilidad de hacerlo.

De la mano y apoyo de Mauro Urribarri y Juan Pablo Aguilera -quienes eran secretario y prosecretario del Senado entrerriano a partir de diciembre de 2011-, Robledo comenzó a ofrecer sus servicios a “amigos” de la política y la justicia. Todos sabían que no eran ellos solos los “organizadores”: también estaban, como parte de la logística, Nicolás Pierini y Lautaro Schiavoni. El primero es amigo personal de Mauro Urribarri y actual secretario de la Cámara de Diputados de la provincia, que preside Sergio Urribarri. También oficia de nexo con Patronato, para el envío de dinero desde el Estado provincial. El segundo sigue en el Senado provincial y es hijo del ministro de Cultura, Faustino Schiavoni. El vicegobernador era José Cáceres, pero ese grupo selecto era el que manejaba el dinero y los negocios. “A Cáceres no le interesaba esto. No lo entendía ni quería entenderlo. Además, tenía demasiada preocupación con los números de Atlético Paraná, que eran su real obsesión”, indicó un conocedor.

En pocos días, Robledo hizo un primer listado de 200 personas a los que atendía tres veces por semana en la oficina de la Secretaría de la Cámara Alta, ubicada junto al ascensor, en la planta baja de Casa de Gobierno. Era el escritorio de Mauro Urribarri. El lugar tiene dos entradas: una junto al ascensor y la otra junto a la escalera que conduce al entrepiso, exactamente frente al hall que comunica la Vicegobernación con el recinto. Por el ascensor se comunican directamente con el segundo piso, donde estaba la oficina de Aguilera. Si no hicieron desaparecer las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en esa zona, más de uno se podría sorprender al observar los detalles.

En ese lugar, el cuñado del ex gobernador, a poco de llegado al Senado, desplazó el área de Despacho hacia unas oficinas poco funcionales y armaron una especie de bunker en ese sector. Por esta razón es que el personal de Senadores prácticamente no tiene ningún contacto con esta gente, porque está todo tabicado. Cuando se le preguntó a Aguilera por qué había ordenado tal decisión fue claro y concreto: “A mi no me van a descubrir los negocios como a (José Maximiliano) Crettón Pereyra”, en referencia al ex director administrativo del vicegobernador Héctor Alanis (período 1995-99), quien en marzo irá a juicio por defraudación millonaria al Estado. A ese lugar solamente entra gente de confianza de Aguilera. Entre otros, los auditores del Tribunal de Cuentas, quienes en vez de controlar, son como “los mejores” amigos del gran cuñado.

Por esos días de principios de 2012 había dólar oficial; blue; paralelo; informal; celeste; green; soja; tarjeta; turista; bolsa; gris; cable y “contado con liqui”. Eran los diferentes tipos de cambio que aparecieron desde que el gobierno impuso controles y límites a la compra de divisas en octubre de 2011.

La moneda extranjera que manejaba la estructura oficial y que tenía a Robledo como “pagador”, provenía de diferentes vertientes. Conseguía dólares oficiales en el Contable del Senado, pero también ingresaba “dólar liquid”, por la cual una persona o empresa puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda. O sea, desde los sectores ligados a la obra pública y avalados por el entonces poderoso ministro de Planificación, Julio De Vido. Y los negocios con Paraguay, de operadores urribarristas, eran una constante. Pero también hubo dólares provenientes de contactos con el narcotráfico y que llegaban de la misma zona. Cuando ingresaban esos dineros en pesos, había una semana o diez días para concretar el cambio. Mientras tanto, parte de esos montos -altas sumas de dinero-, iban también al financiamiento del narcotráfico. No fue casualidad que en mayo de 2014 se detuviera con 20 kilos de cocaína al chofer oficial de la Gobernación, Marcelo Alejandro Acosta, como parte de una estructura ligada a Los lagartos, una vertiente de Los monos rosarinos. Y la droga provenía siempre de Misiones, desde donde se originó la causa judicial.

A partir de la segunda administración urribarrista, había varios funcionarios y “operadores oficialistas” allegados al ex gobernador, que viajaban casi semanalmente a Paraguay. Algunos lo hacían en coches oficiales; otros, en costosos autos de amigos, pero también estaban quienes llegaban hasta Resistencia y de allí lo hacían en avión hasta Asunción. “Yo ví varias veces baúles de autos llenos con bolsas de dólares”, dijo un testigo de esos días. Y esos dólares eran parte del sistema de la mesa de dinero. Por eso era que el dólar, en el Senado, los cambiaban a un peso menos de su valor, sin papel alguno.

En la Administración de la Cámara de Senadores siguen estando los mismos funcionarios que fueron cómplices de esas operatorias de la mesa de dinero: el director general Gustavo Hernán Pérez, secundado por el contador Jorge Lázzaro. Ninguno de ellos se puede hacer el distraído con este tipo de operaciones que siempre se ocultaron. Todos son de estrecha confianza de Aguilera y fueron formados por el contador Cristian Treppo, intendente de Seguí y ex administrador del Senado. Ellos son los que tienen absoluto control de los dineros públicos de la Cámara Baja; en especial de los contratos de cada legislador, que nadie controla, que significan montos abultados y se pagan puntualmente. También pasan por allí algunos altos funcionarios e incluso ministros, a percibir algún que otro “reconocimiento” por función pública, que no deja de ser una especie de sobresueldo. De hecho, Robledo siempre reconoció que uno de los primeros con los que empezó el negocio fue con el contador Pérez.

Estaba todo aceitado. Robledo tenía los dólares en bolsas de consorcio, que ubicaba en el suelo, abajo del escritorio. Y en otras bolsas idénticas iba guardando los pesos argentinos que le acercaban. Por lo general pedía una semana para traer los dólares y dárselo a cada cliente. Obviamente que había excepciones: algunas veces llegaba un cliente -que podía ser funcionario político o judicial o empresario- y exigía la entrega de 10 mil dólares porque lo necesitaba con urgencia. “Quedate tranquilo que llamo arriba y lo solucionamos de inmediato”, les decía. Robledo llamaba por teléfono y a los cinco minutos llegaba una persona con un sobre manila, conteniendo la cifra en dólares.

El empleado del Senado se movía como pez en el agua. Si alguien le expresaba su preocupación, él respondía de inmediato: “Acá hay un aval del jefe máximo, de allá arriba”, decía, mientras se tocaba el hombro con dos dedos, en obvia referencia a Sergio Urribarri. El ex mandatario ya integraba la “mesa chica” del kircherismo -entre los escasos gobernantes de provincias con inserción en los alrededores de Cristina F.- y poco a poco Urribarri iba instalando una frase que se repitió en casi todo su mandato: “Soy el que la tiene más larga y más gruesa en la provincia”. Lo repitió una y otra vez ante cualquier duda que planteaba alguno de sus colaboradores o los intendentes del Frente para la victoria.

Robledo vivía momentos de gloria. Ganaba entre 50 mil y 60.000 pesos por semana; tenía un buen auto y una lancha moderna. Tenía respuesta para todo. Si uno de esos clientes se ponía exigente por el pronto pago, adoptaba una modalidad más práctica. “A mi me llevó hasta el automóvil, un Fiat Punto cero kilómetro, me abría el baúl y me decía que agarrara las bolsas de consorcio. Cada bolsa tenía no menos de 500 mil pesos. Y había una mochila, repleta de dólares”, indicó un testigo del negociado. Algunas veces llegó a tener entre 600 y 700 mil dólares guardados, para cambiarle a la gente de ese listado, que comprendía a unos 350 clientes, donde además de ministros, funcionarios, conocidos abogados y gente de la justicia, también había conocidos empresarios. Entre ellos, el propio suegro de Mauro Urribarri, Héctor Sattler. Más de una vez, Robledo atendía a algún cliente en presencia del propio Mauro Urribarri o del joven Schiavoni.

“Era de loco verlo a Robledo andar de aquí para allá con su auto y en el baúl tenía bolsas con 200 mil o 200 mil pesos y a la vez miles de dólares. Así iba de un lado al otro, incluso a Santa Fe”, acotó un amigo del operador. Allí había un hombre clave, de apellido Carbajal, que era un aportante seguro.

Los más entendidos indican que el movimiento de dinero se fue haciendo insostenible para Robledo y la gente que lo asistía. De un día para el otro empezó a recibir llamados de empresarios chinos e importadores de negocios. El punto más álgido fue el ingreso de dineros del narcotráfico de bandas relacionadas a negocios turbios de Santa Fe. Había partidas de dinero de inversores ligados a Paraguay, pero estos de Santa Fe y Rosario se empezaron a sumar a mediados de 2013. Un inversor narco aportó casi un millón de pesos para cambiar a dólares y la operación no se terminó de concretar. Un familiar de Robledo tuvo que entregar un departamento de la zona de Los Pipos, para cubrir esa deuda, porque la situación se estaba poniendo violenta. Los damnificados comenzaron a caer uno tras otro, porque el flujo de dólares se fue achicando, hasta que se cortó.

“Juan, rajate de Paraná porque te van a matar. Esa es la orden que tiene alguna gente y no van a dudar en boletearte”, le dijo un familiar. Juan Sebastián Robledo no creyó que era para tanta preocupación. Recién empezó a entenderlo cuando comenzaron a lloverle mensajes mafiosos a su celular. Y lo comprendió más aún ese segundo jueves de febrero de 2014 cuando le estalló una bomba molotov en la puerta de su casa, en calle Susini 95, a eso de las 3 de la madrugada. Días antes, un individuo había ingresado también a su domicilio, en horas de la noche, según reveló su esposa, Paola Martínez Domé, madre de dos pequeños y docente. “Lo hacen responsable a mi esposo de un dinero que no tiene”, enfatizó la mujer, en diálogo con Canal Once de Paraná.

Robledo no dudó en irse de la capital entrerriana y del país. Los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Angel Cullen, a los que consultó por su situación, también avalaron su salida de Argentina. Terminó escondido en Porto Alegre, en un departamento de un conocido cuya identidad nunca se supo.

Las reuniones en el Senado, en la propia oficina de Mauro Urribarri, se repitieron una y otra vez, con la presencia de varios de los damnificados, entre abogados y un conocido importador, que vive en avenida Alameda de la Federación. En esos encuentros hubo duras recriminaciones hacia el funcionario del Senado. El hijo del gobernador siempre se mantenía en la misma posición: “No tengo nada que ver con este negocio”. Nunca pudo explicar por qué los dólares se entregaban en su propio escritorio y tres veces por semana. Tampoco dijo nada cuando un abogado danmificado le dijo: “antes había otro escritorio acá; uno más antiguo. No era éste nuevo que hiciste poner ahora”. El joven Urribarri quedó pálido y sin respuestas. De las reuniones realizadas -fueron entre 6 o 7- también participaron Lautaro Schiavoni y Nicolás Pierini. El que nunca estuvo fue Juan Pablo Aguilera.

Algo parecido sucedió también en el estudio del abogado y funcionario Marcos Rodríguez Allende, cuyos servicios habían sido requeridos por la familia Urribarri para salvaguardar el “buen nombre y honor” del ahora ministro de Gobierno y de su tío, Juan Pablo Aguilera. A las pocas semanas, el conocido letrado fue nombrado como interventor del Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE), donde ya no está. Mientras tanto, Rodríguez Allende sigue asistiendo a los Urribarri, a Aguilera y a sus familiares directos, en las causas por delitos de corrupción en su contra, donde ya han sido imputados.

Robledo retornó al país a principios de 2015, con una mano atrás y otra adelante y está con licencia psiquiátrica en el Senado. En junio del año pasado radicó una denuncia por amenazas ante la Fiscalía del Poder Judicial, según consta en el expediente 14364 (643). Tiene numerosos juicios ejecutivos por deudas en distintos juzgados civiles y comerciales de Paraná. Nunca se supo qué pasó con el dinero. Nunca nadie se metió con este tema. Nunca hubo un sumario administrativo ni una acción judicial, pese a la vergonzosa situación que hubo en el Senado durante más de dos años y a la vista de todo el mundo. Tal vez sea la hora de empezar a desentrañar una madeja que nadie sabe dónde puede terminar. Ojalá no se siga mirando para otro lado. Como pasó en todo este tiempo.

 

 

Fuente: “Análisis”