Por Silvio Méndez (*)

 

Es poco probable que se pueda tener hoy día real dimensión sobre las consecuencias que se han desatado a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró aplicable el cómputo de prisión conocido como 2×1, por el cual se reducen los años de cárcel para un condenado por delitos de lesa humanidad.

Desde el vamos, la medida votada por la mayoría de los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosenkrantz y Carlos Rosatti –en disidencia Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda– difícilmente puede ceñirse a un tecnicismo judicial, y es claramente un posicionamiento político.

La sentencia por el expediente de Luis Muiña –condenado en 2013 a 13 años de prisión por ser “coautor del delito de privación ilegal de la libertad” e “imposición de tormentos” en cinco casos–, lejos está de “apegarse a derecho”. La ley Nº 24.390 del 2×1 estuvo vigente sólo entre 1994 y 2001, y es evidente que no rige en lo temporal, tampoco para los delitos cometidos en el marco de un genocidio, ni se encuadra en los pactos internacionales que firmó la Argentina que impide el privilegio a esta suerte de “amnistía encubierta” o “conmutación de pena” para violadores de los derechos humanos.

El fallo reaccionario de Highton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosatti representa un mazazo a la compleja y trabajosa tarea por establecer desde la Justicia un marco para procesar y reparar el horror cometido en la última dictadura argentina. También restituye las condiciones de impunidad para quienes cometieron estos delitos aberrantes. Y más profundamente, plantea un freno a la predisposición por avanzar en investigar y juzgar a los responsables civiles, eclesiásticos y económicos de la masacre tras el último golpe de Estado en Argentina.

El 28 de marzo de 2016, se produjo la primera condena a un empresario por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de Salta condenó al ex propietario de la empresa de transporte de colectivos La Veloz del Norte, Marcos Levín, a 12 años de prisión. Lo consideró partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos, en contra de un trabajador y delegado gremial de la firma. Los magistrados analizaron la responsabilidad empresaria en el marco del terrorismo de Estado, y fue el primer juicio que entendió la participación patronal. Entonces, se vislumbraba que este caso fuese el puntapié para avanzar en la responsabilidad civil de las causas de lesa humanidad. Esa esperanza es la que fue sepultada por el fallo de la Corte.

Alrededor de la jaula


Habrá de convenir que la decisión suprema estuvo abonada por una “preparación cultural” de fuerte intervención política.

En 2014, Mauricio Macri como candidato prometía terminar con “los curros de los derechos humanos”. Al otro día del balotaje presidencial, el 23 de noviembre de 2015, el diario La Nación en una editorial titulada “No más venganza”, sostenía que “la elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos”. En enero de 2016, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, en diálogo con el publicista Luis Majul puso duda el número de víctimas del terrorismo de Estado. Dijo que “en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos” y que esa cifra “se arregló en una mesa cerrada” para “conseguir subsidios”. En agosto de ese año, en una entrevista al portal Buzz Feed, el presidente Macri denominó “guerra sucia” a lo que sucedió en el último golpe de Estado, y dijo “no tengo idea” ante la pregunta sobre los desaparecidos. Y si bien no fueron las últimas, tuvieron amplia repercusión en enero de este año las declaraciones del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Ante conductor televisivo Luis Novaresio sentenció “No es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”, refiriéndose a los desaparecidos:

La oposición, a la zaga, tampoco ha sido muy escrupulosa a la hora de evaluar los pliegos de los jueces que votaron este fallo. Rosenkrantz y Rosatti contaron con el acompañamiento de los votos del bloque de senadores nacionales del PJ–FpV. Tampoco ciertos representantes vernáculos cuentan con sólidas convicciones democráticas y algunas puestas en escenas son difíciles de dilucidar. Sin ir muy lejos, el jueves mismo que se realizó una importante manifestación en repudio al fallo del 2×1 de la Corte en la Plaza 1º de Mayo de Paraná, paseaba orondo entre las banderas de los organismos de derechos humanos uno de los principales responsables de perseguir a periodistas y censurar medios de prensa en la pasada gestión provincial. Las cargas de las acciones tienen distinto peso, claro que sí, pero convergen en un mismo escenario que termina por legitimar la arbitrariedad judicial.

Y lo más terrible no es sólo pensar que muchas decisiones de lo público están en manos de quiénes abrieron y permitieron abrir la jaula a los genocidas; también en el terror que puede instalarse nuevamente de tan solo imaginar qué pueden hacer estas mismas bestias una vez que estén en la calle.

 

 

(*) Periodista, docente universitario. Especial para Entre Ríos Ahora.
@silviomzen