El Gobierno acudió este jueves por la tarde a la Justicia con un pedido de conciliación obligatoria, vía por la cual buscará frenar los paros docentes que se avecinan: este viernes y el próximo lunes 25. Las medidas de fuerza fueron resueltas por el principal sindicato del sector docente, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), en su congreso en Chajarí, y como forma de demostrar el rechazo a la cuarta oferta salarial que presentó la administración del gobernador Gustavo Bordet.

Los docentes de Agmer aprobaron 48 horas de paro: este viernes 22 y el próximo lunes 25. Y exigieron al Gobierno que presente una nueva propuesta salarial antes del miércoles 27, so pena de aplicar una nueva huelga, el jueves 28.

La huelga -la primera que enfrenta la administración Bordet- podría enfrentarse a un mandato judicial de conciliación obligatoria, tal cual prevé la Ley de Paritaria Docente. El planteo que hizo el Gobierno en la Justicia a las 19 de este jueves recayó, otra vez, en el despacho de la titular del Juzgado Laboral N° 1, Gladys Pinto, la misma magistrada que intervino en la segunda conciliación docente de 2018, en noviembre último. El año pasado, el Ejecutivo negoció con los docentes en dos oportunidades, y lo hizo en un despacho judicial: en abril la conciliación la dictó el juez titular del Juzgado Laboral N° 3, José Reviriego; y en noviembre, la jueza Pinto.

Reviriego recibió la presentación del Gobierno el viernes 6 de abril, y el sábado 7 dictó la conciliación obligatoria en el conflicto docente.

El artículo 16° de la Ley N° 9.624 de Paritaria Docente señala que en el caso “que se suscitare un conflicto colectivo ocasionado por cuestiones que se encuentren en debate de la Comisión Paritaria, antes de la iniciación de medidas de acción directa la/s Asociaciones Gremiales que representen la parte trabajadora deberán comunicar la situación de conflicto a la Dirección Provincial de Trabajo para que se convoque a una Audiencia de Conciliación que se hará dentro de los cinco días hábiles a contar desde la presentación”.

Y agrega: “Para el caso de no arribarse a un entendimiento en dicho término, las Asociaciones Sindicales quedarán en libertad de ejercer los derechos que les competen. Ante el fracaso de la referida instancia conciliatoria por vía administrativa, cualquiera de las partes podrá pedir al Juzgado de Trabajo en turno de la ciudad de Paraná que disponga la Conciliación Obligatoria, ordenando a las partes suspender las medidas que se hubieren dispuesto en relación al conflicto. Para el caso que el Juez interviniente interprete que se cumplimentan los requisitos de admisibilidad del pedido acogerá la medida peticionada por un término máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la Resolución, dentro del cual se realizarán las Audiencias de Conciliación que el Magistrado entienda necesarias. Vencido dicho plazo sin que se hubiere arribado a una fórmula de conciliación, automáticamente podrán las partes proseguir con las medidas suspendidas por el Juzgado”.

El camino que se abre en caso de que la jueza Pinto acoja favorablemente el pedido de conciliación obligatoria que solicitó el Gobierno es la convocatoria de inmediato a un congreso provincial de Agmer para resolver si acata la decisión de la magistrada o se declara en rebeldía. En los últimos años, el gremio a respetado las decisiones judiciales. Este jueves, en Chajarí, el gremio aprobó convocar a un próximo congreso el viernes 29, pero frente al planteo del Ejecutivo los tiempos deberán acortarse en caso de que la conciliación sea dictada.

 

 

Foto: Gentileza La Lucha en la Calle

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.