La Justicia pidió un detalle de 452 contrataciones de personal efectuadas por la Cámara de Diputados entre el 11 de diciembre de 2011 y hasta septiembre de 2019, y 551 contratos de la Cámara de Senadores, firmados a lo largo de la última década, entre 2008 y 2018, en el maco de la investigación abierta para determinar de qué modo se sustrajeron de los fondos de la Legislatura una suma estimada en $1.235 millones mediante una operación de triangulación a través de “contratos truchos”.

Hasta ahora se hablaba de un mapa hipotético de 350 contratos de personal bajo la lupa de la Justicia. Ahora, se sabe, el número es casi tres veces mayor: 1.003 contratos.

La causa está caratulada “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”, y tiene en prisión a cuatro personas, que son apenas la punta del iceberg de un entramado que todavía no se descubre hasta dónde llega ni cuántas personas involucra en el poder político:  Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo,  Hugo Mena y Alfredo Bilbao.  Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, aquellos cuatros, más  Hugo Luna (ya fallecido),  María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra,  Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.

El mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.  Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de $4.500 cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000” por contrato.

En la Cámara de Diputados, en tanto, “la sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011”, con contratos de $5.000 cuyos montos se fueron incrementado también hasta $50.000.

“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas. Los contratos eran firmados, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”, dice el escrito de la Procuración.

El 13 de noviembre, la Procuradora adjunta Cecilia Goyeneche junto a los fiscales Yedro y Aramberry envió un pedido al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, “solicitando tenga a bien informar si las personas que se detallan en el anexo han estado vinculadas contractualmente con esa Honorable Cámara, durante el período comprendido entre el 11/12/2011 a la fecha del presente requerimiento. En tal caso, se sirva detallar el tipo y período de contratación, especificando si la relación se celebró con autoridades de ese cuerpo, bloques legislativos o legisladores en particular. En dicho caso, se giren – en original – los expedientes administrativos relacionados a cada una de esas contrataciones, copia certificada del acto administrativo de aprobación respectivos y las correspondientes actuaciones en las que se hubiese sustanciado el poago de los honorarios a dichos co-contratantes”.
“Además, es de interés que se emita un listado detallado de autoridades de ese cuerpo legislativo; e integración del Servicio Administrativo y Contable, durante el período referenciado, acompañando a dichos efectos los actos administrativos de designación -añade-.  Finalmente, se interesa la remisión de la nómina actualizada de Agentes de planta permanente de ese Honorable cuerpo legislativo”.
Y en el caso de Diputados, ya no se habla de 35o contratos, sino que el pedido incluye un listado de 452 nombres.

Modus operandi


Además, aparecen nombres relevantes: en la apertura de la causa, sostienen los fiscales que los contratos “eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena. Esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado. La expresada detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ámbas Cámaras, siendo estos Juan Domingo Orabona (director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011), Gustavo Hernán Pérez (director Administrativo Contable del Senado desde 2011, echado por el vicegobernador Adán Bahl cuando estalló el escándalo, NdelR), y Sergio Cardoso (director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados), quienes tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas Cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos”.

Luego de que se efectuaban el depósito de esos sueldos a los contratados truchos,” los cheques eran entregados a Hugo Rubén Mena y Flavia Marcela Beckman, quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza, como ser: Esteban Angel Alberto Scialocomo, María Victoria AlvarezZ, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Alvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartin, Alejandro Rubén Ferreyra, Viviana Giselle Mena Gioveni, Veronica Caino, Roberto Ariel Faure, Renato Jesús Mansilla, Hugo Luna (f), entre otros. A las personas del círculo de confianza que operaban como ´cobradores´ de cheques, se los hacía llegar hasta un local comercial ubicado en calle Alem, o posteriormente a la playa de estacionamiento de calle Alem Nº 64 de esta ciudad o hasta la Tómbola ubicada en esa misma arteria al numeral 87, sitios donde Beckman, Mena, Balladares y Scialocomo, entre otros, les repartían los valores para su cobro,  el que se ejecutaba en diversas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos”.

Y sigue: “Luego de percibidas las respectivas sumas de dinero en el banco, éstas eran entregadas a Hugo Rubén  Mena, Fabiana Marcela Beckman, Jorge Pablo Balladares, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, y/o otro/s integrante/s de la asociación, quienes aguardaban en los referidos puntos de entrega y les pagaban a los ´cobradores´ alrededor de $200 a cambio de la percepción de cada cheque. Asimismo, y desde el año 2017, se bancarizó el pago de algunos de los referidos contratos, principalmente de aquellos dados por la Cámara de Senadores, a través de la apertura de ´cuentas sueldo´  a los contratados y el otorgamiento de la correspondiente Tarjeta de Débito. Estas tarjetas, pese a ser un instrumento personal, eran retenidas por Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena y otras personas de la asociación, previa entrega por sus titulares, para efectuar directamente el cobro de los honorarios en sucursales de diversos puntos del país. Posteriormente, el dinero resultante era entregado a Gustavo Hernán Pérez, Sergio Cardoso, Roberto Ariel FAURE, Alejandro Almada (cuñado de Juan Pablo Aguilera, a su vez cuñado de Urribarri, NdelR), y a Alfredo Bilbao. A su vez, este último recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de gastos, de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones. Finalmente, Bilbao se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Juan Pablo Aguilera (cuñado de Urribarri, NdelR), y a otras personas hasta el momento desconocidas.-La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ´contratistas´, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ´Entre Ríos Servicios´, emplazada en el propio Estudio Integral Asesoría de los tres primeros contadores mencionados. Dichas tareas, en lugar de ser remuneradas por cada uno de los monotributistas, lo eran a través de la cobranza de contratos de obra suscriptos con la Honorable Cámara de Diputados, sin la existencia de vínculo real alguno, extendidos a favor de Guido Krapp, el corredor inmobiliario Renato Jesús Mansilla, los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, estos tres últimos también integrantes de Integral Asesoría; y con la  Cámara de Senadores de la Nación en favor de Gustavo Falco y nuevamente de Renato Jesús Mansilla, a través de contratos suscriptos por el Senador Nacional Pedro Guillermo Ángel Guastavino. Alfredo Bilbao también se encargaba de participar del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Hernán Pérez y Jorge Enrique DE Breuil (empleado de planta permanente del Honorable Senado de la provincia y contratado como personal transitorio del Honorable Senado de la Nación por el Senador Pedro Guastavino), de una parte del dinero resultante. Los tres, aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes inversiones inmobiliarias y agrícola-ganaderas.- La maniobra descripta, también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado”.

Fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro.

 

En el Senado


Al vicegobernador Adán Bahl le llegó un requerimiento en iguales términos, aunque en su caso los integrantes del Ministerio Público Fiscal le requieren información detallada respecto de 551 contratos del período 2008 a 2018.

Al respecto, la nota que también se remitió el 13 de noviembre señala que “hemos decidido cursarle el presente, solicitando tenga a bien informar si las personas que se detallan en el anexo han estado vinculadas contractualmente con esa Honorable Cámara, durante el período comprendido entre el 11/12/2007 a la fecha del presente requerimiento. En tal caso, se sirva detallar el tipo y período de contratación, especificando si la relación se celebró con autoridades de ese cuerpo, bloques legislativos o legisladores en particular. En dicho caso, se giren – en original – los expedientes administrativos relacionados a cada una de esas contrataciones, copia certificada del acto administrativo de aprobación respectivos y las correspondientes actuaciones en las que se hubiese sustanciado el poago de los honorarios a dichos co-contratantes”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.