La Justicia ordenó al Consejo General de Educación (CGE) que proceda “a realizar todas las obras necesarias para la construcción de una rampa de acceso y adaptación de un baño para personas con movilidad reducida, en el edificio de la Escuela Secundaria y Superior nº 41 Cesáreo Bernaldo de Quirós deRosario del Tala, en un plazo que no podrá exceder del ciclo lectivo en curso”.

La imposición surge a partir de un recurso de amparo presentado en la Justicia por Mariano Briozzo, papá de Tami Esperanza Briozzo Díaz, alumna de la Escuela Cesáreo Quiroz, que acudió a la Justicia luego de una vana espera para que escuela adapte sus instalaciones. En su resolución, Ángel Moia, juez de feria, apela al texto de la Constitución de Entre Ríos, que  establece que “el Estado asegura a las personas con discapacidad…la igualdad real de posibilidades…el desarrollo de un ambiente libre de barreras físicas…el acceso a la educación en todos los niveles con la infraestructura necesaria”.

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“Ante la clara referencia convencional y constitucional al mandato de eliminación de las barreras arquitectónicas en el ámbito educativo y el reconcimiento de su subsistencia, no puede atenderse a la tacha de ausencia del presupuesto habilitante de la vía excepcional del amparo”, dice el magistrado. Y agrega:  “Sin perjuicio de qué repartición concretamente vaya a materializar la obra requerida y cuál intervenga en su diseño e implementación, surge con claridad de la Constitución Provincial la responsabilidad del Consejo General de Educación en la materia específica”.

“Ha quedado acreditado -dice el pronunciamiento judicial respecto del planteo- que la actora es alumna regular del establecimiento educativo Cesáreo Bernaldo de Quirós de la ciudad de Rosario del Tala, a la vez que padece de espina bífida, no especificada incontinencia urinaria, no especificada incontinencia fecal, otras deformidades congénitas de los pies, Paraplejia, no especificada, según el certificado de discapacidad. Este último consigna la necesidad de un acompañante”.

El de Rosario del Tala es el segundo pronunciamiento judicial en torno a la necesidad de que los establecimientos  educativos se adapten a las necesidades de sus alumnos.En marzo último, Ramona Alberto consiguió que la Justicia acogiera favorablemente un pedido, y obligara al Estado a construir rampa y baño adaptado para que su hijo tuviera libre acceso a la Escuela Normal Antonio Sagarna, de Nogoyá.

En la acción de amparo presentada en la Justicia -patrocinada por el abogado Ramiro Pereira y que se tramitaante la Sala III de la Cámara Segunda de Paraná- el papá de la adolescente pide “la urgente construcción una rampa de acceso adecuado al edificio de  la Escuela Secundaria y Superior Cesáreo Bernaldo de Quirós” ,  además de “sanitarios para personas con discapacidad motriz”.

La joven Tami Esperanza Briozzo Díaz, dice la demanda judicial, “concurre en la actualidad a la escuela secundaria y su pretensión es que en el edificio donde funciona la misma se construya una rampa de acceso adecuado al edificio y sanitarios. Seguir la vía ordinaria (reclamo administrativo, NdelR), equivaldría a una posible demora de años: obtener resolución del Consejo General de Educación; del Poder Ejecutivo, y si en ambos organismos es rechazado, acudir al fuero Contencioso Administrativo. Esto choca con la entidad del derecho vulnerado, y con la realidad de la actualidad en que la omisión de la autoridad administrativa que gobierna la educación entrerriana lesiona el ejercicio de derechos de raigambre constitucional y convencional.
Por lo expuesto, el empleo de cualquier otra vía judicial o administrativa resultaría manifiestamente ineficaz”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.