Por Jorge Daneri

Existen tiempos políticos donde no es necesario inventar nada. Solo hace falta recurrir a fuentes que tal vez muchos no conocen y menos los responsables de la gestión de Gobierno.  No es un dato menor que el poder no pueda leer ni reconocer la historia de sus pueblos, como las luchas sociales y políticas de Gualeguaychú y su Asamblea, como las que ha afrontado la diversidad del movimiento ecologista y socio-ambiental de Entre Ríos.

Ricardo Carrere fue el coordinador de un libro llamado como el título de esta nota. Uruguayo, secretario del Movimiento Mundial por los bosques tropicales, Carrere es un luchador social y ambiental contra el modelo productivo de las mega plantaciones forestales, así como también  de la decisión del Banco Mundial de promocionarlas en el Cono Sur de Sudamércia, donde Uruguay lidera en ese sentido junto a estados del sur de Brasil.

Esta maravillosa investigación global, se puede bajar en toda su integridad y textura de la web. La recomendamos muy particularmente para el debate territorial, político y social, porque más que diferencias con la hermosa Uruguay, tenemos millones de historias comunes. http://wrm.org.uy/oldsite/plantaciones/material/texto.pdf

El otro aporte viene del Ingeniero Agrónomo Juan de Dios Muñoz.

Con Juan, y desde el Foro Ecologista de Paraná en aquellos tiempos (2003 y 2004), tuvimos el privilegio de redactar el borrador que finalmente terminó siendo el Decreto Provincial 4519/03 de declaración de la emergencia ambiental del bosque nativo en Entre Ríos. Con Juan, y todo el  equipo que integraba el Foro, defendimos su vigencia y logramos una sentencia relevante que luego, en la Conciliación convocada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, acordamos en su modo de ejecución y cumplimiento (https://observatoriodelglifosato.wordpress.com/entre-rios-45192003-declaracion-de-emergencia-ambiental-para-los-bosques-nativos-de-entre-rios/ ).

Muy infelizmente este pacto judicial e institucional nunca fue respetado, ni por los sucesivos gobiernos ni por la mayoría del sector privado dedicado vorazmente a la expansión del modelo del monocultivo de soja y por lo tanto sus graves efectos sobre el uso del suelo, la diversidad biológica y cultural de nuestras comunidades, como la concentración del conocimiento y de la tierra.

Por estos antecedentes, es importante comprender que la forestación a la escala que se la está promoviendo ahora y al tipo de inversores externos que convoca, no solo no preserva el ambiente sino que tiene efectos más que negativos sobre el trabajo y la familia rural, la diversidad biológica y su monte nativo, la gestión del agua y su preservación, como la profundización de la expulsión del hombre de campo hacia las ciudades, entre tantas otras problemáticas. Por ello,  antes que prioridades como éstas, debemos cumplir con la nueva constitución provincial.

Hay aspectos que sí resultan urgentes. A saber:

Se debe cumplir con la aplicación de las normas de ordenamiento ambiental del bosque nativo, dispuestas por la ley nacional de presupuestos mínimos de su protección y activar la Comisión Oficial de Bosque Nativo.

Los datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación son muy claros: desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques (noviembre de 2007) hasta fines de 2014 se deforestaron en el país más de 2 millones de hectáreas, de las cuales 620 mil hectáreas eran bosques protegidos. En ese mismo período, la provincia de Entre Ríos perdió más de 85.000 hectáreas de bosques nativos, estando prohibido por la Justicia Provincial y la Ley Nacional citada, desmontar en toda la provincia,  porque Entre Ríos no tenía sancionado su ordenamiento ambiental territorial del bosque nativo. Esa omisión, además, le impidió recibir importantes fondos del Estado Nacional para compensar a los productores responsables y resueltos a preservar parte de sus bosques en porcentajes de equilibrios y sustentabilidad ecológica, en particular sobre las riberas de sus arroyos o ríos. Esto se llama descontrol, impunidad y un total desinterés por la responsabilidad del Estado en la gestión del suelo, el agua, y  la protección de sus diversidades.

Nuestros legisladores nacionales deben garantizar que los fondos para la preservación del bosque nativo lleguen a Entre Ríos y a los productores responsables, que lo quieren y deben hacer, y no sigan drenando de manera corrupta para “Futbol para Todos”, como sucedió durante los gobiernos precedentes.

Que se sancione la ley general del Ambiente de la Provincia, como la de evaluación de impacto ambiental. Es la única provincia del país que no las tiene.

Que se presente públicamente el plan de preservación del bosque nativo del nuevo Gobierno y se de la posibilidad sistemática de su enriquecimiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil y las asambleas de ciudadanos, legitimadas por sus comunidades.

Que se convoque a un Panel de expertos independientes, para realizar el cumplimiento de la Sentencia Judicial en el caso:  “VERZEÑASSI SERGIO DANIEL Y OTS. C/  SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE  AMPARO AMBIENTAL”. Causa Número 37161 , Junio 2004-, para evaluar el impacto ambiental del modelo del monocultivo de soja y de forestación, en términos sociales, ambientales y particularmente sobre la diversidad ecológica y productiva de la provincia, con particular investigación en los efectos sobre la salud humana del complejo agrotóxico aplicado a las tierras, semillas, aguas y alimentos. El panel debería considerar y presentar también propuestas que nos orienten como sociedad y Estado, hacia una diversidad productiva amigable con la naturaleza, como manda la Constitución Provincial en una rica sinergia de su renovado programa normativo.

Tomando con particular respeto las recientes afirmaciones del Gobernador, que convoca a un sinceramiento, a partir del reconocimiento del proceso ilegal de venta de madera de suelos de nuestra provincia a través de una triangulación vía Corrientes para la producción de celulosa en Uruguay; dicha convocatoria y la sinceridad expuesta, debe ser más generosa y amplia.

Esa afirmación demuestra que se vende producción local de postes de eucaliptos a Botnia, y que quitar la prohibición serviría para convocar a más inversores para que ahora sí puedan hacer directamente más de lo mismo, pues no existirán barreras jurídicas que lo imposibiliten. Esta es una preocupante contradicción. Porque si el sinceramiento fuera sólidamente fundado y lo que se quisiera  promover pretende que la materia prima quede en la provincia, y en su territorio adquiera valor agregado y por lo tanto muchas más fuentes de trabajo, no se necesita levantar la prohibición.

Estamos convencidos que el sinceramiento que necesitamos, está en cumplir y aplicar el programa constitucional sobre  sustentabilidad y ambiente. No es una mediación o una imposición en favor de un sector privado o el otro, es comprender que la tierra, como dice la norma madre, cumple una “función social y ambiental”, que hoy en nuestra Provincia es burlada y violada, sistemáticamente. Por eso necesitamos una decisión clara que se exprese en una política integral y que proponga esta transición esencial hacia las dimensiones de la sustentabilidad que todos necesitamos construir social e institucionalmente con nuestra Democracia. Necesitamos que la máxima autoridad institucional de la Provincia vuelva al discurso originario propuesto frente a la Asamblea Legislativa en las primeras horas de acceso al poder democrático de nuestra Provincia.