La Justicia Federal se declaró competente para actuar en el litigio que presentó un estudio de abogados de Santa Fe que reclama el pago de honorarios adeudados a raíz de un contrato firmado en 2001, durante el gobierno de Sergio Montiel, y de ese modo puso un freno al avance de ese reclamo millonario.
Un fallo firmado por el juez Daniel Edgardo Alonso, titular del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, declaró “la procedencia del fuero y la competencia de este “, y a demás dispuso la “prohibición de innovar y suspender de ejecutoriedad el Laudo Arbitral dictado por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en fecha 14/11/2017 en el proceso caratuJuzgado Federal nº 2 de la ciudad de Paraná, para entender en laspresentes actuaciones”

El abogado Giménez Lassaga inició en 2016 una demanda ante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires contra la Provincia de Entre Ríos por un monto escandaloso: más de $80 millones.
El pleito lo inició en representación del Estudio Giménez Lassaga Sociedad Civil, con domicilio en San Martín 2748/2750, de la ciudad de Santa Fe, y ante lo que considera como incumplimientos del Estado entrerriano en el pago de honorarios por los servicios contratados durante la administración del radical Sergio Montiel, en 2003.

“La demanda tiene por objeto (que) se establezca la cuantía de los honorarios devengados impagos, con motivo de las contrataciones (…), los datos y perjuicios irrogados –lucro cesante, daño emergente y daño moral–, que se extiende a consecuencias mediatas e inmediatas, y su consiguiente cobro, conforme resulte de la prueba a producirse. En cada caso, los honorarios fueron pactados, en el contrato y no percibidos, no obstante labores realizadas, beneficios obtenidos y reclamaciones realizadas. El aludido rubro se compone de dos partes: a) el valor horario convenido, por el que conforme a nuestros registros surge una deuda impaga de $46.613,50, según liquidaciones del año 2004; b) el porcentaje previsto en los contratos, no puede ser estimado en este momento habida cuenta de la reticencia en proporcionarnos los elementos necesarios para su determinación, por lo que queda al resultado de la prueba a producirse”, dice el texto de la demanda.

El contrato entre el Estudio Giménez Lassaga se hizo durante la administración Montiel y el proceso lo llevó adelante el entonces fiscal de Estado, Sergio Avero. En ese tiempo que siguió a la feroz crisis económica y social de 2001, las empresas estatales que durante la década de 1990 habían sido privatizadas, volvían a manos del Estado tras el retiro del país de los grandes consorcios.

Así ocurrió con el Credit Agricole del Banco de Entre Ríos, y con los norteamericanos de PSEG Americas de la entonces Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa). El primero pasó a ser administrado por el Banco Nación; y la distribuidora eléctrica quedó en manos de un fideicomiso que no duró mucho tiempo.

Fue entonces cuando Montiel quiso retomar el control de esas dos empresas, y para eso contrató los servicios del Estudio Giménez Lassaga. Pero sólo logró que la empresa de energía volviese a manos del Estado, pero sólo por un corto tiempo: la transferencia fue anulada por la Justicia, y después, sí, durante la administración de Jorge Busti, se conformó la ahora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa).

En el contrato con el estudio jurídico para que le brinde asesoramiento a la Provincia, se convino una remuneración por hora de 200 pesos. Pero se le agregó una cláusula al contrato que establece que además se le va a pagar el 12% de los beneficios que obtenga la Provincia de la gestión de recuperación del manejo del banco y del servicio eléctrico. El Estado sólo recuperó la distribución del servicio eléctrico. “Ese canon del 12% sobre el valor de la empresa resultó una cláusula ilegal e incierta. Sin una ley especial no se puede hacer un pacto de cuota litis en el Estado porque se están comprometiendo los recursos de la provincia”, dice el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes.

Claro que aquel contrato se firmó sobre el final del mandato del montielismo. Cuando en diciembre de 2003 se produce el recambio de gobierno, todo mundo se olvidó de ese acuerdo con Giménez Lassaga.

Giménez Lassaga entonces empezó a mover contactos y tender puentes para presentar su reclamo. Primero con un integrante del Poder Judicial, después con miembros del Gobierno, y cuando vio que nada de todo eso surtía efecto, fue con la demanda. Pero en vez de acudir a un tribunal ordinario, fue a la Bolsa de Comercio, como se había pactado en el contrato original, un camino peculiar, nunca seguido en la Administración Pública.

El contrato con Giménez Lassaga disponía que asesoraría a los equipos técnicos a los que le correspondería intervenir en ambas situaciones creadas. Además, establecía una remuneración a razón de $ 200 la hora (algo así como 67 dólares).

No sólo eso.

La cláusula IV, tercer párrafo del contrato firmado el 26 de setiembre de 2003, dice que en el caso de que se produzcan recuperos de dinero en efectivo, en especie o bajo cualquier modalidad cuantificable económicamente, el Estudio percibirá una suma equivalente al 12% neto del importe correspondiente al monto dinerario, valor de tasación actualizado o estimación del valor que beneficie a la Provincia como consecuencia de la labor encomendada. Dicha suma será abonada al tiempo que la mandante ingrese o disponga el valor correspondiente, debiendo efectuar la liquidación en un lapso no superior a los 30 días de emitida la correspondiente facturación.

El reclamo no funcionó con el caso del Banco de Entre Ríos, que se fundió, y se conformó una nueva empresa, Nuevo Banco de Entre Ríos, de capitales privados. Pero sí prosperaría en el caso de Enersa, compañía vuelta a las manos del Estado. Y por ese caso Giménez Lassaga pretende quedarse con el 12% del patrimonio de la distribuidora estatal, calculado al momento de la transferencia del activo a la Provincia, que al mes de abril de 2005 ascendía a $ 680.000.000. Es decir, la pretensión es de más de $ 81.000.000.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, contestó la demanda ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y descartó que pueda existir algún reclamo que no haya tenido respuesta en la provincia.

En el escrito señala que en la demanda, Giménez Lassaga no ha podido probar que efectivamente brindó servicios a la provincia en los procesos de estatización. “Nada ha probado al respecto. Por eso nos sorprende para mal la absurda y descontrolada pretensión del actor de este proceso, y de sus consultores, que han intentado fijar como base económica para la regulación de honorarios profesionales el patrimonio de Enersa. Se trata, por lo menos, de un dislate”, dice el escrito.

“Insisto en la necesidad de establecer exactamente cuál es el objeto a dirimir en este proceso, porque el actor, si bien en algunos pasajes de la demanda admite que lo que pretende se vincula en definitiva a las prestaciones derivadas de los contratos celebrados el 26 y el 30 de setiembre de 2003, en muchos otros pasajes pretende que el tribunal dicte una sentencia ordenando una reparación económica, incluso por “lucro cesante” y por “daño moral” vinculados a otros casos”, señala Rodríguez Signes en su escrito.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.