El Ministerio Público Fiscal desestimó una denuncia del senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos), quien reprochó la contratación de una persona que pasó por varias funciones por la administración pública pero que prestaría servicios en la faz privada.

El legislador había denunciado el 8 de febrero de este año una situación “por lo menos irregular” en la contratación de Adrián Víctor Hugo Plassy, quien pasó de ser empleado administrativo de la Escuela Secundaria N° 53 San Julián, de la localidad de El pingo, en el departamento Paraná, a prestar servicios en la Junta de Gobierno, a cargo de Diego Luis Plassy, y luego a la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Adrián y Diego son hermanos, según indicó Kisser en su presentación.

En la Justicia entrerriana  ya existe un expediente abierto a cargo del fiscal Ignacio Aramberry, que investiga un presunto ilícito en la construcción y defectos que presenta actualmente la Escuela San Julián, de El Pingo.  Esta causa se abrió a principios de noviembre de 2017, por una denuncia de Kisser, con el patrocinio del abogado Rubén Pagliotto.

La escuela se inauguró el martes 27 de mayo de 2014 con la presencia del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido -hoy detenido en el penal de Ezeiza, sin los fueros de diputado y con una investigación encima por presuntos hechos de corrupción en la contratación de obras en la mina de Río Turbio-, el exgobernador Sergio Urribarri y el presidente de la Junta de Gobierno de El Pingo, Diego Plassy.

Ahora, Kisser buscó que la Justicia también investigue la llamativa contratación de Plassy. Según el senador, el empleado no prestaba servicios en el Estado, sino en la empresa constructora Luis Lossi, como chofer, y que aun así cobra un sueldo que sale de las arcas del Estado.

El senador afirmó que se enteró de la supuesta irregularidad a través de vecinos de la localidad. Mencionó en su presentación que el hombre era empleado administrativo categoría 8 en la escuela; que el 3 de agosto de 2016 pasó como adscripto a la Junta de Gobierno; y que desde el  18 de enero de este año tuvo un nuevo destino: la Cámara Baja provincial. A ese lugar llegó tras la firma de la resolución N° 0068 DGE, rubricada por el diputado peronista Diego Lucio Lara.

En su escrito, Kisssr hizo saber a la Fiscalía que “tenía dudas” con respecto a dónde trabajaba Plassy y que obtuvo información en Internet en donde se desprende que el empleado venía desempeñándose como chofer de Luis Lossi SA.

En otro párrafo, refirió que este contratado es el hermano del presidente de la Junta de Gobierno de El Pingo. “Ahora, no se sabe quién fue el legislador que hizo la gestión para adscribirlo a la Cámara de Diputados de Entre Ríos y mucho menos se conoce las concretas tareas o funciones que cumple allí el denunciado”, planteó el senador opositor.

En ese sentido, señaló que el intendente Diego Plassy respondió que su hermano realiza tareas en la Junta de lunes a viernes de 17 a 21, y los sábados y domingos y feriados, en forma de guardias pasivas.

No conforme con la respuesta, Kisser sostuvo que de lunes a viernes, en la Junta de Gobierno, “no hay ninguna tarea o función a cumplir, máxime en invierno. Pero tampoco hay tareas o funciones para cumplir los sábados, domingos y feriados”.

Finalmente, concluyó que a Adrián Plassy se lo adscribió a la Junta de Gobierno  y luego a la Cámara de Diputados, de forma irreal o ficticia “y sólo para guardar las apariencias y justificar el cobro de un salario por tareas que no hace o funciones que no cumple”.

“En definitiva, el Estado provincial está pagando el sueldo a Adrián Víctor Hugo Plassy, para que pueda seguir prestando servicios en forma privada, es decir, teniendo dos sueldos, uno en la Administración Pública y otro en la empresa privada Luis Lossi SA. Esto es un acto de corrupción por donde se lo mire y atenta grave y flagrantemente, más allá de su aspecto cuantitativo, contra la trasparencia, la ética pública y la correcta administración de los fondos fiscales”, denunció.

Ante esta presentación, la Fiscalía requirió información a la Cámara Baja sobre la adscripción de Plassy y a la empresa constructora, corroborando que trabaja en ambos lugares. Incluso, el diputado Lara hizo saber que Plassy tiene un contrato como adscripto a su despacho desde el 1| de enero hasta diciembre.

Así las cosas, la Fiscalía concluyó que “del análisis efectuado ha quedado demostrado que los hechos denunciados no revisten relevancia penal, en  sentido de configurar una defraudación en perjuicio a la administración pública por incompatibilidad formal o material en el sentido expuesto por el denunciante”.

Tras ellas consideraciones, el 8 de junio la denuncia fue desestimada y el proceso fue enviado al archivo por la fiscal auxiliar Paola Farinó; decisión que fue confirmada el 28 de septiembre último, luego de que la resolución sea revisada por la Fiscalía de Coordinación.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.